La vida humana requiere de una serie de condiciones que garanticen la posibilidad universal de los individuos de ser parte esencial de la sociedad, y, por lo tanto, a tener acceso a todos los medios necesarios para alcanzar una existencia plena, de satisfacción individual y de aportes significativos a la colectividad.
Consideramos anti natural y anti democrático un sistema que en unas leyes otorga derechos a las personas, como si se tratara de caridad, pero que en la práctica funciona y opera para arrebatar toda posibilidad a los individuos y la sociedad de poder ejercer tales derechos.
Consideramos que la democracia solo existe y funciona si su aplicación sirve para resolver la existencia plena de las personas, y garantizar la vida humana, con bienestar y posibilidades reales de crecimiento y acceso total al conocimiento y a la verdad.
En la actualidad, Honduras vive bajo un régimen anti democrático dedicado sistemáticamente a despojar a las personas de la aspiración a llevar una vida plena, arrebatando la dignidad de la mayoría, para luego ofrecer limosnas como forma de compensación, a cambio de una cierta “lealtad” política. Rechazamos estas prácticas soberbias y criminales que le quitan el sentido práctico a la vida y por lo tanto atentan contra esta.
El Estado no debe ser una maquinaria clientelar para generar deudas y entregar limosnas a un pueblo que debe tener acceso a todo el bienestar posible, en una relación justa en la que todos somos participes de la generación de riqueza, y recibimos compensaciones justas y seguridad social universal por nuestro trabajo.
El Estado no debe permanecer como el facilitador de la actividad interminable de expoliación, especulación, explotación, extracción, saqueo, corrupción y latrocinio; ni estar dedicado a ser testigo pasivo del funcionamiento fantasmal del libre mercado, mientras las mayorías se desangran en espera de un derrame de riquezas que nunca llegará. El Estado facilitador nos condena a la miseria y la indignidad.
Un Estado moderno y liberador
Postulamos la construcción de un Estado fuerte, capaz de garantizar la actividad económica al tiempo que es responsable de brindar todas las seguridades necesarias para que cada miembro de la sociedad pueda ser parte de un desarrollo fundamentado en el florecimiento de todos los campos del conocimiento, las ciencias, el arte, los deportes y la tecnología.
El bienestar de las personas no puede ser ajeno a la actividad estatal; ni ser ignorado por la actividad privada. Todas las personas debemos tener acceso a ser participantes activos en la determinación de las políticas que nos rigen a todos, y, consecuentemente, destinadas a la forja del buen vivir para todos y todas.
Por otra parte, el Estado debe ser responsable de velar por la soberanía y la inviolabilidad de la misma; nunca conspirar ni trabajar contra la integridad de la patria. El desarrollo económico es responsabilidad de todos los hondureños, y nunca debe ser excusa para entregar nuestro territorio o nuestro patrimonio a intereses foráneos que usurpen o violenten los intereses comunes de toda nuestra sociedad. La defensa de la soberanía siempre corresponde al pueblo.
El Estado moderno y liberador que proponemos, está basado en dos conceptos fundamentales: a) es moderno porque es capaz de ser actualizado por la voluntad mayoritaria de la sociedad (y solo por esa mayoría), en otras palabras, reconoce las contradicciones y la evolución que se producen naturalmente en toda sociedad; y, b) es liberador, porque actúa permanentemente como agente de perfeccionamiento de la democracia, y, en consecuencia, garante de la calidad de vida que llevan todos los hondureños.
El Estado debe permanecer libre de prejuicios y dogmas, y debe garantizar la libre expresión de las ideas, así como el acceso de todas las personas al ejercicio de dicha libertad. El Estado no debe en ningún momento hacer uso de las creencias religiosas de las personas para imponer criterios de ninguna naturaleza. Para garantizar una sociedad libre de prejuicios, el Estado debe mantener la existencia de un poder del pueblo como parte de su estructura jurídica y formal, en el que se debatirán permanentemente los asuntos de interés común hasta en el rincón más recóndito de la patria.
