El Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles la Policía Militar del Orden PúblicoLa noche del martes en el Congreso saltaron cifras durante una infeliz comparecencia de Arturo Corrales, el súper ministro de seguridad y defensa. Fue una comparecencia para apuntalar la campaña electoral de Juan Orlando Hernández, porque el Ejecutivo dejó la impresión que su propuesta a destiempo de una Policía Comunitaria en cuadrantes es contraria a la Policía Militar del aspirante.
El diálogo entre Corrales y los disputados reveló que en tres años las Fuerzas Armadas aumentaron en 7 mil sus efectivos, por distintas vías y disfraces. Pero que eso no es contradictorio con la Policía Comunitaria, sino más bien complementario.
Y eso es lo que llama poderosamente la atención en un escenario político post golpe, en un ambiente social de cambio, en plena campaña electoral y de empobrecimiento acelerado del Estado.
Las cifras revelan que en el supuesto combate de narcotraficantes y encapuchados como tropas especiales de inteligencia, TIGRES, hay dos mil nuevos soldados de la Patria; como Policías Militares para enfrentar a la ciudadanía, cinco mil; como reservistas con Espíritu de Cuerpo para distorsionar el proceso electoral, otro montón.
Este aumento desproporcionado de efectivos no solamente rompe los acuerdos regionales de balance de fuerzas militares, sino que rompe el Estado de Derecho al disfrazar el aumento de tropas en actividades de seguridad ciudadana.
Además, supone una distorsión presupuestaria pues sólo la Policía Militar cuesta 3, 500 millones de lempiras, que el fisco nacional no tiene en sus arcas.
Es evidente, aunque no parezca, que la nueva hegemonía de estados Unidos sobre Centroamérica pone las fuerzas policiales en el vientre de las Fuerzas Armadas para el control de los enemigos sociales y políticos, enmascarados en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Esta reconversión de las fuerzas represivas está produciendo violaciones a la libertad y a la vida cada vez con más frecuencia en el país.
Igual que en la década de los años 80´s, las Fuerzas Armadas aparecen citadas en los últimos cuadros de violaciones graves a los derechos humanos.
En Lempira son imputados militares por golpizas a operadores de justicia independientes, y desalojos; en Santa Bárbara en ocupación de territorios indígenas y en sociedad con capitales transnacionales mineros e hidroeléctricos.
Entre tanto, en Intibucá aparecen en represión indígena y en La Paz en violencia contra organizaciones campesinas.
Hacia los departamentos de Atlántida y Colón están señalados los militares de acompañar en forma obediente a los empresarios Miguel Facussé, Reynaldo Canales, René Morales y sus descendientes, y en forma hostil contra la ciudadanía que rechaza monocultivos y mineras.
En los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, las Fuerzas Armadas también son parte del problema al coludirse con fuerzas especiales de los Estados Unidos que facilitan el tránsito de drogas y dinero, violando derechos humanos de comunidades indígenas y garífunas.
Definitivamente la sociedad hondureña no tiene un balance positivo de la presencia militar entre la ciudadanía, aunque los apologistas castrenses traten de decir lo contrario.
Las muertes violentas de mujeres y jóvenes, las amenazas e intervenciones electrónicas contra liderazgos sociales y políticos, continúan con la presencia militar visible, ya sea en forma de relámpagos, tundras, martillos, armadillos y xatruches.
Asistimos a un proceso electoral tensado por las amenazas de planes desestabilizadores del propio golpismo que rehúsa entregar el control del país por la vía electoral. Y los militares son parte de esta insalubridad.
Los propios militares son parte de este estrés pre-electoral, porque van dentro de un partido político que compite en la contienda y, al mismo tiempo, van como árbitros de la democracia política y custodios de las urnas. Y responsables del orden público.
Es urgente definir el rol a los militares en una sociedad cambiante, hambrienta de refundación. Enclaustrarlos de nuevo para decirles sus nuevas responsabilidades es una tarea fundamental. No pueden seguir en las calles apuntándole a la ciudadanía, aunque los políticos estúpidos los presionen para hacer ese ridículo.
Si hay o no insurrección después del 24 de noviembre no es tema de los batallones, ese es un asunto de la sociedad hondureña que sabrá decidir cómo enfrentar a los violentos de noviembre, que son los mismos violentos de junio 2009.
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Creación de policía militar causa preocupación en Honduras
AFP / Tiempo.hn
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos
en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, manifestó a la AFP que la
aprobación del decreto "provoca preocupación y tristeza y más tristeza
porque marca un retroceso en la desmilitarización de la sociedad y en la
democratización del país".
"El estado de derecho no se puede imponer con la militarización de la
sociedad. Los militares que han salido a la calle lo que han dejado son
más muertos, muerte y luto, porque no están preparados para ser garantes
de la seguridad", añadió Oliva.
El Congreso hondureño --integrado por 128 diputados de cinco partidos--
aprobó este jueves, en tercero y último debate, la creación de la
Policía Militar de Orden Público, como parte de una serie de medidas
para combatir la criminalidad que llevó al país al récord mundial en
homicidios.
Omar Rivera, dirigente la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), un
frente de organizaciones de la sociedad civil, afirmó a la AFP que "en
ninguna parte del mundo los militares han resuelto los problemas de
seguridad".
"La solución del problema de la violencia y la delincuencia pasa por un
plan integral en el que se involucren la policía, la fiscalía, el poder
Judicial, todos los operadores de justicia y que se combata la
impunidad", subrayó.
Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos
Humanos en Honduras (Codeh) y candidato presidencial de una coalición de
izquierda, aseguró que la decisión de crear una policía militar es
porque "el Estado ha perdido el control en espacios ante el crimen común
y organizado y tiene que recuperar esos espacios".
El decreto que da vida al nuevo organismo afirma que "la crisis que
actualmente vive el país pone de manifiesto la necesidad de la creación
de una unidad militar especializada en el combate frontal del crimen".
Honduras, azotada por el narcotráfico y las pandillas --que obran como
fuerzas de choque del crimen organizado-- tiene la mayor tasa de
homicidios del mundo, con 85,5 asesinatos anuales cada 100.000
habitantes al cierre de 2012, según datos de la ONU.
Sin embargo, los problemas presupuestarios del país llevaron al
Congreso a reducir a una quinta parte la futura policía militar que
dispondrá de un millar de efectivos en vez de los cinco mil solicitados
originalmente.
El mismo decreto autoriza a las Fuerzas Armadas a aumentar el número de
efectivos hasta 5.000, según convenga "a la defensa de la soberanía
nacional, la protección de la ciudadanía, el ambiente, las fronteras y
el mar territorial".
Actualmente, las Fuerzas Armadas de Honduras están compuestas por unos
12.500 efectivos en tres ramas: ejército, naval y fuerza aérea, mientras
la composición de la Policía ha generado una controversia porque tiene
en planillas unos 14.000 agentes pero en las comisarías sólo se
registran activos 9.500.
En la década de 1980, escuadrones de la muerte que operaban dentro de
la Policía y las Fuerzas Armadas, desaparecieron a 184 opositores
políticos, en el marco de la doctrina de seguridad impulsada por Estados
Unidos para la región en aquella época.
Esta experiencia motivó el proceso de desmilitarización de la Policía
que inició en la década de 1990, bajo fuerte presión de organismos de la
sociedad civil como Cofadeh.
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