Tegucigalpa.28 de Julio 2012
por Dina meza
Como si se tratara de una guerra un fuerte contingente militar policial llegó a la Cooperativa San Isidro, en El Aguán, a ejecutar una orden de desalojo, a la cabeza de Danilo Riera Aguilar, guardia de seguridad del terrateniente Miguel Facussé, quien fue nombrado por el Juez Luís Saúl Paz Bardales, de Tocoa, Colón, como Juez Ejecutor, este miércoles 18 de julio.
La orden de desalojo estaba acompañada de más de 300 policías, decenas de militares, patrullas policiales, comandos militares y carros portando armas M-60, con el objetivo de amedrentar al Movimiento Campesino de la zona que de inmediato se desplazó para acompañar a la Cooperativa San Isidro en este nuevo acto de represión legal y de la seguridad del Estado al servicio de los terratenientes.
El 29 de junio, fuerzas de seguridad pública, en cumplimiento de sentencias dictadas por los tribunales de Trujillo y Tocoa, procedieron al desalojo de guardias de seguridad de los empresarios de Miguel Facussé y René Morales de las fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, del MARCA.
La esperanza resurgió en los rostros de quienes ejercen su derecho a la tierra, pero la alegría duró pocos días, pues una Corte de Apelaciones echó para atrás la decisión del Juzgado y le dio la razón a los terratenientes.
En aquella oportunidad solamente llegaron dos patrullas policiales, nada comparado con la fuerza de seguridad desplazada este día.
Fue una trampa cazabobos
Para Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras , COFADEH, la acción del 29 de junio cuando el juzgado ordenó el desalojo de los guardias de los terratenientes Facussé y Morales, solamente fue una trampa cazabobos.
“El objetivo fue el de hacer creer a la comunidad internacional que los guardias de seguridad de Facussé eran personas que acatan la ley y obedientes a una orden de un juzgado y hoy se trata de hacer ver a los campesinos como irrespetuosos de esa ley . Pero la justicia está de parte de un lado, de Facussé, entonces de qué justicia hablamos”, dijo la defensora de los derechos humanos.
Heriberto Alemán, Coordinador del Observatorio Internacional de Derechos Humanos del Aguán en conferencia de prensa citó que la situación de violencia contra el Movimiento Campesino del Aguán, se ha agudizado, esto como consecuencia de un fallo favorable emitido por el Juzgado de Letras de los Civil de Francisco Morazán, donde da la posesión legal de las tierras a las cooperativas La Trinidad, Despertar y San Isidro, las que habían demandado desde hacía 16 años que se aplicara la justicia pronta, en tierras que el terrateniente Miguel Facussé había estado usurpando desde 1993.
Preparaban un escenario de sangre
Según información proporcionada a defensoresenlinea.com llamó mucho la atención que este gran contingente se haya hecho acompañar de ambulancias de la Cruz Roja Hondureña y que militares hayan llegado al Hospital público de Tocoa, aparentemente a manifestarle a los médicos que sacaran a los pacientes menos graves, se preguntaron ¿con qué objetivo? Y por qué en esta situación.
Todo el desplazamiento duró varias horas hasta entrada la tarde de este día, pero la presencia de representantes de MUCA, MARCA , COPA y del Observatorio de Derechos Humanos, que manifestaron a un oficial de la policía a cargo del desalojo que Facussé no podía ser Juez y parte, es que se suspendió el desalojo, pero no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar en las próximas horas.
Hace una semana el Observatorio Internacional de Derechos Humanos del Aguán demandó por esta razón la desmilitarización del Aguán para evitar más derramamientos de sangre, tal es el último crimen contra Gregorio Chávez, un campesino independiente que desapareció y posteriormente fue encontrado ejecutado enterrado en la Finca Paso Aguán del terrateniente Miguel Facussé.
Aunque ha habido una aparente retirada de todo el arsenal bélico y personal de seguridad del Estado, se teme que se tome una nueva estrategia para dejar fuera de sus tierras a quienes son propietarios y propietarias legítimas, que buscan justicia desde hace unos 16 años.
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Bajo Aguán: Centenares de campesinos organizados frustran desalojo
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| FIAN Honduras (Archivo) |
Juez no pudo ejecutar resolución amañada que revierte la histórica sentencia a favor del Marca
Centenares de campesinos pertenecientes al Marca (Movimiento
auténtico reivindicador campesino del Aguán) y a las demás
organizaciones del Bajo Aguán se hicieron presentes este miercoles
(18/7) en la entrada de la finca San Isidro, sector de Sinaloa, y
lograron frustrar el desalojo ordenado en los días pasados por la Corte
de Apelaciones de Francisco Morazán y de La Ceiba.
