Enero 15,2018 / Víctor Fernández
Desde hace años, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ) y varias personas que las integramos, estamos siendo objeto de
amenazas, incluyendo agresiones verbales y físicas, campañas de
desprestigio, persecuciones y hasta asesinatos, un precedente concreto
es que el 01 de septiembre de 2008, fue atacado a tiros el compañero
Luis Javier Santos Cruz, ex fiscal vinculado de forma directa en la
fundación de nuestra organización. Varios compañeros y compañeras del
MADJ en el departamento de Atlántida y Yoro han sido objeto de amenazas
directas contra su vida y han sido criminalizados. En 2013, tres
compañeros indígenas tolupanes fueron asesinados, la CIDH decretó
medidas cautelares para proteger la vida de varios miembros de la
organización, incluyendo a Martín Fernández y en mi caso, dictó dos
medidas cautelares con la misma finalidad.
En el marco del fraude o robo de las elecciones de noviembre de 2017, el MADJ se ha sumado a la lucha en cuerpo y alma. Nos hemos posicionado condenando al régimen fraudulento, la base de nuestra organización ha estado en la movilización permanente, coordinando acciones en las comunidades y hemos denunciado ante las instancias formales a la cúpula del fraude, a policías y militares que han asesinado y torturado a mucha gente. En la emergencia desatada por la violencia hemos socorrido y seguimos socorriendo a varias víctimas; entre tantas otras acciones. Sin embargo, nuestros antecedentes históricos constituyen un recorrido de denuncia de la corrupción y la impunidad en el país, la reivindicación de la defensa de la soberanía nacional y el impulso de un proceso organizativo que contribuya a liberar a Honduras de la élite corrupta y violenta que ha condenado al país a la vergonzosa situación humana y social que hoy sufre.
En el marco del fraude o robo de las elecciones de noviembre de 2017, el MADJ se ha sumado a la lucha en cuerpo y alma. Nos hemos posicionado condenando al régimen fraudulento, la base de nuestra organización ha estado en la movilización permanente, coordinando acciones en las comunidades y hemos denunciado ante las instancias formales a la cúpula del fraude, a policías y militares que han asesinado y torturado a mucha gente. En la emergencia desatada por la violencia hemos socorrido y seguimos socorriendo a varias víctimas; entre tantas otras acciones. Sin embargo, nuestros antecedentes históricos constituyen un recorrido de denuncia de la corrupción y la impunidad en el país, la reivindicación de la defensa de la soberanía nacional y el impulso de un proceso organizativo que contribuya a liberar a Honduras de la élite corrupta y violenta que ha condenado al país a la vergonzosa situación humana y social que hoy sufre.
El 01 de enero, cobardemente, asesinaron a Wilmer Paredes, un joven al
que la organización conoció en el marco del levantamiento popular contra
el fraude, específicamente en San Juan Pueblo. A Wilmer no lo
conocíamos antes de la lucha post crisis electoral, pero él fue una
figura destacada en las tomas de San Juan Pueblo, era un joven de mucho
arrojo, con notable liderazgo, con mucha bravura y fuerza. Entre otros
episodios, se le recuerda por haber dirigido una acción que terminó con
la captura de un policía que estaba extorsionando a varios motoristas en
la toma, quien cobraba por permitir el paso de vehículos y otros
señalamientos. Debido a este episodio, se hizo famoso y viral un vídeo y
fotografías en donde Wilmer lleva el fusil o arma de reglamento del
policía capturado que ahora están usando para estigmatizarlo y
relacionarlo con acciones ilícitas aún a pesar de su no presencia física
debido al asesinato en su contra el primer día de enero.
El 16 de diciembre de 2017, en la toma sostenida en San Juan Pueblo, en
la cual Wilmer Paredes junto a otros 9 jóvenes incluyendo un defensor y
militante de nuestra organización, Diego Daniel Aguilar, fueron víctimas
de una brutal represión y aplicación de castigos constitutivos de
tratos crueles, inhumanos y degradantes. A partir de esa fecha, Wilmer
fue objeto de persecución por carros desconocidos lo cual él atribuyó
reiteradamente a la Policía y el ejército.
El 29 de diciembre de 2017, Wilmer Paredes, solicitó a Martín Fernández
apoyo y consejo respecto de su situación de inseguridad vinculada de
forma directa a su participación en las acciones de denuncia del fraude
en Atlántida. Martín pidió apoyo para Wilmer Paredes ante la Policía y
en el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos
Humanos, y le ofreció coordinar su salida temporal de su domicilio para
superar el riesgo inmediato. Las acciones de solicitud ante
instituciones del Estado fueron totalmente fracasadas ya que estas
brindaron excusas de incapacidad para poder intervenir.