Por supuesto, una discusión verdaderamente democrática de amplia participación, solo puede darse en el seno de una sociedad educada y bien informada, por lo que el Estado debe velar por el acceso universal y gratuito a la educación con la más alta calidad posible. Ningún hondureño debe tener peor educación que otro, menos en razón de su posibilidad de compra. Cada quien es libre de buscar la educación en el lugar que desee, pero la calidad que encuentre en cada lugar deberá siempre ser igual y con los más altos estándares, sin discriminaciones de ninguna índole, y dando siempre un trato igualitario a hombres y mujeres.
El Estado debe velar por la seguridad de toda la sociedad, tanto en el ámbito personal como jurídico, pero es la sociedad misma, organizada, la encargada de garantizar que el Estado cumpla con esa delicada función. Para este fin se requiere una nueva visión de la realidad y un nuevo papel participativo de la sociedad, que nos permita cultivar principios de respeto hacia la vida y hacia el medio ambiente. Además, debemos cultivar la preeminencia de la verdad y el desprecio colectivo por la mentira, la calumnia, el chantaje, la extorsión y la manipulación. El peor criminal es aquel que busca engañar al pueblo.
En cualquier caso, es responsabilidad, entre otros, del poder social, crear las estructuras y condiciones requeridas para que el pueblo se informe debidamente y a tiempo. La información no es una mercancía, es un derecho para todos, que debe sostener el pueblo mismo.
Es menester del poder del pueblo, velar por el respeto a la igualdad irrestricta de género y construir una sociedad que exalte el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo del país, del cual debe resultar un sistema incluyente, abierto a las ideas y de profundo respeto por las opiniones de cada persona que se considere hondureño.
Ningún hondureño u hondureña debe vivir a la sombra por razón de discriminación de ningún tipo. Nuestra sociedad no debe ser un instrumento inquisidor para perseguir compatriotas por sus decisiones personales; y devenimos obligados en exaltar los méritos de cada quien por sus aportes a la construcción del bienestar común.
Un Estado moderno con estructura moderna
La definición constitucional del nuevo Estado seguirá la idea republicana de separación de poderes. El poder constitucional, debe tener representatividad amplia de todos los sectores de nuestra sociedad, y los debates en su seno deben tener carácter igualitario y transparente.
La Constitución que regule el nuevo Estado no puede reflejar ni total ni parcialmente los intereses de grupos, ni de minorías privilegiadas, por lo tanto, es obligación del convocante a este poder constituyente buscar mecanismos suficientes y realistas que garanticen el propósito de crear un Estado para todos, sin relaciones de sometimiento a ningún grupo factico.
El poder constituyente debe garantizar la preeminencia de la voluntad de las mayorías, y que ésta sea expresada bajo un ambiente de libertad y de información suficiente. Al mismo tiempo, debe garantizar la inviolabilidad de los derechos de aquellos que, siendo minoría, mantienen su condición inalienable de hondureños. El bienestar de todos es una misión ineludible e impostergable del Estado.
La cultura como identidad liberadora
El Estado tradicional ha considerado a la cultura como la enemiga fundamental de su propia existencia, por lo que en el devenir del tiempo ha perseguido, ignorado y destruido las manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos con el fin de evitar que la ciudadanía pueda visualizar a través del arte y la cultura los posibles caminos hacia la liberación integral.
En este sentido, el Estado Moderno no prescinde de la cultura y el arte, las asume como ejes de transformación; las políticas culturales en su implementación son los elementos generadores para alcanzar una sociedad que avanza hacia estadios superiores de humanización individual y colectiva de la hondureñidad.
I- PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA
Construir democracia para vencer la dictadura
Mediante un plebiscito, se realizará una consulta para definir la forma de una nueva constitución amplia, democrática, incluyente y originaria, mediante la cual se comenzará el proceso de construcción de un nuevo pacto social que permitirá la inclusión y representación de todos los sectores de la sociedad hondureña en la toma de decisiones del Estado, asegurando el bien común y el interés general frente al interés de grupos y la marginación de amplios sectores de la sociedad.
