AP |
Se cayó la cúpula de gobierno ¿y ahora qué?
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Con
132 votos a favor y ninguno en contra -difícil para los diputados
enfrentarse a una pasada de cuenta política que les propinaría el pueblo
el próximo domingo electoral- el Congreso retiró ayer la inmunidad
parlamentaria al presidente Otto Pérez Molina, abriendo el camino
para que los órganos impartidores de justicia procedan penalmente
contra él por delitos de corrupción. Las calles de Guatemala explotaron
en júbilo.
Para el Ministerio Público (MP) y la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig) no hay duda alguna de la relación directa entre Pérez Molina, su vicepresidenta dimisionaria -ya detenida- Roxana Baldetti, decenas de funcionarios públicos, y el sistema de corrupción de La Línea
.
Una
red paralela -liderada por el mismo Pérez Molina y Baldetti- que
operaba en siete aduanas del país, y que ofrecía a los importadores de
bienes la posibilidad de simular documentos y pagar menos impuestos, a
cambio de jugosas coimas.
El desfalco aduanero amontaría a unos 130 millones de dólares anuales, en un país que es entre los más pobres de la región.
Pobreza profunda
De
acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), la FAO y el PNUD, Guatemala es el tercer país de Latinoamérica
con más porcentaje de la población bajo la línea de pobreza (54,8%), y
el primero en cuanto a desnutrición crónica. La pobreza multidimensional
alcanza casi el 71% de la población.
Actualmente,
más de 3 millones de personas viven en situación de hambre. La
población indígena-campesina es la que presenta los mayores niveles de
desnutrición, alcanzando niveles casi del 80%. Según la Encuesta
Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) del 49,8% de niñez desnutrida
crónica total a nivel nacional, el 65,9% es indígena y el 58,6% se
encuentra en el área rural.
Después
de Paraguay, El Salvador y Bolivia, Guatemala es el país más desigual
de Latinoamérica con un Índice de Gini de 0,628. Más de la mitad de la
población del país es campesina, pero solamente el 2% de los productores
concentra el 56,6% de la tierra, mientras que el 45,2% de productores
solo accede al 3%. Desde hace décadas, Guatemala mantiene un Gini de
acceso a tierra de 0.84, cercano a la exclusión total.
La
Tercera Misión Internacional sobre el derecho a la alimentación en
Guatemala (noviembre 2014) detalló, en su informe preliminar, que “la
tendencia de la agudización del hambre se enlaza con la imposición de un
modelo económico dependiente y orientado a la expulsión de la población
indígena-campesina en el medio rural, con el objetivo de implantar
proyectos agrícolas enfocados a la exportación y/o proyectos
extractivos”.
¿Qué viene ahora?
La
noticia de que el Congreso había despojado a Pérez Molina de su
inmunidad fue recibida con júbilo por las miles de personas que, una vez
más, llenaron el Parque Central de la capital guatemalteca y las calles
del país.
El
21 de agosto pasado, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti -había
renunciado a su cargo en mayo- fue capturada por orden del juzgado de
Mayor Riesgo B, por los delitos de asociación ilícita, caso especial de
estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Ese
mismo día, por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, el
Ministerio Público y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio
contra el presidente Otto Pérez Molina.
El
27 de agosto, 16 estados de los 22 que integran Guatemala se sumaron a
una jornada de Paro Cívico Nacional convocada por la Asamblea Social y
Popular y otros espacios.
Días
después, los integrantes de la Comisión Pesquisidora recomendaron al
pleno del Congreso retirarle la inmunidad al presidente Pérez Molina,
por considerar que existían suficientes indicios de su participación en
la estructura criminal de la “La Línea”.
El voto de ayer de los 132 diputados ratificó la intención de someter al presidente guatemalteco a los tribunales de justicia.
“Lo
que ocurrió ayer es el resultado de una movilización y un levantamiento
social y popular que tiene muy pocos precedentes en la historia de
Guatemala, y que ha sabido reunir tanto a los pueblos indígenas y
campesinos, como al sector urbano y la clase media guatemalteca”, dijo a
la LINyM, Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC).
“Y
no se trata solamente de haber retirado la inmunidad a un presidente
responsable de actos de corrupción, sino también a un ex general del
ejército que encabezó el genocidio en el norte del país y al jefe de un
gobierno que no ha parado de entregar nuestro territorio y nuestros
recursos a las transnacionales, criminalizando y reprimiendo la
resistencia popular”, agregó.
Si
bien Guatemala está celebrando “una nueva Primavera”, para Pascual eso
no es suficiente. Ni las elecciones del próximo domingo (6/9)
resolverían la grave crisis social, económica y política que enfrenta el
país.
“El
Estado está en bancarrota, los partidos políticos están totalmente
deslegitimados y la victoria electoral está siendo disputada por
partidos de extrema derecha que representan a la oligarquía criolla. Con
las elecciones quieren oxigenar a este sistema y apagar el descontento
social”, explicó Pascual.
Es
por eso que un nutrido grupo de organizaciones está exigiendo que el
nuevo gobierno sea de transición, y que lleve a Guatemala hacia un
proceso constituyente.
Proceso electoral
Más
de 7.5 millones de guatemaltecos serán llamados a renovar los cargos de
presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento
Centroamericano y 338 corporaciones municipales para el periodo
2016-2020.
De
acuerdo con las últimas encuestas, ningún candidato lograría una
victoria en primera vuelta. Los dos primeros estarían enfrentándose en
un balotaje previsto para el 25 de octubre.
Manuel Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada (LÍDER), encabeza las encuestas con un 25% de las preferencias, seguido por Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN) con el 16% y la ex primera dama Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el 14%. Muy rezagado con un 2,5% queda el candidato oficialista Mario David García.
“La
Asamblea Constituyente que queremos debe ser multisectorial y
plurinacional, y debe promover una reforma profunda del Estado, la
creación de una nueva Constitución y la fundación de un Estado
Plurinacional, por la naturaleza y las características de nuestro país”,
dijo el coordinador nacional del CUC.
“El
pueblo estaba hundido en un sueño que parecía eterno, pero el despertar
de la gente, de la juventud, de las mujeres, ha generado una gran
esperanza. El país está viviendo un gran momento político en términos de
fundar un Estado que sea para todos y todas.
Ahora
necesitamos que se castiguen los responsables de la corrupción, que se
recuperen los miles de millones robados, y que se reforme la Ley
Electoral y de Partidos Políticos. Vamos a necesitar de mucha energía
para continuar la batalla”, concluyó Pascual.
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