El 01 de enero de 2018, supimos del asesinato de Wilmer Paredes, varios
miembros del MADJ nos desplazamos a constatar el hecho, creyendo
inicialmente que podríamos apoyar con su traslado hacia algún centro
asistencial ya que, inicialmente se nos informó que estaba herido. Sin
embargo, al llegar constatamos que Wilmer falleció instantáneamente.
Frente al hecho, sentí una vez más, una enorme y fría impotencia. Me
pareció tan clara la vinculación de los órganos represores del Estado en
la ejecución de Wilmer, ya que, el MP no acudió siquiera a efectuar el
levantamiento del cadáver y de las evidencias en la escena del crimen.
Estando en el lugar, escuché cuando Martín, estando en la parte de
afuera de la casa donde estaba el cuerpo sin vida de Wilmer, llamó por
teléfono al jefe policial de la zona de apellido Nazar quien es también
enlace o encargado de darle seguridad debido a resolución del Mecanismo
Nacional de Protección de Defensores y Defensoras, ante la llamada el
jefe policial indicó que al levantamiento asistiría la policía de
Esparta, ya que la zona no era de su competencia.
Ese mismo día, 1 de enero, publiqué en mi perfil de Facebook una nota
sobre el asesinato de Wilmer indicando las vinculaciones evidentes de su
muerte con su participación en la denuncia del fraude electoral. En los
días posteriores, la organización, pero de forma particular, Martín
Fernández en su condición de coordinador general y yo, como encargado de
asuntos políticos del MADJ, hemos tenido conocimiento de algunas
hipótesis sobre el crimen y entendemos con claridad desde esa
información que todo se orienta a una conspiración de policías,
militares, miembros del Partido Nacional y otros actores que habrían
preparado y ejecutado a Wilmer, como parte de la venganza y campaña para
imponer el miedo y desmovilizar la lucha contra la dictadura en todo el
país, pero directamente en Atlántida que se ha caracterizado por su
determinación e impacto en la economía debido a sus acciones de toma de
la principal carretera de la zona.
A raíz de todo lo ya referido, este día, 14 de enero, a 13 días del
cobarde asesinato de Wilmer, he tenido conocimiento de una volante que
circula mediante WhatsApp y redes sociales en la cual aseguran que el
crimen de Wilmer fue ordenado por Martín Fernández y yo, debido a que
éste incumplió una orden de sicariato que ambos le dimos. Información
completamente falsa y mal intencionada que evidencia una vez más que
quienes luchamos por los derechos humanos y por la vida somos blanco
directo de ataques por parte del régimen.
Esta publicación en redes sociales, confirma que el crimen lo ejecutaron
las estructuras criminales de la dictadura y que siguen el guion de
imponer la confusión y el miedo para desmovilizar la lucha popular
contra la dictadura. En los últimos 3 meses ha existido un identificado
patrón de campañas de desprestigio, inicialmente en Tegucigalpa en
contra de líderes del partido LIBRE, posteriormente en Atlántida,
recientemente en El Progreso, lo cual confirma que existe una decisión
de atacar directamente y de manera personal a quienes entienden como
enemigos y enemigas del poder formal que ordena y ejecuta el sin número
de arbitrariedades ampliamente conocidas por la población en el marco de
la coyuntura post electoral.
Entiendo y entendemos también que esta campaña en mi contra y en contra
de Martín Fernández tiene repercusiones pensadas desde su ejecución,
debido a ello, responsabilizo al régimen de Juan Orlando Hernández, a
las ineficientes e ineficaces instituciones estatales de derechos
humanos encargadas de proteger nuestros derechos incluyendo nuestra
vida, al ejército y la policía nacional y militar de la cobarde campaña
de desprestigio y de cualquier efecto o afectación que pueda traer en mi
contra, en contra de Martín o en contra de cualquier integrante del
MADJ y de las comunidades organizadas que lo integran. Responsabilizo de
igual forma, a la comunidad internacional que lo avala, especialmente
al gobierno y embajada de los Estados Unidos en Honduras.
Reitero que estamos conscientes del riesgo que implica la lucha y que
desde hace muchos años atrás decidimos asumirlo de manera frontal, pero
que, a pesar de los naturales temores nosotros no perdemos nuestro
espíritu determinado a construir un país nuevo, tampoco les permitimos
robarnos la alegría y la contundencia que encarnamos los seres que nos
mueven los anhelos de justicia y dignidad para todos y todas.
Reitero mi convicción particular de que, sobre quienes hemos decidido
por Honduras y sobre quienes nos mueve el amor por la idea de patria hay
una sobreprotección que emana del permanente esfuerzo de hacer lo
justo.
!Desde la Dignidad Siempre!
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