Las
respuestas son más duras. El gobierno tiene una clara apuesta por la
militarización de la seguridad pública; su mayor inversión se expresa en
el respaldo de instancias coordinadas y dirigidas por los militares.
Nada de esto asegura que conduzca a la reducción de la criminalidad. Los analistas y especialistas en el tema de la seguridad cuestionan estas respuestas basadas en la fuerza, porque atacan un problema que deja intactas sus raíces, y al final acaban en mayor miedo y provocando mayor derramamiento de sangre.
Nada de esto asegura que conduzca a la reducción de la criminalidad. Los analistas y especialistas en el tema de la seguridad cuestionan estas respuestas basadas en la fuerza, porque atacan un problema que deja intactas sus raíces, y al final acaban en mayor miedo y provocando mayor derramamiento de sangre.
Lo
peor de un gobierno que ataca la criminalidad e inseguridad con medidas
de fuerza y militarista es que al final acaba atacando por igual a
quienes son criminales y delincuentes que a quienes desde las
organizaciones sociales cuestionan las políticas oficiales y defienden
los derechos humanos. Nadie puede alzar una bandera de exigencia al
respeto a la vida de las personas y de las comunidades sin sufrir
amenazas y gestos de rechazo de parte de los opresores.
El
ambiente de amenaza y de persecución se ha acrecentado en estos meses
de gobierno de Juan Orlando Hernández, y especialmente a dirigentes de
organizaciones comunitarias, sociales y étnicas que defienden los bienes
naturales ante la voracidad extractivista de multinacionales y sus
socios internos. La gravedad de políticas de fuerza y de represión
aumenta cuando en el caso de Honduras la institucionalidad del Estado ha
colapsado, porque todo acaba conduciendo a que se imponga la ley de los
fuertes como la auténtica ley que controla al Estado.
Frente
a este panorama sombrío aparece la esperanza que le impregna la
organización comunitaria y territorial. Es una luz en medio de las
tinieblas. Ya las organizaciones tradicionales, incluso algunas que
tuvieron un origen popular, han dado muestras de buscar seguridad
inclinándose al lado del poder. Sin embargo, la organización que surge
en la comunidad organizada en movimiento e impulsada sobre todo por la
defensa y lucha de sus territorios y sus bienes naturales es auténtica, y
siente con mayor fuerza los embates de este modelo deshumanizador y
expulsor.
Cada
año salen del país unos 100 mil hondureños y hondureñas que buscan una
oportunidad que el sistema les ha quitado y los ha obligado a tomar la
peligrosa ruta de la migración. Por eso desde Radio Progreso mantenemos
una decisión política muy clara de acompañamiento a estos sectores que
al mismo tiempo sufren en carne propia la dolorosa aplicación del cerco
mediático. Escuchar y descargar Nuestra Palabra
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