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Honduras admite responsabilidad en la masacre de 107 privados de libertad ocurrida en SPS
El Estado de Honduras reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad en el incendio que se produjo en el año 2004 en el presidio de San Pedro Sula y en el que murieron asfixiados y calcinados 107 privados de libertad. La denuncia por la muerte violenta de los internos fue interpuesta por la organización católica Caritas de Honduras y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús que actuaron como peticionarias ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En octubre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Honduras era responsable internacionalmente por dichas muertes y planteó una serie de recomendaciones que el estado de Honduras no cumplió.
En vista de ello, el caso fue trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el 27 de enero de este año citó a funcionarios hondureños y a las organizaciones peticionarias en el que se logró “solución amistosa” en el caso.
La solución amistosa entre las partes, implica en primer lugar que el estado de Honduras acepta su responsabilidad internacionalmente por la muerte de 107 privados de libertad, ya que tiene una obligación especial con las personas que están bajo su jurisdicción en los centros penales.
En el marco de los acuerdos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptará una resolución que tendrá impacto no solo en Honduras, sino también en todos los países de América Latina que enfrentan problemas en sus sistemas penitenciarios.
Juces de la CIDHAsimismo el estado de Honduras está comprometido a nombrar un fiscal ad hoc para que se encargue de la investigación de los hechos. También el estado deberá elaborar un manual del manejo de los centros penitenciarios que tienen que ver con la forma en que el estado va a tratar a los privados de libertad, es decir deberá hacer protocolos efectivos para enfrentar incendios u otras emergencias que se produzcan en los centros penales y en general para mejorar las condiciones carcelarias del país.
Honduras se comprometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizar reformas legislativas encaminadas a la revisión y derogación del artículo332 denominada Ley Antimaras y a la adopción de una ley penitenciaria.
El estado incorporará a los policías penitenciarios dentro de los procesos de depuración que actualmente realiza. Otro aspecto es el que tiene que ver con la construcción de una Penitenciaría Nacional en San Pedro Sula, así como reformar estructuralmente 9 centros penales del país, que en año 2010 el Gobierno en consejo de ministros, declaró en emergencia.
Por último, pero no menos importante, el presidente Porfirio Lobo Sosa tiene que pedir perdón a los familiares de las víctimas y deberá crear un mecanismo de compensación del daño patrimonial y moral causado por las muertes violentas.
Para las familias que perdieron a sus parientes es muy importante que el presidente reconozca públicamente que el estado tuvo la responsabilidad de lo sucedido en el presidio de San Pedro Sula.
El pasado 14 de febrero de 2012 otro incendio mató a 361 privados de libertad en la Granja Penal de Comayagua, la mayoría de las víctimas murieron calcinadas, las circunstancias aún no han sido esclarecidas y los procesos de identificación de los cadáveres continúan.
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