Tania Najarro, coordinadora del equipo investigativo de este estudio
señaló que el recurso agua es uno de los más amenazados frente a las
diferentes concesiones de recursos naturales en minería, hidroenergía y
concesiones de bosques lo que además impacta en el cambio climático.
De acuerdo a las conclusiones habrá menos agua introducida en las
cuencas, o sea menos agua disponible para cualquier fin, además de haber
una concentración de contaminantes en el vital líquido como
consecuencia del volumen disminuido.
En el caso de las mujeres por el hecho de estar bajo su
responsabilidad las labores domésticas en un 99 por ciento, deben
invertir más tiempo y dinero en las actividades del cuidado de la casa
lo que las afecta en todos los ámbitos, porque deben acarrear el agua
de sitios más distantes lo que constituye inseguridad para su vida al
trasladarse a lugares solitarios y peligrosos.
La repercusión ambiental adversa perturba la producción agropecuaria y
acelera la extinción de especies de flora y fauna, dificultando el
abastecimiento de agua para el consumo humano e incrementando el impacto
de las amenazas naturales más frecuentes, reduciendo la actividad
sociocultural indígena y afrohondureña y en caso extremo en poner en
peligro la existencia milenaria de nuestros pueblos.
La prioridad del agua deja de ser para el consumo humano y se vuelve
prioritario para los usos de minería y generación de energía, colocando
al Estado como irresponsable al cumplimiento de convenios y tratados
internacionales de protección a los pueblos étnicos, tal es el caso del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y la
Declaración de los Pueblos Indígenas aprobada por Naciones Unidas en el
año 2008.
Este último instrumento internacional señala que “los pueblos
indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas
con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para
financiar sus funciones autónomas”.
En su artículo 8 reza que los pueblos y los individuos indígenas tienen
derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la
destrucción de su cultura, así como a la conservación y protección del
medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios
y recursos.
La minería está en primer lugar en impactos negativos para las
poblaciones, entre éstos está el incremento de enfermedades, en la
alimentación, la cultura y vivienda.
Le sigue la concesión de agua para hidroenergía, mientras que la
concesión del recurso bosques representa el tercer lugar. Se señala como
una de las funestas consecuencias es la pérdida de hábitat de diversas
especies silvestres y se corre el riesgo de pérdida para los pueblos
indígenas de la identidad cultural, sus lenguas, sistemas espirituales y
de cultura cotidiana, indispensables para mantener la entidad étnica.
Las enfermedades a los niños y niñas y mayor tiempo para las mujeres en
el cuidado de la familia y más recursos financieros que llevan deudas
para los hombres; contaminación de agua para preparación de alimentos y
no apta para el consumo humano, más tiempo para buscar agua y por falta
de agua no hay acceso a la construcción ni a la producción.
Asistentes a la presentación del estudio
La salud es afectada por las concesiones
Pero las concesiones de los bosques no se quedan atrás, traen como
consecuencia enfermedades en los niños y niñas; hay lluvias tardías que
impacta en la flora y fauna; por la falta de aire no se purifica el
oxígeno y hay escasez de producción.
En cuanto a la minería hay enfermedades en la piel en seres humanos y
animales, contaminación del medio ambiente, aumento de muerte de seres
vivos, afectación de la tranquilidad y comunicación de las personas por
el ruido de las máquinas.
Hay inundaciones, no hay acceso a la madera para construcción de
viviendas, desplazamiento de comunidades y división de las familias.
Se suma la mala nutrición para los niños y niñas, porque se pierde el
espacio para producir, también muerte de animales silvestres y caseros,
menos seguridad alimentaria, no hay acceso a la leña para oficios
domésticos y la tierra se vuelve estéril.
En cuanto al aire, desaparece el oxígeno, aumenta el calor, hay pérdida
de la medicina natural, problemas de tenencia de la tierra y por si eso
fuera poco quienes tienen las concesiones se apoderan de todo el
entorno y hay prohibición del paso para las personas de las comunidades
donde están las empresas que tienen las concesiones.
Los impacto son muy fuertes, lo anterior se queda corto si se contara
con más información pues la misma es escondida en las instituciones
públicas, lo que evita hacer un análisis más profundo.
Honduras: Un país concesionado
El 31 por ciento del territorio nacional está ocupado por concesiones de minas de explotación metálica.
Desde 1948 hasta el 2038, o sea más de 40 años en concesiones vigentes,
de las que se han tenido acceso, la mayoría son datos “clasificados” a
los cuales no tiene acceso el pueblo hondureño, en especial las
comunidades que están siendo afectadas o lo serán en el fututo porque
los gobernantes que se abrogan el derecho de decidir sin consultar,
aunque las consecuencias la paguen quienes tienen que lidiar con
mineras, empresas de generación de energía ó madereras.
Las concesiones están en el departamento de Olancho en un 31 por
ciento; Copán con el 23 por ciento; El Paraíso con un 7.43 por ciento;
Francisco Morazán con el 6.41 por ciento y Santa Bárbara con el 5.73 por
ciento.
Pero para el estudio se hizo consulta a las comunidades indígenas y
señalaron que hay desconocimiento sobre dichas concesiones, no consulta
sobre el otorgamiento de las mismas y los alcaldes actúan distantes a
las comunidades para favorecer a las empresas.
Por su parte estas compañías permanecen a sangre y fuego en los
territorios, para lograr estar allí mantienen ejércitos armados
completos en las zonas lo que ocasiona asesinatos de defensores y
defensoras; amenazas a muerte, en suma el derecho a la vida está en
precario y a la par las autoridades locales no atienden las denuncias.
A raíz de las consecuencias funestas sobre las comundiades, unos 15
municipios se han declarado libres de minería a nivel nacional hasta
junio de 2011, estos son Santa Bárbara, San Francisco de Ojuera, Atima,
San José de Colinas, Jesús de Otoro, San José de la Paz, San José de
Comayagua, Chinacla, Ajuterique, Teupasenti, Yorito Yoro, Belén Gualcho,
Ocotepeque, El Rosario Comayagua, Mapulaca Lempira, Arenales Santa
Bárbara.
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