Normalmente vemos que lo que caracteriza a nuestra sociedad es la inercia, indiferencia, pasividad y el ser espectadores ante lo que sucede en el país. Por eso no deja de ser una “buena nueva” el que haya instituciones que hagan público un documento que denominan como “Acuerdo de Alianza: Por un Pacto Fiscal en Honduras”. Es un signo de vitalidad el que la Sociedad Civil rompa con la monotonía gubernamental de ser la única que sistemáticamente presenta su proyecto de sociedad, sus logros, avances, estrategias y bondades.
Romper ese monopolio de poder mediático es de lo más benéfico y constructivo de cara a democratizar la vida política, económica y social de los hondureños. Ante el porqué de esta iniciativa responden que la situación del país “requiere de a) consensos nacionales b) que haya equidad de la carga tributaria c) una asignación del gasto en función de prioridades nacionales concertadas d) la lucha a favor de la trasparencia e) en contra de la corrupción e) la rendición de cuentas y f) la participación ciudadana”.
La única manera de romper con este “monopolio político-mediático” es que las diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil se integren y participen de la discusión, sean actores centrales de la relación entre el Estado y la Ciudadanía, generen acciones y que la población se empodere de temas fiscales.
La necesidad de este Pacto Fiscal en Honduras es debido a que, como nos señalan los análisis económicos, “la situación actual, tiende a beneficiar a élites económicas a través del mantenimiento o aumento de exoneraciones fiscales y la leve modificación de su carga tributaria. Además, los sectores dinámicos de la economía tienen una tasa efectiva de tributación baja o reciben incentivos tributarios.
Por otra parte, la actual política fiscal se ha hecho a base de aumentar enormemente los “impuestos indirectos” con repercusiones negativas en la igualdad tributaria y en la desigualdad. No se ha hecho lo mismo con los “impuestos directos” que afectan a la tierra, el capital, las posesiones, cuentas bancarias, todo tipo de posesiones y riquezas. Es decir que siguen siendo “intocables” las diversas élites del país puesto que la carga, el esfuerzo y el sacrificio recaen sobre la mayoría de la población mientras que persisten y/o se aumentan los beneficios fiscales otorgados a agentes económicos con suficiente capacidad para hacer frente a sus responsabilidades tributarias.
La política fiscal refleja que las élites políticas y económicas comparten los mismos intereses cuya única finalidad es pagar el mínimo de impuestos. En consecuencia el Gobierno impone a los consumidores y resto de la sociedad los costos del actual sistema fiscal.
En materia de gasto público se enfatiza que las prioridades han estado en el pago de la deuda, la cual absorbe un gran porcentaje del presupuesto nacional, también, en el gasto en defensa y seguridad, y lo destinado a la asistencia social. Mientras tanto, los gastos en educación se reducen pasando del 32.8%, en 2010, al 20.0% en lo presupuestado para 2017; igual sucede con el gasto en salud, que reduce su participación para los mismos años del 14.7% al 11.7%, respectivamente.
Todas estas razones son fundamentales para que más allá de toda participación partidaria hagamos posible un “nuevo pacto fiscal” que, no solamente democratice la sociedad, sino que logremos una redistribución de la riqueza, creación de empleo y la construcción de una Honduras inclusiva.
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