Si fuese por la gente que se amontona en las cárceles hondureñas, se puede concluir que los pobres son proclives a delinquir mientras la honestidad es el rasgo más distintivo de la gente adinerada.
En el banquillo de los acusados abundan los que no tienen quien los defienda. Los diputados se reúnen y se encargan de legislar para proteger a los pocos pudientes y para endurecer leyes para los que delinquen por hambre. Y es que el asunto hondureño está muy bien establecido: el hambre no ocurre porque falte comida, sino como resultado de una distribución completamente injusta de los bienes.
En las leyes y su aplicación se refleja esta diferenciación social y económica. Quienes concentran mayores capitales y bienes, concentran también privilegios, y la ley siempre les será favorable. Cuando ya no queda otro camino que pasar a un juicio, a una persona adinerada y con poder se le interpreta la ley.
A la gente pobre sencillamente se aplica sin remedio y va a parar a la cárcel. Al adinerado lo normal es que le den siempre medidas sustitutivas. Y las cárceles abren sus puertas al delincuente que no pudo defenderse y las cierran a la gente rica que tiene todo a su favor.
Nuestro sistema político se sostiene en lo que llamamos el Estado de Derecho, en el cual, se afirma que ninguna persona está por encima de la ley, y que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, estas formulaciones no tienen sustento en la realidad. Las leyes se cumplen en base a la capacidad que tenga la gente de defenderse o en base a negociaciones políticas. Aquí se engaña el que quiere, aunque se hablen muchas cosas jurídicas hermosas; la ley está subordinada al dinero y a la política, y particularmente a los políticos, en el marco de la ley del más fuerte. Y esto es fuente permanente de corrupción e impunidad.
Conciencia ciudadana es lo que más necesitamos frente a un estamento político que en Honduras está impidiendo que crezca y se consoliden los valores de la transparencia y la honestidad. Una conciencia ciudadana que demande una nueva institucionalidad que devuelva la confianza de la gente en el sistema de justicia, un nuevo modelo económico que rompa con el enriquecimiento infinito, y por eso mismo, con los privilegios económicos. Solo así las cárceles reflejarán la imparcial aplicación de la justicia, porque a ella irán los que delinquen, sin importar su origen y su ubicación social o política.
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Paisaje legal hondureño - 17 Ag
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