Fuente: Defensores en Linea, por Dina Meza,18 November 2011
Investigar a la Fiscalía contra la Corrupción por hacer su labor con sesgo político violentando su papel en el sistema de justicia hondureño, es la solicitud que hace la defensa de Enrique Flores Lanza, que recusó a los fiscales de esta dependencia en otra audiencia de imputado del tercer proceso abierto al ex funcionario de la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales, sacada del poder a balazos en junio de 2009.
La exigencia se hizo a primeras horas de la mañana tras la llegada de Flores Lanza y su cuerpo de abogados al Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, que estaba militarizado, centenares de policías con sus escudos, máscaras antigases, toletes y bombas lacrimógenas listas, custodiaban los alrededores, ante la presencia de una multitudinaria muchedumbre del Frente Nacional de Resistencia Popular, que llegaron a respaldar al enjuiciado.
“Justicia, justicia, justicia. Enrique aguanta que el pueblo se
levanta. No al sicariato judicial. Eran las principales consignas y los
gritos contra la presencia policial no se hicieron esperar, “asesinos,
asesinos, asesinos”.
Mientras varios policías lo custodiaban, como si se tratara de un
delincuente peligroso, contrario a lo que ha ocurrido en otros casos muy
escasos contra funcionarios públicos indiciados.
La audiencia de imputado fue pospuesta por segunda vez, anteriormente
se hizo el 19 de octubre por problemas de salud de Flores Lanza y esta
vez por una recusación presentada por la defensa contra los fiscales
contra la corrupción, lo cual deja en suspenso este juicio hasta que se
resuelva este recurso que tiene el objetivo de que se inicie una
investigación imparcial de las actuaciones sesgadas políticamente de
esta fiscalía, a la cabeza de Henry Salgado.
El procedimiento es que el caso sea revisado por la actual directora de
Fiscales, Danelia Ferrera, o sea llega al mismo lugar de donde han
salido las acciones contra Flores Lanza, lo que pone en duda que se
resuelva conforme a derecho según lo dejó entrever la defensa.
Al salir de dicha audiencia Enrique Flores Lanza expresó que para pedir
tal recusación se basaron en el informe de la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación y en el de Alto Nivel de la Organización de Estados
Americanos, OEA, donde hay una conclusión clara sobre que la Fiscalía
Especial Contra la Corrupción ha actuado con sesgo político, que ha
carecido de la objetividad necesaria para poder desempeñar su función y
recomiendan que se investigue al titular de la misma, Henry Salgado.
“Estos informes señalan que esta fiscalía lejos de cumplir su papel en
defensa de la sociedad, se ha convertido en un instrumento de
persecución política, y que desde el golpe de Estado se ha dedicado a
perseguir a José Manuel Zelaya Rosales y a sus más cercanos
colaboradores, contrastando con que no ha presentado a pesar de las
múltiples denuncias contra Roberto Micheletti Bain y los funcionarios
del Gobierno de facto”.
Agregó que procedieron a recusar institucionalmente a esa fiscalía, “en
consecuencia se le ha dado trámite a esta declaración y la audiencia de
declaración de imputado queda en suspenso”.
La recusación lleva un procedimiento especial, se le va a pedir un
informe a la Fiscalía, debe evacuar 10 medios de prueba y se investigue
si hay sesgo político.
Además de ampararse en los informes arriba apuntados, sino en
declaraciones de titulares de organismos de derechos humanos como el
COFADEH, así como declaraciones de ex fiscales del Ministerio Público
ante la actuación sesgada de ese ente.
Reiteró su denuncia sobre la ilegalidad de la interposición de una
fianza de 27 millones de lempiras en su contra, los cuales no puede
pagar, los otros dos juicios se encuentran en la Corte de Apelaciones
por lo que no cuando bajen los expedientes al Juzgado puede ser enviado a
la Penitenciaría Nacional.
En cuanto a la pregunta de si habrán fiscales imparciales para conocer
del caso por la recusación de los de la Fiscalía contra la Corrupción,
debido a que es una política institucional de persecución, Flores Lanza
señaló que ese es el punto, que en Honduras no hay institucionalidad por
lo que “el pueblo hondureño reclama la refundación del país para volver
a construir estas instituciones viciadas, no queremos remiendos ni más
parches, sino refundar la patria”.
La defensa siempre la integran los abogados Daniel Rivera Mena y Raúl
Suazo a quienes el Colegio de Abogados pretendió inhabilitar utilizando
como argucia una resolución inexistente y publicando la inhabilitación
en un diario capitalino, en momentos en que se ventilaban las acciones
principales de los dos primeros juicios.
Rivera Mena detalló a defensoresenlinea.com que el Colegio de Abogados
ha sido instrumentalizado para tratar de evitar que ejerzan la profesión
precisamente cuando están como defensa de Flores Lanza.
“Lo terrible aquí y lo peligroso es que tanto el Tribunal de Honor como
la Junta Directiva del Colegio instrumentalizan estos órganos para
hacer sus acciones. En el año 2002 fui condenado para ser amonestado y
nunca estuve inhabilitada, sin embargo publicaron mi nombre en el Diario
La Tribuna y eso me ocasionó enormes perjuicios, por lo que deben
enfrentar las demandas correspondientes”.
El profesional del derecho cuestionó que no sacaron los inhabilitados
de otros departamentos sino solo los de Tegucigalpa, donde pusieron sus
nombres.
“Por otro lado la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia
estableció que el Tribunal de Honor jamás le mandó una comunicación
donde le informara que estaban inhabilitados, lo que nunca se concretó
porque no existió, constituyendo una irresponsabilidad por parte de ese
organismo de los abogados”, señaló el abogado entrevistado.
Informó además que la Corte de Apelaciones desestimó una recusación
presentada por la Fiscalía contra la Juez María Dolores López, a cargo
del caso, a quien pretendía inhabilitar por el hecho de haberle dado la
mano a Flores Lanza, “Los fiscales también le dan la mano y no por eso
hay un interés de por medio”. Catalogó a dicha Juez como una profesional
garantista, apegada a derecho.
La Corte de Apelaciones tiene pendiente de resolución una solicitud del
COFADEH presentada el 07 de septiembre pasado, en una segunda
oportunidad donde le demanda que revoque la fianza exorbitante a Enrique
Flores Lanza y reiteró ofrecimiento de asumir institucionalmente la
libertad vigilada del encausado sobre la cual esta organización estaría
brindando un informe periódico.
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