Escrito por Redacción | Marzo 6 del 2015 Secciones: Libertad de Expresión
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
El presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP)
de Honduras, Ebal Díaz, criminalizó a la prensa nacional. "Quiero decir
que muchos periodistas se prestan a eso, empiezan a sacar notas en
contra para generar un ambiente de protestas o un ambiente de
presión", dijo Díaz el 3 de marzo pasado, como invitado al Foro Canal
10, de Televisión Educativa Nacional (TEN).
El
funcionario sostuvo que redes criminales empoderadas del IP lo
presionan y lo amenazan con utilizar comunicadores para tergiversar los
hechos. Consultados por C-Libre,
periodistas hondureños de radio, televisión y prensa escrita solicitaron
al servidor público dar los nombres de los comunicadores que
supuestamente lo presionan y que denuncie en la instancia
correspondiente para evitar, llevarse de encuentro a todo un gremio.
Al
respecto, Geovanny Domínguez, jefe de redacción de Diario Tiempo en
Tegucigalpa, objetó que quien intimida a Díaz, utiliza los medios sin
contar con respaldo mediático, "aunque tampoco voy a desconocer que en
el gremio periodístico hay algunas acciones o grupos que representan
ciertos intereses".
"En
lo que corresponde al periódico que dirijo tengo que interpretar la
realidad y observar los fenómenos sociales para trasladar lo que ocurre
en instituciones como esa, al público", dijo. Domínguez
agregó que el funcionario está en todo el derecho de denunciar, pero lo
correcto es que identifique a comunicadores o medios de comunicación
que están participando en esa red criminal que lo extorsiona.
"A
todo el sistema de medios nos pone en el mismo saco, no desconozco que
haya participación de ciertos periodistas, puede suceder que periodistas
estén aliados con el crimen organizado, sí sucede, pero hay que
identificarlos, porque al ponernos a todos, desprestigia al gremio".
Entre
tanto, el director de Cholusat Sur, Esdras Amado López, fue del
criterio que todos los desaciertos de este gobierno se los quiere
atribuir a la prensa, "todas las chanchadas (suciedades) que ocurren en
el IP son asuntos de gobierno, no tenemos nada que ver, es una maniobra
más del gobierno".
Agregó
que este gobierno ha venido culpando a los periodistas, por todos sus
desaciertos, diciendo que los comunicadores solo informan acciones
contra el gobierno, lo que no es cierto. "Yo
lamento y condeno la actitud de este gobierno. Es una política de
Estado contra los periodistas, se evidencia que somos vulnerables".
"La
vez pasada, Juan Orlando dijo que los diputados estaban vinculados al
narcotráfico porque no votaban por la Policía Militar, "nos culpan por
una institución pública que no administramos, no tenemos nada que ver
con ellos, condeno esta política de Estado", finalizó. Por
su lado, Mauricio Ortega, coordinador de noticiarios de Radio América,
también es del criterio que el funcionario debe dar nombres de
periodistas y medios, porque si bien es cierto hay intereses, no todos
están en la misma condición.
A
veces el funcionario no tiene tanto temor a mencionar a periodistas
porque "somos indefensos, somos fácilmente víctimas por el sistema, pero
que diga qué grupos están detrás de esos periodistas, porque la mayoría
de grupos económicos tienen periodistas y medios, que desnude esos
grupos porque, por lo común, ponen al periodista como carne de cañón".
No
dudamos que hay casos de periodistas que se prestan, pero es tiempo de
delatar a quienes los manejan o quienes están detrás de ellos, concluyó
Ortega. A juicio de C-Libre, este
hecho es reiterativo porque desde la presidencia de la República también
se ha emitido mensajes para criminalizar los enfoques periodísticos./Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/periodistas-hondure%C3%B1os-criminalizados-por-director-del-instituto-de-la
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Comunicadores de Puerto Cortés denuncian campaña de desprestigio
Escrito por Redacción | Marzo 6 del 2015
Secciones: Libertad de Expresión
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Ante la falta de una Ley de Publicidad que regule los conflictos y evite que éste sea un mecanismo para controlar comunicadores, se suscitan problemas como el reportado por comunicadores sociales del municipio de Puerto Cortés, en Cortés, en la Costa Norte del país. Los comunicadores Rigoberto Sagastume y Miguel Castillo Paz revelaron el 3 de marzo, al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), una campaña de desprestigio en su contra por parte de propietarios de medios de comunicación.
Por
un lado, Sagastume relató que la Dirección Nacional de Investigación
Criminal (DNIC) y la Fiscalía recibieron una denuncia de amenazas a
muerte por la supuesta agresión que recibió del gerente administrativo
de la empresa Multicable, Manuel Galdámez. Esta
denuncia fue registrada con número 222 -2015, informó Sagastume. “Le
dije a la policía que si algo a mí me llega a suceder, ya mi familia
sabe a quién van a ir a interponer la denuncia y a quién van a ir a
traer”.