Se consolidará así una democracia directa y participativa, que permita transformar la función social de las instituciones públicas e impulsar un nuevo modelo de desarrollo incluyente que respete el medio ambiente y beneficie a las mayorías.
Contra la Corrupción e Impunidad, Justicia
Ante la falta de un poder judicial independiente, legítimo y creíble, que hoy es un instrumento del oficialismo para la persecución de la oposición, y dado el control absoluto del mismo por parte de poderosos grupos de interés y en particular por el Poder Ejecutivo, solicitamos a la comunidad internacional, representada en la Organización de las Naciones Unidas, la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras, para depurar a las instituciones encargadas de impartir justicia y apoyarlas para hacer frente a los altos niveles de corrupción e impunidad que hoy nos aquejan a todos los niveles.
Soberanía popular
A través de la consulta y la democracia participativa se creará la nueva Constitución, que incluirá los mecanismos necesarios para integrar al pueblo y asegurar su ejercicio pleno de la soberanía popular mediante la toma de decisiones trascendentales.
Estado de derecho democrático
El compromiso fundamental de la Alianza de Oposición, a través del Gobierno de Transición y la Reconciliación Nacional, consiste en la fundación de un nuevo Estado Democrático basado en el reconocimiento pleno de los derechos humanos, individuales, sociales, civiles y políticos.
Modelo económico alternativo
La Alianza de Oposición establecerá las bases de un nuevo modelo económico que implemente la solidaridad y la complementariedad, que busque potenciar la producción y la competitividad de manera incluyente y justa, apoyando las reglas del mercado abierto y libre, sin abusos humanos, que prevenga fallas del mercado e incentive la innovación y el emprendedurismo de manera responsable y sostenible.
Reconocemos el carácter fundamental de la iniciativa privada en el proceso de desarrollo. No puede una sociedad repartir riquezas donde no existe producción ni inversión, por lo que se estimulará la actividad privada, siempre que esta no sea especulativa, y buscando en el breve plazo alcanzar el punto en que la usura deje de asfixiar a los hondureños.
Entendemos el trabajo como la fuente generadora de todas las riquezas de una sociedad, por lo que nos proponemos la construcción de una sociedad en la que el trabajo sea respetado, y permita el crecimiento en la calidad de vida y la seguridad de todos los miembros de la sociedad. El trabajo no es una limosna, es la acción transformadora de la realidad que nos ha de permitir multiplicar nuestras opciones de acceder a una vida plena.
Política exterior
La política exterior de la nueva república estará basada en la defensa de la soberanía e independencia, así como en principios de igualdad, solidaridad, respeto, reciprocidad y auto-determinación. A través de una política exterior definida por los intereses nacionales se promoverá la integración regional de Centroamérica y Latinoamérica para enfrentar juntos retos comunes.
PROGRAMA DEL GOBIERNO DE TRANSICIÓN DE LA ALIANZA DE OPOSICIÓN
“HONDURAS, UN NUEVO ESTADO: SOCIAL, DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO, AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS.”
1. Restitución del orden democrático. Consulta Popular: Habiendo hoy acuerdo entre todos los partidos con respecto al rompimiento del orden constitucional por el Golpe de Estado de 2009, convendrán igualmente los aliados en la obligación de restaurar ese orden. Proponemos para eso la reconstrucción de la Constitución de Honduras, un pacto social justo, mediante un proceso democrático y respetuoso. Es un compromiso fundamental de las fuerzas políticas y sociales que conforman la alianza, votar a favor de una Asamblea Nacional Constituyente y reconocer el mandato irrenunciable del Poder Ejecutivo y Legislativo electos en el marco de la Alianza de Oposición, que debe ser el primer acto del Gobierno de Transición y ejecutarse en el primer año de ese gobierno.
