Por defensores -
15 de diciembre de 2016
Honorable John Kerry
Secretario de Estado
Departamento de Estado de los EE.UU.
2201 C Street, NW
Washington, D.C. 20520
Estimado Secretario Kerry:
Le escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto a la grave situación de los derechos humanos y el deterioro continuo del estado de derecho en Honduras. Estamos preocupados particularmente por la certificación del Departamento de Estado del 30 de septiembre de 2016, afirmando que el gobierno de Honduras ha cumplido con las condiciones puestas por el Congreso sobre el 50 porciento de la ayuda a Honduras para el año fiscal 2016, y pedimos que usted revoque esa certificación.
Como usted sabe, la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2016 requirió que el Departamento de Estado investigara y reportara si el gobierno central de Honduras está tomando pasos efectivos para “combatir la corrupción, incluyendo investigar y enjuiciar a oficiales del gobierno señalados por ser corruptos”, para implementar políticas para “mejorar la transparencia y fortalecimiento de las instituciones públicas” incluyendo la independencia de la rama judicial, e “investigar y enjuiciar en el sistema de justicia civil a los miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales sospechados de haber violado los derechos humanos, y asegurar que los militares y la policía estén colaborando en tales casos.” También se ha requerido que el gobierno tome pasos efectivos para crear una fuerza policial que rinda cuentas y “reducir el papel de los militares en la policía doméstica”. Si están ausentes estos hallazgos y una certificación del Departamento de Estado, el Congreso requiere que la agencia retenga el 50 porciento del financiamiento en ayuda exterior a Honduras.
Creemos que el Departamento del Estado se equivocó en certificar el cumplimiento de Honduras con estos requisitos. Hay evidencia significativa de que la impunidad, la corrupción y la violación de los derechos humanos continúan sin disminución en Honduras. Por ejemplo, el Presidente Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional que está de turno han admitido que robaron fondos del Servicio Nacional de la Salud y que desviaron estos fondos hacia las arcas de campaña para las elecciones del 2013; sin embargo, el Fiscal General no les ha enjuiciado. Se ha documentado que violaciones graves a derechos humanos se han cometido en el caso de Héctor Iván Mejía, el Director de Organización, Adiestramiento y Operaciones de la Policía Nacional hondureña (la tercera posición más alta) y él que sigue en su mando. Recientemente, un capitán de los Fuerzas Armadas de Honduras y anteriormente un informante de la DEA ha alegado que el Ministro de la Defensa, Samuel Reyes, es narcotraficante.
Aunque se está exhibiendo con mucha fanfarria una aparente limpieza de la policía, la misma comisión de depuración incluye a un líder del golpe de estado del 2009. La comisión reporta que se han destituido a cientos de miembros aparentemente corruptos, ningún caso de ellos (a la fecha de hoy) ha sido enviado al Ministerio Público para la prosecución.
Se sigue socavando la independencia judicial, lo que contribuye a la mayor impunidad. En febrero del 2016, el Congreso de Honduras eligió una nueva Corte Suprema en un proceso que ampliamente fue denunciado por ser ilegal y por falta de transparencia. En octubre, el gobierno anunció que no restaurará a cuatro jueces que fueron ilegalmente despedidos porque públicamente expresaron su oposición al golpe de estado, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su reinstalación. En el mismo mes, el Congreso de Honduras nombró a una nueva corte anti-corrupción en un proceso ampliamente criticado.
El papel de los militares en la policía doméstica también se sigue expandiendo en violación de la Constitución Hondureña. En agosto de 2016, el gobierno anunció la creación de dos batallones adicionales de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que responde al mando militar, pero desempeña funciones domésticas policiales. Los grupos de derechos humanos han documentado múltiples graves violaciones de los derechos humanos por parte de la PMOP y con impunidad. En otro alarmante ejemplo de la expansión militar en la policía doméstica, la importante fuerza FUSINA combina agencias civiles y militares, incluyendo a la policía normal, en un solo cuerpo bajo la supervisión militar.
Además de los requerimientos previamente mencionados, notamos que la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2016 también ordenó que el gobierno central de Honduras creara una “entidad autónoma que rinde cuentas al público y provee vigilancia” al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte; implementa políticas que garanticen la consulta con comunidades locales afectadas y con grupos de sociedad civil, incluyendo los grupos indígenas, en cualquier actividad del plan; mejorar la transparencia; colaborar con las comisiones contra la impunidad y los grupos regionales para los derechos humanos; y proteger el derechos de la oposición política, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y de otros activistas de la sociedad civil para poder operar sin ninguna interferencia.
