Nueve de cada diez hondureños y hondureñas no tienen ninguna confianza en el sistema de administración de justicia de Honduras. Desde que un embajador norteamericano parodió que “en este país la justicia era una serpiente que solo mordía a los descalzos”, la situación, en vez de mejorar, ha venido empeorando de manera acelerada.
Las estadísticas no son mejores incluso al interior de la misma Corte Suprema de Justicia, donde nueve de quince magistrados, en carta pública, denunciaron la intervención vergonzosa del Consejo de la Judicatura en los asuntos jurisdiccionales propios de los jueces.
¿Qué pasa con la justicia en Honduras? Simple: Lejos de ser un poder del Estado independiente, el Poder Judicial está sometido al poder político. En un hecho sin precedentes de ilegalidad y desvergüenza, se destituyó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se adelantó el nombramiento del Fiscal General del Estado y del Consejo de la Judicatura, se ha prometido reelección a algunos magistrados o, lo que es peor, se habla de dejar la misma Corte Suprema de Justicia, el resultado: Un Poder Judicial totalmente politizado y sin ninguna credibilidad.
Durante 20 años nuestra sociedad, en un consenso necesario, se dedicó a tratar de mejorar la justicia en Honduras, se reformó la Constitución, se dictó un nuevo Código Procesal Penal, se estableció un nuevo procedimiento para elegir magistrados y magistradas, se capacitó a jueces, fiscales, litigantes y docentes, se dictó la Ley del Consejo de la Judicatura, recibimos apoyo de expertos internacionales y países amigos, se aumentaron presupuestos ¡CUÁNTO ESFUERZO! Todo terminó cuando desde el poder político, se decidió que se necesitaba tener el control del Sistema de Administración de Justicia.
Los jueces honestos y docentes, ruegan al cielo y bajan todos los santos, pidiendo que no les llegue un “juicio de alto impacto”, pues saben que la orden superior les exigirá que actúen conforme los intereses políticos, se les ordenará que cometan SICARIATO JUDICIAL. No importa cuántos años de carrera judicial tengan, ni su hoja limpia de servicio, ni las capacitaciones y profesionalización alcanzadas, ni el respeto y estima de los demás colegas y litigantes, ni el aprecio que la sociedad haga de ellos, frente a la orden superior tienen que decidir entre ser JUECES o convertirse en SICARIOS. El Consejo de la Judicatura, se encarga de reclutar y premiar a los SICARIOS y de “depurar”, suspender, trasladar o despedir a los jueces honestos.
Con asombro e indignación hemos presenciado que muchos jueces, han sido suspendidos sin justa causa, solo por no acatar la orden superior. Primero fue suspendida la jueza Nelly Martínez, después la jueza María Dolores López y el juez Melvin Bonilla, denunció estos hechos y ofreció su renuncia, antes de ser suspendido, voces a las que se unen las denuncias del juez Gustavo Escoto de Nacaome y la del presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, el juez Mario Díaz. No importa que la ley señale con claridad que el juzgamiento de los delitos corresponde a jueces independientes e imparciales sometidos únicamente a la Constitución y a la ley. Mientras tanto, el Ministerio Público encargado de investigar y corregir estos abusos, continúa guardando un silencio cómplice. No es casualidad que el gobierno de Honduras esté demandando y será condenado por violación a la independencia judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo ocurrido recientemente con el periodista David Romero Ellner, solo nos recuerda lo que sentenció el poeta y abogado guatemalteco en plena guerra, en la década perdida de los ochentas: “Cuando se pierde la fe en las leyes y en quienes las aplican, solo quedan las medidas de hecho”. No debemos permitir que continúen destruyendo la institucionalidad democrática del Estado.
Nos unimos al clamor de la sociedad hondureña porque se instale la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIH y llamamos a todos los hombres y mujeres de buenas voluntad, para que no dejemos de luchar, que al igual que estos magistrados y jueces valientes, sigamos denunciando la ilegalidad y la injusticia; confiemos que algún día Honduras será diferente, y por fin tendremos un país con una justicia que lo ampare.
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