2. Justicia para autores intelectuales del asalto al Seguro Social. Solicitud de una CICIH. Para subsanar las debilidades y deficiencias que han estorbado el funcionamiento de la MACCIH se solicitará, por parte del Gobierno de la Alianza de Oposición a las Naciones Unidas el apoyo complementario para evolucionarla en una Comisión Internacional para el Combate de la Impunidad y la Corrupción en Honduras, (CICIH), la cual, en conjunto con los órganos hondureños encargados, y acompañada de la sociedad civil, apolítica y organizada, investigará todos los casos de corrupción fidedignos y asegurará el fin de la impunidad. Asimismo se implementarán programas permanentes de transparencia y acceso a la información en la administración pública.
3. Servicios de Salud universal y gratuita. El Gobierno de la Alianza garantizará el Acceso Universal a servicios de Salud Pública de calidad. De inmediato, se ordenará a las instituciones del Estado que proveen ese servicio reunirse para proponer --ellas mismas-- la forma en que se las fusionará y se distribuirán ese papel. Ninguna persona enferma tendrá necesidad de comprobar ninguna otra condición, contribución anterior o eventual, para recibir el auxilio oportuno de la Salud del Estado y los medicamentos necesarios para su mejora.
El Gobierno de Transición ejercerá de inmediato todas sus potestades para garantizar el acceso médico a todos los hondureños a nivel nacional, haciendo uso en principio de todo el personal médico existente en el país, sin discriminación de ninguna índole, y recurriendo al perfeccionamiento de acuerdos de cooperación que nos dé acceso a todo el personal requerido para que ningún hondureño ni hondureña padezcan por falta de atención primaria básica e inmediata.
Mediante la ejecución de acciones de emergencia, el Gobierno de Transición procederá a garantizar el suministro regular, viable y suficiente de medicamentos de alta calidad, para atender las necesidades básicas de la salud de los hondureños en todos los niveles.
Al mismo tiempo, se revisarán y corregirán todos los problemas de infraestructura causados por el abandono al que ha sido sometido deliberadamente nuestro sistema de salud, de forma que la red nacional sea perfeccionada y su cobertura sea nacional.
Proclamamos, que Nunca más un hondureño o hondureña perecerá por falta de dinero para pagar servicios médicos; la vida humana no tiene precio.
4. Educación. El Gobierno de la Alianza brindará educación gratuita y universal, y reinstaurará la Matrícula Gratis para el estudio. Ningún niño o padre de familia deberá pagar y ninguna autoridad o maestro podrá cobrar, bajo pena de destitución inmediata, por darle a un párvulo un sitial digno –igual a los demás- en el aula de clase. Los colegios públicos abrirán sus servicios a todos los graduados de básica que reúnan los requisitos académicos. Y las universidades públicas no podrán rechazar la primera matrícula a ningún graduado del sistema de educación secundaria. El Consejo Nacional de Educación se preocupará por garantizar la oferta de la educación especial apropiada que responda a la demanda y las necesidades sociales, la educación técnica, la educación artística y la educación informal para el trabajo.
4.a Se reestablecerán los derechos adquiridos por los Maestros, revirtiéndose toda legislación y política pública que afecte las históricas conquistas de los educadores de Honduras. Se promoverán y protegerán los derechos de los maestros que serán los encargados de sembrar las semillas de una nueva Honduras mediante una educación pública de calidad y cobertura universal. Se revisará la Ley del IMPREMA, para que responda a un bienestar sostenible del magisterio. Se garantizará el estricto cumplimiento del Estatuto del Docente y se fortalecerán los beneficios e incentivos del personal, y facilitará el acceso de los jubilados al sistema médico hospitalario del IHSS.
4.b Los maestros y maestras de Honduras tendrán como tarea suprema, tanto en el sector público como privado, la edificación de una sociedad que vive bajo valores éticos inquebrantables, resaltando la relevancia de las luchas de nuestros próceres, y reivindicando el honor y el orgullo patrios. Como sociedad estaremos obligados a escalar posiciones en los campos de la ciencia y la tecnología, lo que implica una amplia profundización en todas aquellas tareas que lleven al fomento constante del estudio, tanto del docente como del alumno.
Proclamamos nuestra posición irreductible de convertir a nuestro pueblo en una sociedad moderna, amante de la verdad y que profese sin ambigüedades su desprecio por la mentira, la manipulación, la calumnia, el chantaje y la extorsión como formas de dominación y explotación.