Sin embargo, no se ha puesto en marcha ninguna instancia de monitoreo. De hecho, una nueva “Ley de Secretividad” que sella los records del gobierno ha dramáticamente disminuido la transparencia. Además, el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en marzo de 2016 da realce al fracaso ilegal y constante del gobierno en consultar con los grupos indígenas y afro-indígena sobre la construcción de represas hidroeléctricas y otros proyectos de desarrollo. Además, se sigue amenazando la libertad de activistas como Cáceres cuando ejercen derechos civiles básicos, a menudo en forma fatal. El mismo Presidente Hernández repetidamente y públicamente ha acusado a los defensores de los derechos humanos de socavar el país. Todavía el gobierno no ha implementado una ley, aun notablemente débil, que fue diseñada para proteger a los defensores de los derechos humanos.
El gobierno ha fracasado en cumplir con una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la protección de más de 300 hondureños. Esto ilustra el fracaso sostenido del gobierno de Honduras en colaborar con los grupos regionales de derechos humanos, tal como es requerido por el Congreso. La nueva Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), formado por la Organización de Estados Americanos en el 2015, ha reportado que el gobierno de Honduras no ha aprobado la nueva legislación que esta entidad había recomendado y que el gobierno no colabora con ella.
Finalmente, nos preocupa una declaración reciente en la cual el Departamento de Estado declara que los EE.UU. no se opone a la reelección presidencial en Honduras aunque la Constitución de Honduras específicamente prohíbe la reelección y aún más considera como acto criminal que el presidente de turno abogue por ella. Al emitir esta declaración a pocos días después de que el presidente de Honduras había anunciado su candidatura para la reelección, el Departamento de Estado demuestra una preocupante falta de respeto por el estado de derecho en Honduras y simultáneamente apoya una administración con una larga trayectoria de socavar el estado de derecho.
Le pedimos revocar inmediatamente la certificación del 50 porciento de los fondos alocados bajo la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2016 que están sujetos al cumplimiento con las condiciones necesarias para los derechos humanos. En términos más amplios, le pedimos que repiense el apoyo de los EE.UU. a un gobierno con una larga y establecida trayectoria de violaciones a los derechos humanos y la concertada falta de respeto para el estado de derecho.
Sinceramente,
Miembros del Congreso
http://defensoresenlinea.com/lucha-contra-la-corrupcion-e-impunidad-en-honduras/
Secretario de Estado
Departamento de Estado de los EE.UU.
2201 C Street, NW
Washington, D.C. 20520
Estimado Secretario Kerry:
Le escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto a la grave situación de los derechos humanos y el deterioro continuo del estado de derecho en Honduras. Estamos preocupados particularmente por la certificación del Departamento de Estado del 30 de septiembre de 2016, afirmando que el gobierno de Honduras ha cumplido con las condiciones puestas por el Congreso sobre el 50 porciento de la ayuda a Honduras para el año fiscal 2016, y pedimos que usted revoque esa certificación.
Como usted sabe, la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2016 requirió que el Departamento de Estado investigara y reportara si el gobierno central de Honduras está tomando pasos efectivos para “combatir la corrupción, incluyendo investigar y enjuiciar a oficiales del gobierno señalados por ser corruptos”, para implementar políticas para “mejorar la transparencia y fortalecimiento de las instituciones públicas” incluyendo la independencia de la rama judicial, e “investigar y enjuiciar en el sistema de justicia civil a los miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales sospechados de haber violado los derechos humanos, y asegurar que los militares y la policía estén colaborando en tales casos.” También se ha requerido que el gobierno tome pasos efectivos para crear una fuerza policial que rinda cuentas y “reducir el papel de los militares en la policía doméstica”. Si están ausentes estos hallazgos y una certificación del Departamento de Estado, el Congreso requiere que la agencia retenga el 50 porciento del financiamiento en ayuda exterior a Honduras.
Creemos que el Departamento del Estado se equivocó en certificar el cumplimiento de Honduras con estos requisitos. Hay evidencia significativa de que la impunidad, la corrupción y la violación de los derechos humanos continúan sin disminución en Honduras. Por ejemplo, el Presidente Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional que está de turno han admitido que robaron fondos del Servicio Nacional de la Salud y que desviaron estos fondos hacia las arcas de campaña para las elecciones del 2013; sin embargo, el Fiscal General no les ha enjuiciado. Se ha documentado que violaciones graves a derechos humanos se han cometido en el caso de Héctor Iván Mejía, el Director de Organización, Adiestramiento y Operaciones de la Policía Nacional hondureña (la tercera posición más alta) y él que sigue en su mando. Recientemente, un capitán de los Fuerzas Armadas de Honduras y anteriormente un informante de la DEA ha alegado que el Ministro de la Defensa, Samuel Reyes, es narcotraficante.
