INAUDITO!! los mismos que violaron la constitución legalizando el golpe de Estado HOY dicen por medio del Liberal Saavedra ""Se impone un nuevo estilo de violar la Constitución‏""

Jefe de la bancada del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra

12 enero, 2012,La Tribuna.hn

TEGUCIGALPA.- El jefe de la bancada del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra, denunció que el Presidente Porfirio Lobo, en contubernio con el Congreso Nacional, está imponiendo un nuevo estilo de violar la Constitución de la República al no sancionar, ni vetar el decreto que contiene un severo “trancazo” de 34 dólares a los pasajeros internacionales.

“El Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para sancionar y el Presidente de la República decide no sancionar, debe regresarlo al Congreso Nacional con la fórmula ‘Vuelva al Congreso’ y el Congreso tiene que tomar ahí una decisión parlamentaria histórica de someterlo a un nuevo procedimiento y regresarlo para que ya el Poder Ejecutivo, simple y sencillamente, no tenga la posibilidad de vetar, ni sancionar, simplemente publicar en el Diario Oficial La Gaceta”, argumentó.

Añadió que el artículo 216 de la Constitución establece claramente el procedimiento a seguir en este tipo de contratos, en donde una vez que es aprobado por el Congreso Nacional, éste lo envía al Ejecutivo para sancionarlo o vetarlo.

“Si este contrato no se sanciona y no se devuelve al Congreso Nacional este decreto es ley de la República y se va a proceder a publicarlo en cualquier momento, en cualquier día y en cualquier hora. La Constitución es muy clara al respecto”, dijo el ex presidente del Congreso Nacional.

“Es decir, la amenaza de que este paquetazo quede en vigencia persiste. Al no vetarlo ni sancionarlo, significa que el Presidente de la República no ha cumplido con su deber constitucional en el sentido de sancionar o vetar el contrato con InterAirports y el de la tasa aeroportuaria; una vez que fueron aprobados los contratos en el Congreso, tiene 10 días hábiles el Presidente de la República para vetarlo o sancionarlo, cuando el Presidente –mediante una nueva forma violar la Constitución en contubernio con el Congreso– dice que no lo va a vetar, ni a sancionar, la Constitución es clara: dentro de 10 días serán ley de la República”, advirtió.

RECTIFICACIÓN

Saavedra hizo un vehemente llamado al mandatario hondureño para que rectifique esta posición que es contraria a la ley. “Lo correcto y mi llamado al Poder Ejecutivo es que si no va a sancionar estos contratos, que los vete como lo impone la Constitución de la República y que de esa manera, lo regrese al Congreso Nacional para que aquí se tome la decisión acorde a los intereses del pueblo”.

Asimismo, calificó este decreto que aplica un “trancazo” de 34 dólares (17 por entrar y 17 por salir) es un contrato leonino, es un trancazo sin precedentes que golpea a los pobres que viajan con mucho sacrifico”.

En la Cámara Legislativa hay un gran hermetismo con relación al acta del 14 de diciembre cuando se aprobó este contrato entre el ministro del Interior y la Población, Áfrico Madrid, y la empresa estadounidense Securiport. En la secretaria no hay acceso al acta de ese día.

Una de las versiones de los diputados que votaron a favor es que no es cierto que se haya leído en el pleno el contrato, nunca se informó del trancazo, por eso hasta los diputados de la Alianza Parlamentaria Nacionalista y otros liberales votaron a favor.

La contradicción es muy grande porque se dice que la designada presidencial, María Antonieta Guillén, mandó a retirar el proyecto de ley que había remitido el ministro Africo Madrid y que la comisión dictaminadora actuó ilegalmente al dictaminar un proyecto que había sido retirado.

NO HAY ACCESO AL DOCUMENTO

En ese sentido, Saavedra manifestó que él solicito copia del acta del 14 de diciembre del 2011, al igual que LA TRIBUNA lo hizo a la asistente del secretario Rigoberto Chang Castillo, pero allí aducen que por ahora no hay acceso al documento.

“Creo que no se ha actuado con transparencia, particularmente creo que hubo la intención de aprobar un decreto que había el conocimiento que no iba a ser aceptado por el pueblo hondureño, pero que se pensó que iba a pasar sin que pasara nada, inadvertido. Esas costumbres deben cambiar”, opinó.

El diputado liberal acusó que “en la junta directiva se violentó un convenio (…) y todos los temas sobre incidencia nacional deben ser conocidos en esa instancia para que nosotros informemos a la bancada y eso no ocurrió con esta tasa”.

Prosiguió que “esta nueva forma de legislar, violando la Constitución de la República, deja al país expuesto a quienes pueden sacarle provecho de ello; simple y sencillamente es una nueva forma de violar en forma in fraganti la Constitución de la República”.

Saavedra advirtió que no se debe bajar la guardia al respecto porque la amenaza de que ese trancazo migratorio de inicio de año vuelva a aplicarse, aún no se ha disipado. (NA).

Se está volviendo costumbre el Irrespeto a instituciones del Estado: Sergio Castellanos El diputado Sergio Castellanos manifestó que se está volviendo una práctica en Honduras “el irrespeto a las instituciones del Estado”, al comentar la aprobación del contrato firmado por el ministro del Interior, Áfrico Madrid, con la empresa Securiport. “A mí me enseñaban cuando estaba en la escuela y me decían: lo que sea que usted tenga al frente, aunque sea su maestro, hay que respetarlo – y las instituciones del Estado, independientemente de quiénes las conformen, pero son instituciones del Estado, hay que respetarlas”. Estimó que “en Honduras se ha venido degenerando esta situación. Aquí el Congreso Nacional se irrespeta por parte de los mismos diputado y se irrespeta por los sectores que están afuera”. Indicó que existe un malestar entre los diputados porque” una cosa es hablar de 128 parlamentarios coludidos en este tipo de irregularidades y otra cosa es hablar del Congreso Nacional como institución, y quienes nos sentimos limpios tenemos el deber de aclarar esta situación”. (NA).

No conocía que se fuera a firmar el contrato: Oscar Álvarez El diputado por el Partido Nacional, Oscar Álvarez, negó que él haya tenido alguna intervención en el contrato firmado para imponer una tasa de 17 dólares a los pasajeros en los aeropuertos internacionales del país. “Una vez Áfrico Madrid me comentó que quería hablar conmigo sobre la seguridad en los aeropuertos, pero nunca hablamos ni yo conocía que se fuera a firmar este contrato que nos afecta a todos con este pago, en ningún momento yo he tenido que ver con esto”, aclaró. Rechazó que hablado sobre ese tema con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, en una reunión con ella poco antes de que fuera separado del cargo. “No es verdad, con ella hablamos de intercambiar las bases de datos para buscar a gente que es perseguida por la justicia, pero en ningún momento me sugirió contratar a una empresa o establecer un mecanismo nuevo de control”, acotó el ex ministro de Seguridad.(NA).

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