5. Se establecerá un Plan para Vivienda Digna que brinde acceso universal al techo y no solo al piso digno, quitándole facultades regulatorias a las instancias de segundo piso, agilizando el crédito que los bancos quieren ofrecer a los proyectos de vivienda social, con aval estatal a lo largo y ancho del país, de modo que el tiempo entre solicitud y aprobación, que hoy ronda los casi 200 días se reduzca a 20 días hábiles.
Este Plan deberá contar con la activa participación comunitaria y tendrá éxito gracias a toda la sociedad movilizada, basada en una profunda convicción solidaria de que cada ser humano debe vivir en un medio seguro que le permita tener privacidad, descansar, recrearse y aprender.
6. Ante la brutal violencia desatada y alimentada por el régimen, mediante los escuadrones de la muerte, el asocio con el crimen organizado, el narcotráfico, la militarización de las fuerzas de seguridad para perpetrar la represión y la persecución, la criminalización de la oposición y de los valientes sectores de la población que denuncian los abusos sistemáticos de los derechos humanos y la extracción criminal de los recursos naturales a costa de nuestros pueblos indígenas y nuestro medio ambiente. Ante el vil y cobarde asesinato de los más valiosos de nuestros activistas, de Bertha Cáceres, Margarita Murillo, Emo Sadloo, Isis Obed, Pedro Magdiel, de todos nuestros caídos, de nuestros mártires. Ante la inseguridad que todos los días mata a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes y mutila nuestro futuro.
Se ejecutará un Plan de Seguridad Comunitaria que se enfocará en la prevención del delito común, la delincuencia juvenil, la violencia doméstica y la extorsión. Ese plan se implementará mediante la organización civil comunitaria de los instrumentos de seguridad
pública. Las policías estarán a las órdenes de las comunidades organizadas y el Ministerio Público se comprometerá a defender los derechos de todos los ciudadanos(as), así como especialmente la seguridad de sus colaboradores, testigos e informantes. Se suprimirá a los escuadrones de la muerte.
Se eliminará el coercitivo tazón de seguridad y se publicarán todos los usos que se dé a los fondos del Estado. La política de Seguridad del Gobierno de la Alianza se basará en los siguientes principios básicos:
· Desmilitarización de la seguridad pública.
· Policía Comunitaria como garante de la seguridad del pueblo y por el pueblo.
· Respeto irrestricto y defensa de los DDHH por parte del Estado y sus fuerzas.
· Despolitización de los organismos de seguridad y justicia.
· Profesionalización de los cuerpos de seguridad.
· Coordinación eficiente entre las distintas agencias de seguridad pública.
· Controles internos autónomos que aseguren un aparato de seguridad libre de corrupción.
· Inteligencia civil con controles democráticos al abuso de poder.
· Defensa de fronteras, mares y territorio nacional.
· Recuperación de espacios públicos y territorio controlado por el crimen.
· Atención especial a grupos vulnerables afectados por el crimen y la violencia.
· Seguridad y educación vial para todos nuestros ciudadanos.
· Contra la extorsión, el crimen organizado y el lavado de activos, el Estado actuará con contundencia.
· La política de seguridad y justicia estará basada fundamentalmente en la prevención, la rehabilitación y la reinserción.
· La organización ciudadana por sectores para que apoye y supervise la actividad de los cuerpos de seguridad del Estado. La recuperación de la paz y la instauración de un ambiente social seguro debe ser u na actividad colectiva a nivel nacional, en el que tome parte la mayoría de la población.
7. Las personas sin ingresos regulares, muy pobres, NO pagarán por la electricidad ni por el agua potable, más que un óbolo, símbolo de su contribución. Y serán sus vecindarios (no las burocracias ni las instancias partidarias) que determinarán sus calificaciones para ese privilegio. Pero además todos los cobros por esos servicios básicos estarán sujetos a controles públicos y sociales, en ningún caso, podrán superar al promedio equivalente en los países de Centroamérica, sin importar el proveedor.
