La publicación de la agencia internacional de
noticias The Associeted Press (AP), donde vincula al actual Jefe
Policial de Honduras con la entrega
de cocaína en el año 2013, generó incomodidad en la institución armada.
Este
lunes el apoderado legal de la Secretaría de Seguridad, Rómulo Mejía
Pineda, se presentó ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio
Público (MP), para solicitar una diligencia pre judicial y del resultado
de ésta, interponer una querella contra los periodistas Cristopher
Sherman, Garance Burke y Martha Mendoza, responsables de la redacción de
la nota.
Mejía
Pineda se presentó como apoderado de José David Aguilar Morán, Orbin
Alexis Galo Maldonado y Orlin Javier Cerrato. Los tres fueron nombrados
el pasado 11 de enero como director general, Sub director e Inspector
general de la Fuerza Pública, respectivamente.
El
25 de enero, The Associeted Press publicó una nota titulada “Informe
secreto: jefe de la Policía hondureña ayudó a narco”, que difunde
información supuestamente proporcionada por autoridades oficiales y
vincula a José David Aguilar Morán, hoy director de la Policía, con el
traslado de 1,700 libras de cocaína, “escoltado por policías corruptos” a
la casa de Wilter Blanco, extraditado por los Estados Unidos.
“Están
en toda la vialidad de poder investigar y presentar todas las pruebas
que acrediten que nada tienen que ver en esa información falsa que han
difundido los medios de comunicación”, justificó Jair Meza, portavoz de
la Secretaría de Seguridad.
En
un comunicado, dicha Secretaría de Estado detalló sobre una solicitud a
la Fiscalía el nombrar un perito para realizar investigación al
dispositivo celular del Director de Comunicaciones Estratégicas, “a fin
de obtener del mismo la información concerniente a las llamadas
telefónicas realizadas por el periodista Christopher Sherman, durante el
mes de enero de 2018, en relación a un supuesto hecho delictivo
cometido por funcionarios policiales en octubre de 2013 en la ciudad de
Tela, Atlántida”.
De
igual forma, solicitó el nombramiento de peritos informáticos “para
obtener las URL de las páginas Web en las cuales se publicó los
reportajes en los cuales se difama al actual director, Sub-director e
Inspector General de la Policía Nacional”.
Sobre
los delitos contra el honor, la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH), en su informe sobre Honduras en 2016, mostró su
preocupación por el aumento de acciones como difamación y calumnias
relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión.
De
acuerdo con la CIDH “estas figuras penales son utilizadas para
criminalizar y castigar las expresiones críticas referidas a
funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público, lo que ha
afectado de manera desproporcionada la labor de periodistas y defensores
de derechos humanos”.
Durante
la crisis post electoral, diferentes periodistas y medios de
comunicación internacionales fueron objeto de acciones de intimidación a
su labor periodística, entre ellas el no ingreso al país a dar
cobertura a las acciones de violencia cometidas contra la ciudadanía que
protesta contra el fraude electoral.
http://www.conexihon.hn/index.php/libertad-de-expresion/550-amenazan-con-querellar-a-periodistas-de-ap
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