08:41 pm - Redacción: redaccion@laprensa.hn
La directora de fiscales dice que están a la espera de la resolución de la Corte sobre los recursos contra el proyecto.
Construcción de ciudades modelo en Honduras
La Fiscalía General de la República está a la espera de la resolución que emita la Corte Suprema de Justicia respecto a los recursos de inconstitucionalidad
sobre las ciudades modelos.
Recientemente fueron denunciados ante el Ministerio Público los diputados del Congreso Nacional por el delito de traición a la patria y abuso de autoridad, al aprobar el decreto que autoriza la construcción de las Regiones Especiales de Desarrollo, más conocidas como ciudades modelos.
El abogado Antonio Trejo Cabrera dijo que la denuncia criminal “es por el delito de traición a la patria y abuso de autoridad contra todo aquel diputado y diputada que votó a favor de la aprobación del decreto que da vida a las ciudades modelos ”.
Danelia Ferrera, directora de fiscales del Ministerio Público, reiteró que esa institución considera que el proyecto de las RED (Regiones Especiales de Desarrollo) conocido como ciudades modelos, es inconstitucional; no obstante, esperarán la resolución que emita la CSJ (Corte Suprema de Justicia).
El Ministerio Público se ha pronunciado en relación con las ciudades modelos y considera que el proyecto es inconstitucional; pero esperará la resolución de la CSJ para proceder, en caso que el Congreso determine que las RED deberán de funcionar en el país.
Ferrera explicó que se presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Ministerio Público, se le dio el traslado, para que se emita su dictamen. La Fiscalía emitió el correspondiente dictamen argumentando y haciendo su propio estudio en relación con el decreto y exponiendo también de acuerdo con la inconstitucionalidad del mismo, precisó.
Aclaró que ese dictamen del Ministerio Público no es vinculante en relación con la resolución que emitirá el Poder Judicial, simplemente sirve de ilustración y la CSJ sabrá luego del estudio que haga, del recurso del dictamen de la Fiscalía si se declara inconstitucional el decreto que crea las RED.
Reiteró que la CSJ tiene que hacer el estudio y emitir su resolución. “El término que establece la ley es de 20 días después del dictamen, pero no es absolutamente común que la corte se apegue exactamente a los términos, me imagino que por la cantidad de casos”, acotó.
Explicó que “no tiene que emitir la resolución la CSJ para que nosotros expongamos si hay o no la constitución de algún delito, si se da algún delito o no, hay recursos que las partes pueden hacer, o los afectados pueden invocar y es importante que se agoten, mientras la Corte no defina la inconstitucionalidad o no del decreto, la Fiscalía tendrá que esperar”.
http://laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/Danelia-Ferrera-Decreto-de-ciudades-modelos-es-inconstitucional#.UFZxTtdnDQY
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Recientemente fueron denunciados ante el Ministerio Público los diputados del Congreso Nacional por el delito de traición a la patria y abuso de autoridad, al aprobar el decreto que autoriza la construcción de las Regiones Especiales de Desarrollo, más conocidas como ciudades modelos.
El abogado Antonio Trejo Cabrera dijo que la denuncia criminal “es por el delito de traición a la patria y abuso de autoridad contra todo aquel diputado y diputada que votó a favor de la aprobación del decreto que da vida a las ciudades modelos ”.
Danelia Ferrera, directora de fiscales del Ministerio Público, reiteró que esa institución considera que el proyecto de las RED (Regiones Especiales de Desarrollo) conocido como ciudades modelos, es inconstitucional; no obstante, esperarán la resolución que emita la CSJ (Corte Suprema de Justicia).
El Ministerio Público se ha pronunciado en relación con las ciudades modelos y considera que el proyecto es inconstitucional; pero esperará la resolución de la CSJ para proceder, en caso que el Congreso determine que las RED deberán de funcionar en el país.
Ferrera explicó que se presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Ministerio Público, se le dio el traslado, para que se emita su dictamen. La Fiscalía emitió el correspondiente dictamen argumentando y haciendo su propio estudio en relación con el decreto y exponiendo también de acuerdo con la inconstitucionalidad del mismo, precisó.
Aclaró que ese dictamen del Ministerio Público no es vinculante en relación con la resolución que emitirá el Poder Judicial, simplemente sirve de ilustración y la CSJ sabrá luego del estudio que haga, del recurso del dictamen de la Fiscalía si se declara inconstitucional el decreto que crea las RED.
Reiteró que la CSJ tiene que hacer el estudio y emitir su resolución. “El término que establece la ley es de 20 días después del dictamen, pero no es absolutamente común que la corte se apegue exactamente a los términos, me imagino que por la cantidad de casos”, acotó.
Explicó que “no tiene que emitir la resolución la CSJ para que nosotros expongamos si hay o no la constitución de algún delito, si se da algún delito o no, hay recursos que las partes pueden hacer, o los afectados pueden invocar y es importante que se agoten, mientras la Corte no defina la inconstitucionalidad o no del decreto, la Fiscalía tendrá que esperar”.
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La historia mordiéndose la cola
En Honduras se podrán probar las “charter cities” por primera vez
SERGIO RAMÍREZ ESCRITOR 12:00 A.M. 15/09/2012
En
Honduras se creará una “ciudad modelo” bajo un estatuto especial, tanto
legal como económico, lo que ha levantado una intensa polémica cuyo eje
principal es el asunto de la soberanía nacional. La noticia me ha
llamado, por supuesto, la atención. Y mi primera pregunta ha sido: ¿De
dónde viene todo esto? La clave me la dio la presencia del economista
Paul Romer, profesor de la Universidad de Nueva York, sentado al lado
del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, al hacerse
el anuncio oficial en Tegucigalpa.