7.a Sistema de Solidaridad Social universal. Crear un programa de solidaridad humana para los hondureños y hondureñas en condiciones de exclusión y precariedad social, asimismo, sentar las bases para la creación de un Piso (Mínimo) de Protección Social que contribuya a erradicar la extrema pobreza.
Se establecerá un paquete de servicios esenciales: cuidados médicos, necesidades escolares, mejoramiento de vivienda, seguridad alimentaria y nutrición, espacios recreativos.
Se fortalecerán los actuales condicionamientos para la entrega de bonos: matriculación y mantenimiento de los niños y niñas en los centros educativos y control de niño sano.
Se potenciará la construcción de capacidades de la población sin acceso a oportunidades; el Sistema de Solidaridad Social universal, deberá estimular la formación práctica de hondureños y hondureñas en edad de trabajar e identificar oportunidades de empleo.
Se implementará un enfoque de fortalecimiento a la innovación de la capacidad productiva de las comunidades, destinando fondos de capital semilla que promuevan los proyectos productivos a escala local.
Incorporar en todos los niveles del sistema de protección social, la participación de la comunidad, con propósitos de auditoría, vigilancia y de medición de la transparencia de los procesos y de la gestión basada en resultados así como del impacto de los mismos.
8. Se cancelarán de inmediato --a través de la revisión de los contratos y concesiones por el Congreso Nacional-- los cobros por concepto de peajes en las carreteras que no tengan vías alternativas satisfactorias. Todas las carreteras construidas con recursos de donación de la comunidad internacional al pueblo de Honduras serán de uso gratuito.
9. Se reducirán los costos de los combustibles para que sean los más bajos de Centro América, mediante la reducción paralela del impuesto y de la ganancia de las distribuidoras. Se garantizará la protección de recursos naturales para la energía y se promoverá la energía alternativa sostenible y competitiva, en vez de las subsidiadas.
10. La prosperidad económica del país radica en la producción agropecuaria, hoy estancada. Mediante un Programa de Promoción de la Producción Agropecuaria, se dará acceso a créditos a los pequeños y medianos productores, certificados por sus organizaciones gremiales, con salvaguarda de sus patrimonios y con seguros para sus productos vegetales y animales. En el caso de la producción de alimentos para el consumo nacional, ese crédito será concesional y no podrá negarse a quien reúna las condiciones. El estado vigilará contra los coyotes y monopolios para asegurar un mercado funcional del producto y organizará con la Cooperación Internacional, la extensión técnica para apoyar a la producción del agro para el mercado mundial.
El Gobierno de la Alianza implementará un Modelo de Desarrollo Económico Alternativo basado en la democratización de la economía con el fortalecimiento de los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil /Privada y de Economía Social y Solidaria. Así mismo, elemento indispensable es el reconocimiento de la importancia fundamental de la participación inteligente del Estado en corregir las distorsiones del mercado y orientar la inversión en función de una convivencia armónica con el Ambiente. Nuestro Modelo promoverá activamente la equidad entre géneros, etnias, generaciones y territorios para poder edificar un Desarrollo Humano Sustentable.
La devaluación de nuestra moneda será detenida inmediatamente, y se harán las evaluaciones necesarias para encontrar una valoración justa de la misma, de modo que el régimen cambiario aporte seguridad al desarrollo, la inversión y a la sociedad. Dentro de esta idea, se prohibirán de inmediato los cobros de servicios en dólares, y aquellos contratos existentes antes de tal medida deberán ser renegociados en moneda nacional.
Las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito, así como las relaciones bilaterales para endeudamiento externo serán llevadas con ánimo constructivo, pero nunca con la disposición de sacrificar la soberanía patria, la población hondureña o el futuro de nuestras generaciones venideras.