Aunque se está exhibiendo con mucha fanfarria una aparente limpieza de la policía, la misma comisión de depuración incluye a un líder del golpe de estado del 2009. La comisión reporta que se han destituido a cientos de miembros aparentemente corruptos, ningún caso de ellos (a la fecha de hoy) ha sido enviado al Ministerio Público para la prosecución.
Se sigue socavando la independencia judicial, lo que contribuye a la mayor impunidad. En febrero del 2016, el Congreso de Honduras eligió una nueva Corte Suprema en un proceso que ampliamente fue denunciado por ser ilegal y por falta de transparencia. En octubre, el gobierno anunció que no restaurará a cuatro jueces que fueron ilegalmente despedidos porque públicamente expresaron su oposición al golpe de estado, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su reinstalación. En el mismo mes, el Congreso de Honduras nombró a una nueva corte anti-corrupción en un proceso ampliamente criticado.
El papel de los militares en la policía doméstica también se sigue expandiendo en violación de la Constitución Hondureña. En agosto de 2016, el gobierno anunció la creación de dos batallones adicionales de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que responde al mando militar, pero desempeña funciones domésticas policiales. Los grupos de derechos humanos han documentado múltiples graves violaciones de los derechos humanos por parte de la PMOP y con impunidad. En otro alarmante ejemplo de la expansión militar en la policía doméstica, la importante fuerza FUSINA combina agencias civiles y militares, incluyendo a la policía normal, en un solo cuerpo bajo la supervisión militar.
Además de los requerimientos previamente mencionados, notamos que la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2016 también ordenó que el gobierno central de Honduras creara una “entidad autónoma que rinde cuentas al público y provee vigilancia” al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte; implementa políticas que garanticen la consulta con comunidades locales afectadas y con grupos de sociedad civil, incluyendo los grupos indígenas, en cualquier actividad del plan; mejorar la transparencia; colaborar con las comisiones contra la impunidad y los grupos regionales para los derechos humanos; y proteger el derechos de la oposición política, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y de otros activistas de la sociedad civil para poder operar sin ninguna interferencia.
Sin embargo, no se ha puesto en marcha ninguna instancia de monitoreo. De hecho, una nueva “Ley de Secretividad” que sella los records del gobierno ha dramáticamente disminuido la transparencia. Además, el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en marzo de 2016 da realce al fracaso ilegal y constante del gobierno en consultar con los grupos indígenas y afro-indígena sobre la construcción de represas hidroeléctricas y otros proyectos de desarrollo. Además, se sigue amenazando la libertad de activistas como Cáceres cuando ejercen derechos civiles básicos, a menudo en forma fatal. El mismo Presidente Hernández repetidamente y públicamente ha acusado a los defensores de los derechos humanos de socavar el país. Todavía el gobierno no ha implementado una ley, aun notablemente débil, que fue diseñada para proteger a los defensores de los derechos humanos.
El gobierno ha fracasado en cumplir con una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la protección de más de 300 hondureños. Esto ilustra el fracaso sostenido del gobierno de Honduras en colaborar con los grupos regionales de derechos humanos, tal como es requerido por el Congreso. La nueva Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), formado por la Organización de Estados Americanos en el 2015, ha reportado que el gobierno de Honduras no ha aprobado la nueva legislación que esta entidad había recomendado y que el gobierno no colabora con ella.
Finalmente, nos preocupa una declaración reciente en la cual el Departamento de Estado declara que los EE.UU. no se opone a la reelección presidencial en Honduras aunque la Constitución de Honduras específicamente prohíbe la reelección y aún más considera como acto criminal que el presidente de turno abogue por ella. Al emitir esta declaración a pocos días después de que el presidente de Honduras había anunciado su candidatura para la reelección, el Departamento de Estado demuestra una preocupante falta de respeto por el estado de derecho en Honduras y simultáneamente apoya una administración con una larga trayectoria de socavar el estado de derecho.
Le pedimos revocar inmediatamente la certificación del 50 porciento de los fondos alocados bajo la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2016 que están sujetos al cumplimiento con las condiciones necesarias para los derechos humanos. En términos más amplios, le pedimos que repiense el apoyo de los EE.UU. a un gobierno con una larga y establecida trayectoria de violaciones a los derechos humanos y la concertada falta de respeto para el estado de derecho.
Sinceramente,
Miembros del Congreso
http://defensoresenlinea.com/lucha-contra-la-corrupcion-e-impunidad-en-honduras/
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