El
pasado 29 de junio, el Juzgado de Letras de Tegucigalpa ejecutó las
sentencias dictadas a favor de cientos de familias que integran el Marca,
restituyéndoles el derecho de propiedad sobre tres fincas (San Isidro,
La Trinidad y El Despertar) que venían reclamando desde hace 18 años, y
que aparentemente fueron adquiridas de forma ilegal por los
terratenientes y productores palmeros Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo.
Pese a tratarse de sentencias firmes y ejecutoriadas, contra las cuales no cabe recurso alguno, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y la de La Ceiba emitieron una resolución con la que admitieron un recurso de amparo presentado por los terratenientes y suspendieron los efectos de las sentencias, abriendo paso a nuevos desalojos contra las familias campesinas.
Según el Marca y su apoderado legal, el abogado Antonio Trejo, la decisión de los jueces de revertir las sentencias respondería a un tráfico de influencias y a las fuertes presiones ejercidas por los terratenientes, violentando también varios artículos de la Ley sobre justicia constitucional.
"Llegaron unos 300 entre efectivos del ejército y de la policía pero no pudieron realizar el desalojo. Había mucha gente del Marca y de las demás organizaciones campesinas y populares del sector y los ánimos estaban bien enardecidos. No iban a permitir que se volviera a violentar el derecho que las familias campesinas tienen sobre estas tierras. Finalmente los efectivos tuvieron que retirarse, aunque esto no quiere decir que mañana no vuelvan a intentarlo aquí y en las otras dos fincas", dijo Vitalino Álvarez, vocero del Muca (Movimiento unificado campesino del Aguán).
En declaraciones a medios locales, el comisionado general de la Policía, Kenneth Sabillón, dijo que las partes en conflicto tienen que sentarse a dialogar, porque "no es posible que un día nos digan que hay que desalojar a los guardias (de seguridad de los terratenientes) y el siguiente día nos digan que hay que desalojar a los campesinos".
Mario Matute, secretario general de la cooperativa San Isidro, manifestó que tienen toda la documentación y las sentencias que los posesiona de las tierras. "Hemos demostrado en los tribunales que tenemos la razón y hoy nos plantamos frente a la entrada de la finca con nuestras familias, nuestros hijos. De aquí no nos vamos a mover. Vamos a defender nuestras tierras y nuestros derechos aunque nos toque morir por ellos", aseveró.
Pese a tratarse de sentencias firmes y ejecutoriadas, contra las cuales no cabe recurso alguno, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y la de La Ceiba emitieron una resolución con la que admitieron un recurso de amparo presentado por los terratenientes y suspendieron los efectos de las sentencias, abriendo paso a nuevos desalojos contra las familias campesinas.
Según el Marca y su apoderado legal, el abogado Antonio Trejo, la decisión de los jueces de revertir las sentencias respondería a un tráfico de influencias y a las fuertes presiones ejercidas por los terratenientes, violentando también varios artículos de la Ley sobre justicia constitucional.
"Llegaron unos 300 entre efectivos del ejército y de la policía pero no pudieron realizar el desalojo. Había mucha gente del Marca y de las demás organizaciones campesinas y populares del sector y los ánimos estaban bien enardecidos. No iban a permitir que se volviera a violentar el derecho que las familias campesinas tienen sobre estas tierras. Finalmente los efectivos tuvieron que retirarse, aunque esto no quiere decir que mañana no vuelvan a intentarlo aquí y en las otras dos fincas", dijo Vitalino Álvarez, vocero del Muca (Movimiento unificado campesino del Aguán).
En declaraciones a medios locales, el comisionado general de la Policía, Kenneth Sabillón, dijo que las partes en conflicto tienen que sentarse a dialogar, porque "no es posible que un día nos digan que hay que desalojar a los guardias (de seguridad de los terratenientes) y el siguiente día nos digan que hay que desalojar a los campesinos".
Mario Matute, secretario general de la cooperativa San Isidro, manifestó que tienen toda la documentación y las sentencias que los posesiona de las tierras. "Hemos demostrado en los tribunales que tenemos la razón y hoy nos plantamos frente a la entrada de la finca con nuestras familias, nuestros hijos. De aquí no nos vamos a mover. Vamos a defender nuestras tierras y nuestros derechos aunque nos toque morir por ellos", aseveró.
Para Yoni Rivas, secretario general del Muca,
lo que está ocurriendo en el Bajo Aguán es muy preocupante. "Un nuevo
desalojo podría generar un desenlace fatal, debido a que los campesinos y
campesinas del Marca están dispuestos a defender la tierra hasta con su propia vida.
Pese
a la violencia y a la represión, en el Bajo Aguán hay un despertar de
las comunidades, las cuales ya no están dispuestas a aguantar más
represión. Si las desalojan de sus tierras no cabe la menor duda de que
van a recuperarlas nuevamente", concluyó.
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