11. Una Reforma Agraria Justa. Estarán salvaguardadas las propiedades productivas. A cambio de una renta normal, las tierras de vocación agrícola que --sin pretexto ni explicación de sus propietarios-- estuviesen ociosas y hubiesen estado ociosas por dos ciclos se pondrán en producción de inmediato por sus propietarios el estado creará incentivos por este objetivo
12. Se derogarán todas las prescripciones legales que castiguen en base a una culpa presunta. Y a través de un Nuevo Pacto Fiscal, se eliminarán los impuestos basados en imaginaciones, y los onerosos, racionalizando el régimen fiscal para establecer un sistema tributario progresivo, que asegure los fondos para el cumplimiento de las responsabilidades del estado. No pagarán impuestos los insumos de la producción de alimentos. Se reducirá al mínimo, para fines de registro, el impuesto a la venta de los productos de la canasta básica, y se elevarán -al doble de lo actual- los impuestos a la venta de productos suntuarios de importación, como las joyas, los perfumes y licores caros, tabacos refinados, telas ostentosas, los vehículos de lujo y las armas suntuosas.
13. El salario mínimo se indexará al costo de la canasta básica para asegurar que el primero sea superior al segundo, siempre. Inmediatamente. Y, a menos que se demuestren circunstancias atenuantes sustanciales o compensaciones equivalentes.
14. Todos los trabajadores, sin excepción estarán protegidos por Código de Trabajo, excepto aquellos que se encuentran bajo regímenes especiales de cobertura. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables y sus prestaciones laborales inalienables; en consecuencia, ningún contrato estará por encima del Código del Trabajo vigente. Los empleadores que no estén afiliados a un régimen de aportaciones obligatorias, pondrán los pasivos laborales de sus operaciones a salvo, en planes de ahorro para sus empleados según una ruta que debe pactarse entre ambas partes.
El Gobierno de Transición, además de derogar inmediatamente la Ley de Trabajo Temporal, deberá iniciar los estudios necesarios para iniciar el proceso de formulación de un nuevo Código del Trabajo, y remitirá sus resultados a la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente.
15. Implementación del referéndum revocatorio para el cambio de la actual Corte Suprema de Justicia y la modificación del sistema de selección de los magistrados, su
inamovilidad y permanencia en el cargo; la anulación del Decreto Legislativo de Amnistía y el inicio de investigaciones contra quienes utilizaron las armas y asesinaron.
16. La Alianza propone la derogación de la ley de empleo por hora, ley del tazón, ley de secretos, ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ley de escuchas dependiente del Poder Ejecutivo, la entrega del territorio a través de las ZEDES, la ley de COALIANZA, los fideicomisos lesivos a la gente y al Estado como los de la ENEE y las carreteras; las leyes que concentran el poder en el Presidente de la República; los paquetazos que han quintuplicado los impuestos y empobrecido las mayorías; las ilegales concesiones sobre los recursos naturales: ríos, minas y otras.
17. Cultura para todos. Una política pública cultural que garantice el acceso y la promoción de la cultura. En el proceso de reconstrucción de la institucionalidad del Estado, se restablecerán los organismos que rigen las políticas culturales y artísticas de la nación desde el Estado, asegurando que tales estrategias garanticen la investigación, la creación y la promoción de la identidad como columna vertebral del nuevo Estado.
Nota: La presente es una propuesta programática de la Alianza de Oposición a partir de la cual se desarrollará un Plan de Gobierno que propondrá mediante un marco lógico los pasos concretos para ejecutar las propuestas planteadas a través de actividades y acciones específicas, monitoreando y evaluando dicha ejecución de acuerdo a indicadores medibles y resultados obtenidos.
Anexos y Coordinación:
· Mecanismos de coordinación de la Alianza entre partidos y sectores sociales.
· Comisión Ejecutiva Nacional, subcomisiones.
Tegucigalpa, MDC 17 de Mayo de 2017.
Salvador Nasralla Xiomara Castro de Zelaya
Candidato Presidencial Candidata Presidencial
Partido Anticorrupción (PAC) Partido Libertad y Refundación “libre”
Guillermo Enrique Valle Marichal
Candidato Presidencial
Partido Innovación y Unidad PINU-SD
José Manuel Zelaya Rosales
Ex presidente Constitucional 2006-2010
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