El comisionado del IAIP, Damián Pineda, mientras ofrecía la conferencia de prensa.
Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn 5 octubre, 2015
TEGUCIGALPA.-
El Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) podría ser
sancionado con una multa de hasta 370.000 lempiras si persiste en su
negativa de entregar información sobre sus operaciones financieras y
administrativas, advirtió el Instituto de Acceso a la Información
Pública (IAIP).
La
advertencia la hizo el IAIP tras declarar al IPP institución obligada a
ofrecer información pública debido a que el organismo recibe fondos
del Estado.
La
directiva del Instituto de Previsión de los periodistas se ha negado
reiteradamente a entregar información solicitada por afiliados sobre la
gestión institucional, como es el caso de los dos últimos estudios
actuariales del sistema, vitales para saber acerca de la sostenibilidad
del Instituto, amparándose en una interpretación de la ley del IPP que
los exime de la fiscalización externa.
La decisión de obligar al IPP a entregar la información solicitada por el periodista Gustavo Palencia, fue adoptada por el IAIP tras comprobar que el órgano de jubilación de los periodistas recibe por ley fondos públicos y por tanto es una institución obligada a atender las peticiones de información.
“Debido a que el Instituto de Previsión de los Periodistas recibe
fondos del Estado, son sujetos obligados de la ley de Transparencia y se
les ha requerido para que entreguen la información solicitada y que se
han negado a suministrar hasta ahora”, dijo en una conferencia de prensa
el Comisionado del IAIP, Damián Pineda.
El
funcionario aseguró que el gerente, Omar Calderón, y el IPP se someten a
sanciones administrativas y multas si se niegan a acatar la resolución
del IAIP dirigida a que entreguen la información solicitada u otra que
se requiera en el futuro.
“El
reglamento de sanciones establece multas, llamados de atención si es
por primera; si es por segunda vez que no hace caso a los requerimientos
hay una sanción que va desde medio salario mínimo (3.700 lempiras)
hasta 50 salarios mínimos (370.000 lempiras) si no responden” al
requerimiento, agregó el Comisionado.
El
IPP recibió del Estado entre 1987 y 2013, un monto de 53.2 millones de
lempiras en aportaciones establecidas en la ley de creación del
Instituto de Previsión Social de los Periodistas. El ente captó del
Estado en promedio en los últimos 14 años 2.3 millones anuales, según
informes del mismo IPP.
El
gobierno del presidente Juan Hernández ha consignado fondos en los
presupuestos nacionales del 2014 y 2015 para aportar al IPP, pero la
junta directiva del Instituto, violentando la ley, no ha requerido los
fondos debilitando así la viabilidad financiera del sistema de previsión
de los periodistas.
La
Ley de Acceso a la Información Pública establece que son instituciones
obligadas a ofrecer información al público, además de los tres poderes
del Estado, los entes autónomos y descentralizados y las alcaldías, los
organismos privados de desarrollo y en general todas aquellas personas
naturales o jurídicas que reciban o administren fondos públicos.
Gerente se niega a recibir requerimiento de IAIP
Un
funcionario del IAIP intentó entregar el viernes pasado un
requerimiento al gerente del IPP, Omar Calderón, pero éste se negó a
recibirlo, alegando que a quien se le debe entregar es al presidente de
la junta directiva, Edwin Natividad Romero.
Calderón
recibió anteriormente del IAIP las notificaciones previas de este
organismo sobre el recurso presentado por el periodista al que se le
negaba la información.
El IPP a partir de la entrega del requerimiento tiene tres días para entregar la información al peticionario o al IAIP.
Los directivos del IPP en su perseverante evasión de la fiscalización externa de las operaciones financieras del ente, incluso han desistido ilegalmente de retirar, a partir del 2014, las aportaciones del Estado pretendiendo evadir una nueva ley que obliga a los entes de previsión que reciben fondos públicos a someterse a la fiscalización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
La
abusiva determinación de la junta directiva del IPP de abstenerse de
requerir las aportaciones estatales establecidas en la ley de creación
del ente, erosiona la capacidad financiera del sistema de ofrecer una
pensión por jubilación digna a los periodistas, que es el principal
objetivo de su operación.
Las
aportaciones del Estado desde 1987 a 2013 sumaron 53.2 millones de
lempiras, cantidad que permitió en esos años pagar los seguros de vida y
hospitalario, el auxilio funerario y más de un 50 por ciento de las
jubilaciones y pensiones por invalidez.
http://criterio.hn/el-ipp-sera-sancionado-si-no-entrega-informacion/
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