Momentos
en que Wilfredo Yánez, padre del extinto Ebed Haziel Yánez Cáceres,
daba a conocer detalles sobre lo que sabe de la muerte de su hijo.
Fuente: Tiempo.hn
TEGUCIGALPA.- La
Sala de lo Constitucional admitió el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto contra el decreto legislativo que le da facultades
policiales a las Fuerzas Armadas, lo cual significa que los magistrados
se pronunciarán en los próximos días.
La
acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por el abogado Darlan
Matute, actuando como apoderado legal de Wilfredo Yánez, padre del joven
Ebed Haziel Yánez Cáceres, ultimado a balazos en un retén militar
ubicado en la salida de la carretera a oriente, a la altura del desvío
de colonia Los Pinos.
El
suceso ocurrió la madrugada del 27 de mayo cuando militares dispararon
contra el joven que se conducía en una motocicleta hacia su casa de la
aldea Villa Vieja. El recurso fue presentado con el acompañamiento del
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH).
En
el escrito se pide derogar el decreto legislativo que faculta a los
militares realizar allanamientos, registros en retenes, capturas,
decomisos y otros.
FACULTADES
“El
Congreso Nacional no tiene facultades para interpretar la Constitución,
según una sentencia emitida por unanimidad de votos de la Corte Suprema
de Justicia de 2003”, señala el escrito.
Se
indica que los militares están preparados para la guerra y no para
prevenir los delitos, cuidar las personas y los bienes. La muerte del
joven confirma que los militares no están preparados para realizar
labores policiales, según el escrito.
En
ese sentido, el abogado Matute
informó a TIEMPO que la Sala de lo Constitucional admitió el recurso de
inconstitucionalidad al estimar que los militares no están formados
para ejercer labores policiales.
“Los
magistrados no pueden darse con la piedra en los dientes, pues ya
resolvieron que el Congreso Nacional no tiene facultades para
interpretar la Constitución”, destacó. Matute dijo que ellos esperan que
la Sala de lo Constitucional derogue el decreto que otorga esas
facultades a los militares.
Tres
de los militares acusados por el crimen del menor de edad fueron
presentados a los tribunales y están bajo detención preventiva y con
medidas cautelares.
OFICIO
Matute
expuso que este recurso debieron interponerlo de oficio el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos o la Fiscalía de la Constitución, por
lo que los funcionarios de estas dependencias incurren en el delito de
incumplimiento de sus deberes.
ACUSADOS
Los
acusados en este caso son el sargento Eleazar Abimael Rodríguez
Martínez; el subteniente Josué Antonio Sierra; y el cabo Felipe de Jesús
Rodríguez Hernández.
No hay comentarios :
Publicar un comentario