De acuerdo con la información disponible, varias personas desconocidas
asesinaron a Medardo Flores utilizando armas de fuego, en la noche del
jueves 8 de septiembre, en la localidad donde vivía. Flores, quien se
dedicaba a la agricultura, formaba parte de un grupo de comunicadores
populares voluntarios de Radio Uno de San Pedro Sula, y con regularidad
participaba en programas de opinión y entrevistas. Según lo informado,
Flores era el encargado de finanzas en el norte del país del Frente
Amplio de Resistencia Popular (FARP), organización que lidera el ex
presidente de Honduras, Manuel Zelaya.
Medardo Flores es el cuarto comunicador asesinado en Honduras en 2011 y
es, al menos, el décimocuarto desde el golpe de Estado de julio de 2009
cuyas muertes no se han esclarecido y podrían tener relación con el
ejercicio de la profesión. Para la Relatoría Especial es imprescindible
que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e
investigaciones efectivas su compromiso en la prevención de estos
crímenes, la protección de los periodistas en riesgo y la lucha contra
la impunidad de los asesinatos reportados. En este sentido, la Relatoría
Especial reitera su preocupación por la ausencia de avances
significativos para esclarecer los asesinatos cometidos contra
comunicadores desde 2009. En todos estos casos es obligación del Estado
adoptar todas las medidas necesarias para identificar la causa de los
homicidios sin descartar de manera arbitraria la hipótesis según la cual
la actividad profesional de los comunicadores asesinados pudo ser la
causa de los mismos. Como resultado de las investigaciones, el Estado
debe identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como
garantizar la reparación adecuada a los familiares de las víctimas.
Además de este homicidio, desde 2009 han sido asesinados en Honduras
los comunicadores Gabriel Fino Noriega, muerto en San Juan Pueblo el 3
de julio de 2009; Joseph Hernández, asesinado el 1 de marzo de 2010 en
Tegucigalpa; David Meza Montesinos, asesinado en La Ceiba el 11 de marzo
de 2010; Nahúm Palacios, muerto en Tocoa el 14 de marzo de 2010;
Bayardo Mairena y Manuel Juárez, asesinados en Juticalpa el 26 de marzo
de 2010; Jorge Alberto (Georgino) Orellana, muerto el 20 de abril de
2010 en San Pedro Sula; Luis Arturo Mondragón asesinado el 14 de junio
de 2010 en El Paraíso; Israel Zelaya, muerto en San Pedro Sula el 24 de
agosto de 2010; Henry Suazo, muerto en La Masica el 28 de diciembre
de 2010, Héctor Francisco Medina Polanco, asesinado en Morazán el 10 de
mayo de 2011, Luis Mendoza Cerrato, asesinado en Danlí el 19 de mayo de
2011 y Nery Jeremías Orellana, asesinado el 14 de julio en el municipio
de Candelaria. En ninguna de las investigaciones las autoridades
hondureñas han reportado algún progreso significativo.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión de la CIDH establece que: "El asesinato, secuestro,
intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la
destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos
fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de
expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores asegurar a las víctimas una reparación
adecuada".
Defensores en Linia
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