Tegucigalpa.
El presidente de la Vía Campesina, Rafael Alegría alertó a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos en torno a inminentes desalojos que estarían ordenando los tribunales de justicia este fin de semana, contra centenares de familias que se encuentran en posesión de las tierras de las cooperativas El Despertar, La Trinidad y La San Isidro, afiliadas al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).
Alegría expresó que aquí lo que hay es una política de despojo, de represión, donde prácticamente se está condenando a los campesinos a la extrema pobreza, no hay un equilibrio entre empresarios, terratenientes y campesinos, todos somos hondureños y tenemos los mismos derechos, ese es el problema que hay, que por un lado se reprime se violenta, se persigue y se asesina a los campesinos y por otro lado se les da todos los derechos a la oligarquía terrateniente en el país.
“Es un estado parcializado a favor de los grupos de poder, como que los campesinos no tienen el derecho”, recalcó el presidente de la Vía Campesina.
Me preocupa la situación y hoy mismo me han llamado para informarme que están preparando los desalojos, el juez ha ordenado el desalojo “incorrectamente porque la sentencia de la Corte de Apelaciones era parcial, pero aquí quieren darle el carácter absoluto, entonces lo que nos queda es presentar un recurso de amparo, porque no hay duda, los campesinos se van a resistir y puede seguir corriendo la sangre en el Bajo Aguán”.
La alerta de Alegría obedece a una sorprendente decisión adoptada hace ocho días por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la cual deja sin valor ni efecto la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de Trujillo y la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, que favorecía a las comunidades campesinas.
Con la resolución adoptada por la Corte Suprema de Justicia, los títulos de propiedad de las tierras quedarían invalidados, cuando no debería ser, porque si ellos (los campesinos y campesinas) tienen una escritura pública, no es correcto que a través de un recurso de amparo de ellos (terratenientes), también les anulen las escrituras públicas, eso nunca se ha visto y ni es atribución de la Corte Suprema de Justicia, sino que de un Juzgado de lo Civil de primera instancia, explicó Alegría.
“Están
actuando irregularmente, con premeditación y alevosía contra los
campesinos, por eso es que se configura el sicariato judicial en este
momento contra los campesinos”, sostuvo.En un comunicado difundido esta semana, El MARCA calificó la decisión del máximo tribunal de justicia de “favoritismo, complicidad y parcialidad de los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia con la empresa OLEOPALMA propiedad del nicaragüense Rene Morales Carazo y Miguel Facusé propietario de La Corporación Dinant .
“El apoderado de OLEOPALMA el 4 de julio del 2012, aun cuando estaban de vacaciones los tribunales de la República le admitieron dicho recurso de amparo, pero el 15 de abril del 2013 la sala de lo constitucional falla a favor de los campesinos , ratificando la sentencia de los juzgados de primera instancia”, denunció MARCA.
“Responsabilizamos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Congreso Nacional (CN) y al gobierno en general del agravamiento de la crisis en el Bajo Aguán y de cualquier baño de sangre campesina que podría suscitarse en los próximos días”, concluyó el comunicado.
FIAN Internacional monitorea la situación
Para el Coordinador para América Central de la Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación (FIAN) Martin Wolpold-Bosien, las voces de las víctimas, los testigos y de la gente que vive una situación dolorosa en el Bajo Aguán, han trascendido a nivel internacional.
Wolpold-Bosien llegó a Honduras esta semana para dar seguimiento a los compromisos adoptados en 2012 en el marco de una Audiencia Pública Internacional desarrollada el 28 y 29 de mayo en Tocoa, Colón con la participación de representantes de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que abordó la realidad de las víctimas en el Bajo Aguán que han sufrido la criminalización de la lucha por la tierra, persecución, hostigamientos y asesinatos, así como diversas violaciones a los derechos humanos.
En
relación a la situación que enfrentan las cooperativas de MARCA,
Wolpold-Bosien señaló que las mismas fuerzas de los poderes fácticos
lograron revertir el fallo histórico que había logrado el movimiento
MARCA con el apoyo de su apoderado legal Antonio Trejo Cabrera,
asesinado por sicarios el 22 de septiembre de 2012 en la capital de la
República.
Trejo Cabrera había ayudado a los campesinos a recuperar los derechos legales de las tierras del valle y en octubre de 2012 iba a viajar a Washington D.C. para participar en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el conflicto de tierras en curso. Antonio Trejo Cabrera había denunciado que había recibido amenazas de muerte en relación con su labor de representación de las víctimas de abusos contra los derechos humanos en la región del Bajo Aguán.
“Antonio Trejo Cabrera logró después de 18 años obtener una sentencia favorable para los campesinos, es increíble, todo mundo celebró, pero lastimosamente no fue por mucho tiempo, porque después por las distintas irregularidades del sistema judicial, fue revertido ese fallo y más tarde lo asesinaron después de haber logrado ese fallo histórico comentó el representante de FIAN para Centroamérica.
Sobre ese asesinato se expresó la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) , el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) manifestando su condena e indignación, así como también la falta de respuesta del estado y la impunidad imperante, explicó Wolpold-Bosien de nacionalidad alemana.
En términos generales sobre la situación del Aguán, Wolpold- Bosien manifestó que “no hemos visto progresos significativos”.
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