La
cuestión es que yo transmitía el programa Meridiano Informativo, hace
un año; hubo un contrato oral, pero dos semanas después de haber
empezado el segundo mes de contrato, “en mi horario (de 12:00 a 1:00
p.m.), pusieron el programa La Central de Noticias”, con otras personas y
ahora quieren que se les pague un mes aunque ellos incumplieron. Sagastume
–que también es corresponsal de la radio HRN- relató las supuestas
agresiones que recibió de Galdámez. “El fin de semana empezó a gritarme,
dio la vuelta queriendo agredirme.
Recibí
un puñetazo de él en la cara, me rompió la cara, me dijo que las cosas
no terminaban ahí. Le dije que no ando buscando problemas”. “Aquí no
termina todo ya vas a ver lo que te va a pasar, me dijo”. Sagastume
indicó que Galdámez le ha exigido el pago de cuatro mil lempiras.
Agregó que está pensando en abandonar el país porque Galdámez lo ha
desprestigiado en todos los medios donde va a buscar trabajo y tiene
temor por su vida.
Este
señor también tiene problemas con el periodista Miguel Castillo Paz y
con la viuda del corresponsal de HRN, Rodolfo Murillo Santos, que
falleció atropellado en agosto de 2014 y cuyo caso quedó en la
impunidad, mencionó Sagastume.
Otro comunicador
En
una entrevista, hecha por vía telefónica, el periodista Castillo Paz
constató que también fue desprestigiado por el señor Galdámez, debido a
un conflicto que hubo con una venta de publicidad, “me han sacado con un
cintillo en la televisión, poniendo hasta alias y los alias sólo son
para los delincuentes”. Ante esto, anunció que promoverá una demanda
judicial porque se siente agraviado.
“Trabajo
con el periodista Jairo Aguilar Leiva en el noticiero Central de
Noticias, edición meridiana Canal 12, Nitro Puerto Visión Multicable.
Tengo cinco patrocinadores que conseguí para el canal, el 50 por ciento
de la publicidad es mía, pero el 30 de diciembre, cuando hice varios
cobros, me dijeron que no me correspondía ningún centavo porque ya no
trabajaba para el Canal, incluso, se quedaron con un cheque sin endosar y
falsificaron mi firma y pusieron un número de cédula de uno de ellos”.
“Elena
Chávez Hernández y Manuel Galdámez son socios de canal 12 de Multicable
y como les dije que eran sinvergüenzas, se enojaron y sacaron un
cintillo en la televisión que decía: ‘El señor Miguel Castillo Paz
(alias Mitchel) ya no trabaja para la empresa’, hasta la fecha me deben
L.11,800 porque todavía hay dos patrocinadores activos”, denunció Paz
Castillo.
Mencionó que lo mismo
está pasando con la viuda de Murillo Santos, quien tenía el noticiero
Punto Crítico en Canal 12 de Multicable y porque debía dos meses, “de un
día para otro le quitaron el noticiero y ella tiene tres niños de pan
en mano”.
“Lo
mismo sucede con el periodista Rigoberto Sagastume que, por una deuda,
hace un tiempo atrás lo estuvieron sacando en otro comunicado y de ahí
se deriva la agresión de la cual fue objeto”, es decir, las amenazas
denunciadas, sostuvo.
Paz
Castillo agregó que también enfrenta un problema similar en otro medio
de comunicación, en el Canal 35, cuyo dueño es el regidor de la
Municipalidad de Puerto Cortés, Juan Brocato. “Le debo un dinero y desde
el año pasado tiene un comunicado con mi foto el cual se mira en cinco
compañías de cable diferentes. He buscado la ley y solo les menciono el
nombre de los dueños de los medios y dicen que la ley no puede ayudarme,
incluso, fui a la Fiscalía del Consumidor en San Pedro Sula y no me
pudieron ayudar”.
La versión de Galdámez
Por
su parte, Galdámez explicó que “hay un grupito de personas aquí en el
Puerto que se dedican a andar pidiendo espacios en los medios y
finalmente no pagan”. Sostuvo que
el señor Sagastume solicitó un espacio, a inicios de marzo de 2014, por
un valor de cinco mil lempiras mensuales, pagó bien el primer mes, pero
cuando llegó la Semana Santa hizo efectivos todos los cobros de
publicidad y demás, pero le incumplió a la empresa esto ocasionó
problemas al canal.
Se le notificó que si al 30 de mayo no estaba al día, se le iba a suspender y la nueva programación entró en junio. “La
empresa decidió separarlo por el tema de la deuda y ya pasó un año, se
retiró con la promesa de pago y a un año no ha ocurrido, al señor se le
ha cobrado de todas las maneras habidas y por haber, en pláticas,
preguntándole cuándo, de forma privada y forma pública y el señor
finalmente dijo que no iba a pagar nada”.
A juicio de Galdámez, el periodista lo amenazó con bajarlo del carro y golpearlo cuando le volviera a cobrar. Multicable
es la misma empresa donde tenía su programa Joel Coca, un periodista
que tuvo que salir del país, amedrentado por atentados en su contra aún
sin esclarecer. En julio de 2013, C-Libre emitió dos alertas a favor del
periodista Coca, por agresiones en su contra.
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/comunicadores-de-puerto-cort%C3%A9s-denuncian-campa%C3%B1a-de-desprestigio
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