Comunicado
Continúa la criminalización y persecución en contra del sector
campesino en el Aguán por los aparatos de seguridad del
Estado
Ante los
últimos hechos ocurridos en la región del Aguàn las organizaciones
que integramos la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguàn comunicamos al
pueblo hondureño, a las organizaciones nacionales e internacionales defensores
de derechos humanos, al movimiento social y a los medios de comunión
nacional e internacional lo siguiente:
1.
Condenamos la campaña de criminalización en contra de
las familias campesinas de la Empresa
Asociativa Campesina de Producción “Fuerzas Unidas”, de la comunidad de Ocotes Altos, ubicada en el
municipio de Trujillo, que está en lucha por recuperar la tierra que por años el
Fondo Ganadero ha tenido abandonada.
2.
Condenamos las amenazas directas en contra de
líderes y lideresas campesinas como Santos
Torres y Glenda Chávez ambos beneficiarios de las medidas
cautelares otorgadas por la CIDH, fueron amenazados y atemorizados
en su casa de habitación el 19 de agosto por ocho (8) militares y tres
(3) guardias de seguridad de corporación
Dinant que se conducían en un vehículo
Toyota gris doble cabina, evidenciando una vez más la clara confabulación del Ministerio
Publico y Seguridad con el terrateniente Miguel
Facusse.
3.
Denunciamos el interés del Director del Instituto Nacional Agrario
(INA), Ramón Lara en pretender desestabilizar el movimiento campesino de la
región del Aguàn, ya que hace un mes realizo una gira en el Aguàn donde se
reunión con las diferentes organizaciones y en su participación exigió a los
movimientos no acompañar en solidaridad a otros movimientos campesinos. Asimismo
por estar recibiendo expedientes sobre tierras que por años han
sido ocupadas por la Empresa Asociativa Campesina La Bolsa ubicada en
Rigores y entregadas a la empresa la Marañones.
4.
Condenamos la estrategia mal intencionada del jefe de
la Fuerza Interinstitucional Nacional (FUSINA), coronel German Alfaro Escalante
al pretender vincular en un supuesto atentado a una patrulla a los
compañeros campesinos Juan Ramón Salinas (56), Elver Joel Salinas, Alejandro
López (50) y José Argueta entre los que se encuentran dos personas de la
tercera edad, quienes golpeados y detenidos luego de que el ejército y la
policía desarrollaran un violento desalojo en la Finca Paso Aguán el pasado 15
de agosto del presente año. Creemos que las acusaciones que hace el coronel
Alfaro Escalante es una manera para justificar los
desalojos en contra de las familias campesinas y provocar una masacre en el
sector.
5.
Condenamos la campaña de desinformación y
desprestigio en distintos medios de comunicaron en contra
el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), que ha surgido
por exigir una readecuación de la deuda, como consecuencia
de no haber elaborado de manera conjunta (la Secretaria de
Finanzas , INA y MUCA ), el Plan de negocio y la estructura financiera
como lo emana el Decreto 04-2011, en su momento la dirigencia del MUCA
exigió su participación en esta estructura financiera, pero fueron llamados
radicales e intransigentes.
6.
Denunciamos al Instituto de la Propiedad en Trujillo (IP),
al negar el acceso a la información sobre el estatus actual de nuestras
propiedades de la cooperativa Trinidad y El Despertar del Movimiento Autentico
Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), ya que alrededor de
cinco meses solicitamos el libre gravamen, pero hasta la fecha no
nos han dado una respuesta.
Exigimos el cese a la persecución y criminalización de los y las
campesinas
Plataforma Agraria Regional del Valle del
Aguán
Dado en la Ciudad de Tocoa, Colón a los 26 días del
mes de Agosto 2014
Movimiento Unificado Campesino del Aguán
www.movimientomuca.blogspot.com
www.movimientomuca.blogspot.com
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Skipe: movimiento.unificado
Miércoles 27 de Agosto 2014 - 12:53
Grupo campesino Nueva Esperanza fue
desalojado de La Consentida y organismos de derechos humanos no son reconocidos
por las autoridades
El grupo campesino Nueva Esperanza que ocupa un lote de la finca La
Consentida, propiedad de COFRUCO, fue desalojado alrededor de las 8:00 a.m. de
este día por la fuerza de tarea conjunta Operación Xatruch, al mando del Coronel
Jovel Martínez y el comisionado de la Policía Mauro Flores.
Fueron destruidas con tractores las 30 manzanas de maíz que lo campesinos
estaban cultivando, sin que importaran las súplicas que estos hicieron a los
oficiales que conducen estos organismos represivos para que les permitieran
ocupar las tierras dos meses más para sacar la cosecha.
Organismos de derechos humanos hicieron presencia en el lugar para evitar que se
produjeran actos violentos de parte de la policía y el ejército contra los
campesinos y mediar para que no se destruyeran los cultivos.
El coronel Martínez se negó a dialogar con los campesinos y representantes de
las organizaciones de derechos humanos con excepción del representante del
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Juan Frañó.
De acuerdo a su criterio, pese a las reiteradas publicaciones que explican lo
que significa un defensor de derechos humanos, el coronel Martínez no acepta al
Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) como defensor
legítimo argumentando que no tienen personalidad jurídica.
Un defensor de derechos
humanos es una persona que trabaja, de manera pacífica, en favor de todos los
derechos proclamados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Lo puede hacer informando al
público sobre violaciones de derechos humanos o promoviendo campañas para la
promoción y protección de estos derechos. Defensores de derechos humanos pueden
ser abogados que
defienden la causa de los presos políticos y
su derecho a un juicio justo, madres de
desaparecidos que marchan para exigir la verdad sobre la suerte de
sus hijos, periodistas, profesores, sindicalistas que
luchan por el respeto de sus derechos económicos,
comunidades campesinas e indígenas que se
organizan para defender el reconocimiento de sus derechos, organizaciones que
luchan contra la impunidad de los autores de violaciones de los derechos
humanos.
Honduras, Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC), no cumple con lo que en este pactos se establece; se
despreocupa de sus obligaciones con los seres humanos que sufren las peores
condiciones económicas y sociales; y limita sus respuestas a las acciones
reivindicativas de la población pobre con acciones represivas con las que
obviamente no se resuelven los problemas esenciales de la población.
Esa población que busca acceso a la tierra para vivir está en total abandono. El
Instituto Nacional Agrario dejó de ser lo que le dio vida para convertirse en
una simple ventanilla de titulación de tierras y una instancia dedicada a
condenar a los pobladores rurales cuyo pecado es buscar cómo sobrevivir.
Tegucigalpa MDC, 27 de agosto de 2014
FIAN Internacional
Sección
Honduras
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