Ante las medidas
tomadas por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo luego de la comparecencia
en el hemiciclo legislativo de las máximas autoridades de las instituciones
encargadas de la seguridad y la justicia en el país, a saber: el Secretario de
Seguridad, el Jefe de la Policía Nacional, el Fiscal General de la República y
el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y también el Director General de
Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, las organizaciones que
suscribimos este documento, agrupadas en la Coalición contra la Impunidad, nos
pronunciamos de la siguiente manera:
1. Estas comparecencias evidenciaron claramente la ineficacia absoluta
de todas estas instituciones y la incapacidad de los funcionarios que se
encuentran dirigiendo las mismas, lo cual genera altos índices de impunidad que
propician la repetición de los hechos ilícitos puesto que no encuentran
sanción, lo que atenta contra la
justicia, la verdad, la equidad, el Estado de Derecho, contra la democracia y,
en especial, contra los derechos de todas y todos los que somos parte de la
sociedad hondureña.
2. Esta ineficacia e incapacidad ha sido generada, como lo hemos
denunciado en reiteradas oportunidades, por la falta de autonomía, objetividad,
independencia e imparcialidad de estas instituciones, provocada por el control
político partidario que se ejerce sobre las mismas a través del Congreso
Nacional que al nombrar a los altos funcionarios del sistema de justicia lo
hace por un reparto de cuotas sin tomar en consideración la capacidad e
idoneidad de los(as) candidatos(as). Igualmente los nombramientos realizados
por el Poder Ejecutivo no obedecen a criterios de capacidad sino de afinidad
política o personal aunque se trate de instituciones que deben ser
profesionales y apolíticas como es el caso de la Policía Nacional.
3. No obstante lo anterior, hemos seguido con mucha expectación todo
este proceso de cambios que se inició a partir de las interpelaciones hechas
por el Congreso Nacional, que a nuestro juicio, de ser orientadas de manera
correcta, pueden abrir la posibilidad para la toma de decisiones que redunden
en la transformación y el fortalecimiento de las instituciones del sistema de
justicia y por ende, en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la
población, que es lo que todos y todas necesitamos.
4. En cuanto a la remoción del actual Secretario de Seguridad y su
sustitución por el señor Corrales Álvarez, nos preocupa que su nombramiento sea
como Comisionado de Defensa y Seguridad, pues ello implica el retorno a la
militarización de la policía, lo que vemos agravado con el reciente
nombramiento de militares retirados como viceministros en esa Secretaría.
5. Estimamos que el proceso de depuración policial necesita cambios
profundos y urgentes que incluyan a los altos mandos de la Policía Nacional y
que no se limiten al nuevo nombramiento o traslado de personas en los
diferentes cargos sino que se elabore una verdadera política de seguridad
consensuada y participativa. Por ello en este momento, si se pretende impulsar
este proceso, es urgente la remoción del titular y adjunto de la Dirección
General de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DGIECP) y el
nombramiento de personas capaces e independientes que vengan a impulsar la
verdadera depuración que se necesita en la Policía Nacional. En tal sentido,
nos preocupa las dilaciones que desde el CONASIN se han implementado en
relación a la destitución de los actuales titulares de esta Dirección, que
parecen evidenciar negociaciones políticas inapropiadas.
6. Hace cinco años, con motivo de la Huelga de Hambre de los Fiscales, durante
38 días, se solicitó la reorganización y adecentamiento del Ministerio Público,
para lo cual se propuso, con el apoyo de amplios sectores de la población, la
suspensión del Fiscal General y su adjunto y el nombramiento de una Comisión
Interventora. Seguramente si en ese momento estas propuestas hubieran sido
escuchadas no tendríamos los niveles de politización, corrupción e impunidad
que ahora enfrenta el Ministerio Público y la Policía Nacional.
7. Confiamos que las personas que integran la Comisión Interventora
sean conscientes de su responsabilidad histórica y sepan hacer frente a la
tarea encomendada. El artículo 4 del Decreto de Intervención les otorga
funciones y atribuciones suficientes para depurar y reorientar a dicha
institución. Hacemos énfasis especial en que uno de los aspectos más
importantes es el de establecer procesos de selección y nombramiento mediante
los cuales se escoja a los funcionarios por su capacidad y honestidad y no por
recomendaciones político-partidarias.
8. Estimamos que es de vital importancia el acompañamiento
internacional que esta Comisión Interventora pueda tener, el que, sin importar
mecánicamente modelos de otros países, puede tomar como referencia la
experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala
(CICIG). Estamos convencidos de que es necesaria una mayor presencia de Naciones
Unidas ya sea de esta forma o estableciendo una oficina de la Alta Comisionada
en nuestro país, que establezca vínculos cercanos y de participación
10. Vemos con particular preocupación que no se haya tomado ninguna
medida importante para la depuración y reestructuración del Poder Judicial que es
una institución que presenta altos niveles de corrupción, de falta de capacidad
profesional y de independencia en sus resoluciones, lo cual se constituye en un
grave impedimento para el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad.
