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| Bertha Oliva,Coordinadora COFADEH |
Por Marvin Palacios http://www.defensoresenlinea.com
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, reveló a defensoresenlinea.com que la decisión adoptada por el Congreso Nacional en el sentido de otorgar facultades policiales a los militares es una decisión ilegal, inconstitucional y abre el camino para que efectivos de las Fuerzas Armadas cometan abiertamente todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
Oliva señaló que la determinación de los diputados y diputadas en
aprobar el decreto que faculta a efectivos militares a detener,
capturar, interrogar y allanar domicilios es ilegal e inconstitucional.
De hecho, añadió la defensora de derechos humanos, el Cofadeh prepara
estudiar esta nueva violación a la Carta Magna y contempla presentar
ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los próximos meses, un
recurso de inconstitucionalidad en contra de la aplicación del decreto
promovido por el diputado Oswaldo Ramos Soto y aprobado con amplia
mayoría en la cámara legislativa.
El miércoles 30 de noviembre el Congreso Nacional hondureño autorizó a
las Fuerzas Armadas a ejecutar acciones policiales, excepto en
investigación. A partir de la publicación de la nueva ley en el Diario
Oficial La Gaceta, los militares pueden patrullar, capturar sospechosos,
realizar allanamientos y controlar el tránsito, entre otras funciones.
Después de un amplio debate sobre interpretaciones a la Constitución,
votaron a favor de la medida 110 diputados y sólo se registraron dos
abstenciones.
El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, aseveró que el
tiempo de operar con esas facultares será determinado por el Gobierno.
El decreto contempla que el período de estas operaciones será de 6
meses, previa declaración de “estado de emergencia en materia de
seguridad” que estaría declarando el presidente Porfirio Lobo Sosa en
Consejo de Ministros.
Bertha Oliva apuntó que ese decreto permitirá a aquellos que en el
pasado operaban con pasamontañas y que utilizaban seudónimos, accionar
de ahora en adelante con el visto bueno del actual régimen para
perpetrar más violaciones a los derechos humanos. En otras palabras,
añadió Oliva, lo que se está haciendo es “legalizar la impunidad de las
acciones militares que se presenten en contra de la ciudadanía”.
El asesinato en octubre último de dos estudiantes universitarios, uno
de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, confirmó que oficiales de la policía están relacionados con
secuestros, extorsiones y otros delitos. Y no solo eso, también reflejó
que el sistema de seguridad comandado desde el ejecutivo está flanqueado
por fuerzas poderosas como el crimen organizado, el narcotráfico y una
galopante corrupción que terminó con la credibilidad del organismo
policial en Honduras
Otorgar facultades policiales a militares es un retroceso en el orden
de mantener las garantías constitucionales, pues representa volver a la
década de los años 80 cuando efectivos de las Fuerzas Armadas
integraron “escuadrones de la muerte” y comandos de seguimiento que
secuestraron, torturaron y desaparecieron a cientos de ciudadanos y
ciudadanas del movimiento social hondureño compuesto por intelectuales,
artistas, dirigentes y dirigentas obreras, líderes juveniles, maestros
y defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
Expertos califican estas acciones como enmarcadas dentro del “Plan de
Colombianización” de la región centroamericana, un proyecto político del
Departamento de Estado de Estados Unidos en contubernio con las
oligarquías regionales para detener los avances de las fuerzas
progresistas en el continente americano.
Lo que se está experimentando en Honduras es una militarización
progresiva y consistente que repunta el protagonismo de las Fuerzas
Armadas en el control de las estructuras de poder de esta nación
centroamericana y que conlleva a un futuro sombrío para las defensoras y
defensores de derechos humanos en la República de Honduras.
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