Por: Redacción CRITERIO
Mayo 17,2017 / redaccion@criterio.hn / Tegucigalpa.-
El cuerpo de abogados que le ha estado dando seguimiento al asesinato de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, denunció la mañana de este miércoles que los autores intelectuales de este crimen mantienen sometida a la justicia hondureña.
Los
profesionales del derecho, que son parte del Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia (AMDJ), se presentaron ante el Ministerio Público
y junto a los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Cáceres, presentaron un
escrito mediante el cual hacen varios señalamientos.
¿Hasta
cuándo terminará el abuso e impunidad del Ministerio Público y el Poder
Judicial en la causa Berta Cáceres? ¿Tanto poder tienen los autores
intelectuales de este crimen que someten abiertamente al sistema de
justicia sin que no pase nada?, dice el texto que los denunciantes
presentaron ante la Fiscalía y que leyeron ante los medios de
comunicación.
A continuación el texto de la denuncia
¿Hasta
cuándo terminará el abuso e impunidad del Ministerio Público y el Poder
Judicial en la Causa Berta Cáceres? ¿Tanto poder tienen los autores
intelectuales de este crimen que someten abiertamente al sistema de
justicia sin que no pase nada?
El
equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ), representante judicial de las hijas, hijo y madre de Berta
Cáceres, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH) a la opinión pública nacional e internacional
informa y reitera su denuncia en torno a:
Desde que
se ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro, el 02 de
marzo de 2016, somos parte en el proceso investigativo y judicial bajo
la figura del acusador privado. El equipo de abogados que ostenta la
representación de la víctimas ha pedido, reiterada y celosamente, acceso
a la investigación sobre el crimen, hemos aportado información y se ha
solicitado que se ejerzan acciones contra: autores intelectuales,
empresas promotoras y la banca nacional e internacional que financia
proyectos hidroeléctricos que han sido relacionados con amenazas,
hostigamientos y el asesinato de Berta Cáceres, especialmente la empresa
DESA que es beneficiaria de la concesión del Río Gualcarque.
El
Ministerio Público y los tribunales de la república deliberada e
ilegalmente, hasta la fecha, siguen negando el acceso a información
básica sobre la investigación del crimen. Desde la primera audiencia
inicial, desarrollada el 06 de mayo de 2016, y en las consecutivas de
distintas fechas, solicitamos se pusiera a nuestra disposición la
información en la que se sustenta el dictamen sobre vaciados e
intervención a los teléfonos de las personas relacionadas con el crimen.
El Tribunal que conoce la causa ordenó que se entregara la información,
sin embargo, hasta la fecha, la información ha sido negada.
Hemos
solicitado al Ministerio Público, entre otras cosas, nos entregue los
resultados de los análisis efectuados a las evidencias encontradas en
los allanamientos y registros practicados a las oficinas de la empresa
DESA y a la vivienda de varios de los imputados. También le pedimos al
MP nos explicara por qué no se decomisaron varios documentos y mucha
otra información que se encontraba dentro de las oficinas de la referida
empresa relacionada con la concesión del río Gualcarque, de igual nos
explicaran por qué limitaron nuestro derecho a participar en los
allanamientos y ejercer rol que nos corresponde en esos actos, pese a
que nos habíamos personado en la causa. Hasta la fecha, tampoco tenemos
respuesta alguna.
La
audiencia preliminar iniciada el 19 abril de 2017, la cual tuvo como
observadores a varias organizaciones de derechos humanos y
representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, fue
suspendida porque el mismo tribunal que conoce la causa y el Ministerio
Público reconocieron que habían incumplido con el deber de entregar
información a las víctimas, para que a través de su equipo de abogados
sostuvieran la acusación en contra de los imputados. El mismo juzgado
dispuso que el 28 de abril de 2017 se entregaría la información y que el
24 de mayo continuaría la audiencia preliminar. Hemos sido diligentes
en ofrecer pagar los costos para el acceso a esta información
(fotocopias, traslado de instrumentos y equipo) , sin embargo, hasta la
fecha, ni el Tribuna, l ni el Ministerio Público han cumplido y parecen
determinados a no cumplir con su deber de entregar la información, por
lo cual denunciamos estas tácticas dilatorias que generan más impunidad.
En este
contexto de abuso y de impunidad institucional, cumplimos con nuestro
deber de informar que nos reconocemos impotentes ante los abusos de esta
institucionalidad, revictimizados y cada vez más alarmados del enorme
poder que tienen los grupos económicos-criminales que ordenaron el
asesinato de Berta Cáceres. Pareciera que, por ahora, no hay ninguna
fuerza capaz de romper con el pacto de impunidad institucional que
cobija a los autores intelectuales de este crimen.
No
obstante, ratificamos nuestro compromiso de agotar todas las instancias
para que los responsables de este crimen no queden impunes. También nos
comprometemos a demandar justicia en contra de los funcionarios que hoy,
de distintas maneras, por acción y por omisión, pretenden garantizar
impunidad a la estructura criminal que mandó a asesinar a Berta Cáceres.
A la comunidad nacional e internacional, solicitamos activa solidaridad en la demanda de justicia frente a este crimen.
Basta de impunidad. Justicia para Berta ya.
Mayo de 2017
http://criterio.hn/2017/05/17/denuncian-autores-intelectuales-del-crimen-berta-caceres-mantienen-sometida-la-justicia-hondurena/
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