Romer
no es un mero asesor del proyecto. Es el ideólogo global de las
“charter
cities”, término que en español puede tener diversas interpretaciones:
ciudades bajo fuero especial, o ciudades alquiladas. Y por lo que se ve,
ahora que Honduras le ha abierto las puertas al plan, pues la
Constitución Política fue reformada en 2011 para hacerlo posible, será
en Centroamérica donde Romer podrá probarlo por primera vez. La clave
está en sustraer porciones de territorios nacionales deshabitados, para
crear estas ciudades donde sus habitantes vivirán prósperos y felices.
La clave del enclave.
En
uno de los videos en que promueve su cruzada, Romer comienza utilizando
la imagen de un grupo de muchachos africanos que se ven obligados a
estudiar sus tareas en plena calle, bajo las luminarias del alumbrado
público, porque en su casa no tienen luz eléctrica. Y elige como ejemplo
a uno de ellos, Nelson.
Seguramente, aún siendo tan pobre, tiene un teléfono celular, dice;
pero eso no es suficiente.
¿Qué
pasaría si Nelson viviera en una ciudad donde la energía eléctrica
fuera barata, y pudiera estudiar en una buena universidad? ¿Una ciudad
donde todo el mundo gozara de empleos bien remunerados, y no tuviera que
preocuparse de la violencia callejera, ni del crimen, ni de la
ineficiencia del estado, regido por leyes obsoletas? Y todo eso, sin
tener que emigrar. Ese milagro ocurriría dentro de las propias fronteras
del país miserable y atrasado de Nelson. Basta segregar una porción del
territorio.
Nelson
vive en un país fallido, que no es capaz de hacer posible el
desarrollo. El Estado no puede garantizar a sus
ciudadanos una vida pacífica y segura, su burocracia engorrosa ahuyenta
las inversiones, y por todos lados campea la corrupción. Hay que librar
al desarrollo económico de estas amarras. En la ciudad modelo, libre de
los males endémicos del subdesarrollo, reinará el buen gobierno. Una
ciudad exitosa, por fin, en un país fracasado.
Entonces,
la fórmula es sencilla: estos países prestan, o alquilan, o ceden, un
pedazo de su territorio, y allí se organiza esta nueva Ciudad del Sol.
El país en cuestión puede participar, claro, y su primer aporte es el
suelo. Pero necesita de socios, socios poderosos que pueden ser otros
países, o empresas transnacionales, capaces de invertir, levantar las
fábricas y edificios, construir las redes ferroviarias y de carreteras,
los hospitales, universidades, escuelas, parques. Pero deben hacerlo
bajo leyes propias.
¿Quién
gobernará esta ciudad modelo? Sus ciudadanos, los que han decidido
libremente trasladarse a vivir allí, nacionales o extranjeros. Se darán
su propio estatuto, elegirán a sus autoridades civiles, organizarán su
propio sistema judicial y su propia policía, otorgarán las licencias de
operación a las empresas industriales y a los bancos, decretarán su
propio régimen fiscal, y controlarán las telecomunicaciones. La polis y el demos,
por fin, en feliz armonía. Por supuesto que los inversionistas,
ejecutivos de empresas, técnicos extranjeros, también serán parte de
esta ciudadanía ejemplar, con derecho a voto. En el caso de Honduras, el
Estado se reservará, según se escucha, la defensa militar,
las relaciones exteriores, y la emisión de pasaportes.
Frente
a los ataques contra la creación de la nueva ciudad, el presidente
Porfirio Lobo alega que la soberanía está a salvo, y que lo único que
habrá son reglas especiales. Aquellos que escojan vivir allí podrán
hacerlo con dignidad, sin las amenazas de la delincuencia, o sea, sin
maras ni carteles de narcotraficantes, llenos de confianza, amparados
por la seguridad jurídica, con trabajos garantizados y excelentes
niveles de educación y salud. Es decir, lo que no puede ser posible en
todo el territorio nacional, se podrá conseguir como por encanto en el
enclave modelo.
Supongo
que de ser así, los 33 kilómetros cuadrados que el presidente Lobo
afirma
tendrá esta primera ciudad, para cuya construcción Corea del Sur ya ha
hecho su primer aporte de socio potencial, no serían suficientes para
albergar a los miles que querrán irse a vivir allí, un rápido viaje del
infierno al cielo.
En
sus explicaciones acerca de la filosofía de sus “charter cities”, Romer
se hace él mismo la pregunta: “¿Es esto colonialismo?”. Y se responde
que no, porque en este caso no será la voluntad omnímoda de un estado
extranjero la que determinará todo, sino que los ciudadanos del enclave
tomarán las decisiones de manera democrática. Nada menos que el ágora
entre rascacielos y trenes de alta velocidad, en medio de la selva.
El
relator para la Libertad de Expresión de
las Naciones Unidas, Frank la Rue, tras visitar Honduras en agosto de
este mismo año, consignó en su informe que el proyecto de Romer es “una
violación a la soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción
de los derechos humanos que tiene el Estado con la población en su
territorio”.
La historia mordiéndose la cola.
Medellín, septiembre 2012
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