10. Para el adecentamiento y reestructuración del Poder Judicial
proponemos, entre otras cosas, que se inicie en el corto plazo un proceso de
reformas mediante la aplicación de la Ley del Consejo de la Judicatura. Para
tal efecto planteamos que se reforme esta ley para que el Consejo de la
Judicatura, como órgano de gobierno administrativo, no esté presidido por el
presidente de la CSJ sino que sea un órgano autónomo e independiente que esté
integrado por jueces y juezas, por académicos y por integrantes de sociedad
civil, para que el mismo tenga un carácter pluralista.
11. En tanto no se realice la elección e integración del Consejo de la
Judicatura pedimos que el Congreso Nacional derogue la disposición transitoria
que le otorga facultades extraordinarias y exclusivas al Presidente de la CSJ
para seleccionar, nombrar y destituir a jueces y magistrados.
12. Consideramos urgente iniciar un proceso de debate que lleve a una reforma constitucional para que los
magistrados y magistradas de la CSJ no sean nombrados por el Congreso Nacional,
pues ésta es la causa de la politización partidaria en ese Alto Tribunal. Los
magistrados y magistradas de la CSJ deben formar parte de la carrera judicial y
acceder a ese cargo por su antigüedad y méritos en el ejercicio de la
jurisdicción.
113. En cuanto a las funciones o
atribuciones encomendadas a la Comisión Interventora en el Ministerio Público,
como Coalición
contra la Impunidad, planteamos a la
Comisión Interventora, nuestras expectativas respecto a su gestión, las
que se resumen de la manera siguiente: a) Un diagnóstico concluyente sobre las
debilidades y necesidades en el Ministerio Público; b) Realizar una evaluación
del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias del MP y de conformidad
a la misma, decidir sobre la permanencia, suspensión o cancelación de los
evaluados; c) Proponer un esquema funcional de organización y funcionamiento de
la Dirección de Fiscales, las Fiscalías Especiales y Regionales del MP y,
conforme al mismo, reorganizar estas dependencias; d) Realizar y divulgar una auditoria de los
expedientes en trámite o pendientes de requerimiento en el MP, con énfasis en
aquellos que se relacionan con delitos de corrupción y violación de derechos
humanos; y, f) Establecer un mecanismo de rendición de cuentas de todos los
. 14. Estamos a menos de un año para la elección de un nuevo Fiscal
General y su adjunto por lo que creemos que es necesario iniciar un proceso de
debate y propuestas para que dicha elección no se realice nuevamente desde el
Congreso Nacional bajo criterios político-partidarios. Deben establecerse los
requisitos para el cargo más allá de los mínimos establecidos en la ley, los
perfiles profesionales y éticos, los procedimientos de evaluación, los
mecanismos de transparencia, objetividad e imparcialidad y proponemos, además,
la conformación de una comisión de monitoreo de ese proceso con acompañamiento
internacional.
15. Estimamos que estos esfuerzos deben ser complementarios con los que
ha realizado la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública y que las reformas
constituciones y legales que dicha Comisión ha planteado deben ser socializadas
ampliamente con la población y tomadas en consideración para lograr un
verdadero proceso de depuración de las instituciones del sector justicia.
La seguridad ciudadana es un anhelo muy
sentido de todos y todas nosotras, sin embargo, es importante recordar que las
medidas autoritarias o de tipo policial, muchas veces restringen nuestros
derechos y no nos proporcionan esa anhelada seguridad.
Asimismo, es importante que no se olvide
que además de la persecución penal de la delincuencia común y organizada, la
sociedad hondureña está a la espera del juzgamiento y sanción de los
responsables del golpe de Estado y de las violaciones de los derechos humanos
cometidas como consecuencia del mismo. Solamente la verdad y la reparación nos
pueden traer reconciliación y una paz duradera.
Para finalizar
deseamos expresar nuestro reconocimiento a los esfuerzos realizados desde
diferentes sectores de sociedad civil con el propósito de impulsar cambios que
produzcan el fortalecimiento institucional que demanda la ciudadanía. Con el
mismo propósito nos constituimos como un espacio en el que confluimos
diferentes organizaciones que pretendemos dar un apoyo y seguimiento crítico a
este proceso, planteando propuestas complementarias con un objetivo común:
mayor seguridad ciudadana, lucha contra la impunidad y contra la corrupción
pública y mejor acceso a la justicia.
Tegucigalpa
- San Pedro Sula, 3 de mayo de 2013
Coalición contra la Impunidad
Conformada por las siguientes organizaciones:
Asociación de
Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación
Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH)
Asociación por
una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA)
C-Libre
Centro de
Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de
Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH)
Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Comunidad Gay
Sampedrana
Convergencia por
los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
Equipo de
Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Feministas
Universitarias
Foro de Mujeres
por la Vida
Foro Social de
la Deuda Externa (FOSDEH)
Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia
Movimiento de
Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”
Red Nacional de
Defensoras
Tribuna de
Mujeres contra los Femicidios
Facebook: movimientoporladignidad@gmail.com
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