Actuaron
en el desalojo violento diversas ramas de la Policía Nacional, un juez
ejecutor y maquinaria pesada. Mujeres con hijos en brazos y hombres
lloraban cuando caía al suelo lo que un día fue su hogar, de pronto, la
indignación se apoderó de la gente que fue reducida con bombas
lacrimógenas y chorros de agua lanzados desde tanquetas antidisturbios.
Redacción Central / EL LIBERTADOR /
La Lima, Cortés.
Más de 80 familias hondureñas empobrecidas, asentadas en la zona rural
del norteño departamento de Cortés, fueron sorprendidas esta mañana
cuando supieron que había terminado el sueño de contar aunque fuera una
casa maltrecha para convivir con sus seres queridos.
El
silencio del amanecer fue roto por los fuertes motores de maquinaria
pesada que llegaron hasta el lugar con la orden judicial en manos del
juez ejecutor y acompañamiento de una combinación de especializados
escuadrones de la Policía Nacional.
El
desalojo violento se desarrolla en la colonia Agua Prieta, jurisdicción
de la ciudad de La Lima, Cortés, 258 kilómetros al norte de la capital
hondureña, Tegucigalpa.
Esta
vez la justicia del país demostró que “dura es la ley, pero es la ley”,
en un país donde el 80 por ciento de los crímenes permanecen en
impunidad y casi seis millones de hondureños subsisten en pobreza y
miseria.
La
resistencia de los pobladores no tuvo éxito ante un delicado juez y
policías con amplios entrenamientos en disturbios sociales y operaciones
especiales, aun cuando la gente suplicaba que han venido pagando sus
terrenos y durante años habían sembrado huertos y criado animales
domésticos.
Los
tractores demolieron primero las viviendas hechas de madera y láminas
de zinc y dejaron para después las de concreto que requerían de equipos
con mayor poder destructivo.
Siete
personas fueron detenidas después que se enfrentaron a golpes con los
policías, un disturbio que no pudo evitar el juez ejecutor que desde
horas muy tempranas habló con los habitantes y les dio dos horas para
que salieran de sus casas de manera pacífica, sin embargo, nadie quería
perder sus sueños de un lugar para vivir y criar sus familias.
Los
pobladores manifestaron que, en su mayoría, han pagado cantidades
entre 50 mil y 70 mil lempiras a un hombre que en apariencia resultó
estafador.
Sin
embargo, el jefe de la Policía en el sector, Alonso Pineda, dijo que
son más de 50 familias las desalojadas al no poder llegar a un acuerdo
con el dueño de los terrenos, que exigió a la justicia mandar a la calle
a cientos de seres humanos.
Hasta
el cierre de esta edición, ninguna institución del gobierno que busca
la reelección presidencial ni de defensa de derechos humanos se ha
manifestado proponiendo solución habitacional a estas familias
empobrecidas que pasaran esta noche incierta en las calles de Honduras.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2290-justicia-hondurena-deja-sin-techo-80-familias-empobrecidas
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