Martes 18 de diciembre 2012 / 16:24 /
Marvin Palacios. /defensoresenlinea.com / Tegucigalpa.
La madrugada del 12 de diciembre una comisión nombrada por el Congreso Nacional concluyó mediante once considerandos que existió mal proceder de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas (presidente de la Sala de lo Constitucional), Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruíz Gaekel y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira al emitir un fallo sobre un decreto que no se encontraba en vigencia.
Inmediatamente después, el diputado del Partido Nacional, Jeffrey Flores, introdujo una moción para que se destituyera a los magistrados, con fundamento en el artículo 205 numeral 20 de la Constitución Política, que se refiere a la aprobación de la “conducta administrativa del (…) Poder Judicial”.
La moción fue puesta en consideración, iniciando así el debate, luego del cual, con 97 votos a favor y 31 en contra, el Congreso Nacional aprobó, aproximadamente a las 5:00 a.m., la destitución de los cuatro magistrados que votaron a favor de la inconstitucionalidad de la Ley de Depuración de la Policía. Así, se destituyó a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas (presidente de la Sala Constitucional), Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y Rosalinda Cruz Sequeira.
La decisión del Congreso Nacional, así como las declaraciones formuladas por altos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente Porfirio Lobo Sosa así como del Presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, constituyen graves afectaciones a la independencia judicial en Honduras de acuerdo con expertos en temas constitucionales.
Comunidad internacional analiza el caso de Honduras
Como es bien sabido, el principio de separación de poderes y el Estado de Derecho son pilares fundamentales de todo sistema democrático, y además son la clave para una administración de justicia con garantía de independencia, imparcialidad y transparencia. Estas garantías se encuentran establecidas en los artículos 8(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 19 y 14(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala el análisis jurídico expuesto por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Sobre este principio, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que es un “elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley”, y “un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”.
Bertha Oliva, coordinadora del CofadehIgualmente, en su Observación General 32, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha destacado con claridad la necesidad de garantizar la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo al señalar que los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución, y las sanciones disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura.
Toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente. Es necesario proteger a los jueces contra los conflictos de intereses y la intimidación, apunta el Comité de Derechos Humanos del organismo mundial.
Por su parte, sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que [...] uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico25.
Tras conocer que tanto la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados Gabriela Knaul, así como el Relator Sobre Derechos de defensores y defensoras de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez están al tanto de lo que ha sucedido en el poder judicial hondureño, Oliva señaló que dada la situación que vive el país se necesita de un estudio jurídico- técnico con una mirada independiente.
“Y esa mirada independiente solo la podrán dar aquellas instancias internacionales que no estén viendo a qué poder económico o político afectan o no afectan, eso es lo que requiere Honduras en el limbo jurídico en la que han dejado”, expresó la Coordinadora General del COFADEH.
Para nosotras esto constituye un golpe técnico a uno de los poderes del Estado cuando se ha golpeado a la Sala de lo Constitucional, pero más que ese estudio jurídico, siento que a los 4 magistrados que han sido destituidos, una vez que los hemos escuchado, que tenemos los testimonios, que hemos tenido la posibilidad de hacer preguntas y repreguntas como defensoras de derechos humanos, cabe hacer algunas acciones pertinentes ante las instancias nacionales (aunque casi que no procede porque tenemos ese limbo jurídico), pero sí ante las instancias internacionales, sostuvo Oliva.
La defensora de derechos humanos adelantó que el COFADEH solicitará medidas cautelares a favor de los magistrados y la magistrada y también solicitaremos medidas de protección a la CIDH para que en este caso dicha instancia la solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir medidas cautelares de protección.
“Vamos a hacer acciones urgentes, una vez que valoramos los testimonios y colocamos la denuncia, pero lo otro es que ya tenemos la autorización de las personas afectadas; lo que a mí me llama fuertemente la atención es que uno de los 4 magistrados (José Antonio Gutiérrez Navas, presidente de la Sala de lo Constitucional destituida) ya pidió asilo político, porque según tengo entendido y que consta en testimonio es que ha recibido amenazas a muerte”, anunció Oliva.
Nuestra labor es defender la vida y la libertad
Oliva añadió que aún no han sido incorporados los magistrados recién nombrados y nos encontramos en un limbo terrible, lo que cabe es el recurso internacional, colocar nuestras preocupaciones, independientemente de quiénes sean los magistrados destituidos o lo que hayan hecho en el ejercicio de sus funciones, el Congreso Nacional los ha convertido en víctimas y nuestra labor es defender la vida y la libertad de las personas que desde el Estado mismo las victimiza”.
“Estamos claras de acuerdo a los testimonios brindados por ellos y ahí nos autorizan para actuar en procura de justicia y de protección, y eso es lo que vamos a hacer, es evidente que tenemos que estudiar lo que haya que estudiar y ya tenemos los documentos necesarios y no solo en los testimonios brindados, sino también en toda la documentación que han emitido expertos en la materia y en la preocupación que éstos han dejado ver a nivel regional y mundial sobre la problemática que estamos viviendo”, explicó la defensora de derechos humanos.
Bertha Oliva consideró que lo acontecido con los magistrados de la Sala de lo Constitucional es una clara injerencia del Ejecutivo y del Legislativo en un poder del Estado como es el Judicial. Si ellos tenían las pruebas para una separación lo lógico es que se hubiere hecho pero con el procedimiento establecido, lo único que aseguraron fue contar con la mayoría de los votos en el Congreso Nacional y eso no es suficiente porque el poder legislativo puede destituir a quien nombra, pero respetando el debido proceso y no llevarlos a la indefensión.
El mensaje que nos están dando es que no hay ningún respeto por la Constitución de la República, ni por el Estado de Derecho que ellos dicen que vivimos, aunque nosotras dijimos que no hay estado de derecho, la fragilidad de las instituciones públicas es más que evidente y estamos en un desplome. Lo que ellos dieron (Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández) fue un absoluto mensaje de poder y que el Estado de Honduras no es un estado regido en leyes ni en la Constitución, sino en el que tiene las garras más largas y el puño más fuerte y los músculos más sobresalientes, eso es lo que se demostrado, una selva”.
Una de las peticiones que el Cofadeh hará es solicitar a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul es que haga una visita in loco a Honduras.
“Es necesario y pertinente pedir explicaciones al Estado de Honduras sobre la situación y pronunciarse al respecto, esto es lo que vamos a solicitar en las medidas cautelares y en las medidas de protección que vamos a ampararlas y a justificarlas para que la CIDH de inmediato se dirija a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ese propósito”, anunció Oliva.
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