17:40 Sandra Rodríguez
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La situación en el bajo Aguán no ha cambiado, si bien es cierto que las ejecuciones extrajudiciales han bajado, el conflicto por el derecho a la tierra continua, al grado que es un caso emblemático a nivel internacional, donde sus habitantes viven expuestos a cualquier violación de derechos humanos, manifestó Marlon Ochoa, director ejecutivo de FIAN Honduras.
Lo expresado fue en la publicación del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, donde la criminalización persiste la justicia se ve parcializada en favor de los terratenientes y en contra del campesinado.
Un caso muy conocido es José Isabel Morales, conocido como “Chabelo” quien estuvo casi siete años en prisión, acusado tres veces por un mismo delito, y al final se le dio sobreseimiento definitivo al no podérsele comprobar los hechos de asesinato contra Carlos Manrique Osorto, robo agravado e incendio agravado en perjuicio de la familia Osorto Canales, en Silin, Colon, en el 2008.
Mientras Chabelo estuvo preso, se le murió el papá, una hija, sufrió un derrame cerebral, y accidentes que dañaron su rostro, en el 2015 salió en libertad, y el Estado no pudo aportar ninguna prueba en su contra, declaró el representante de FIAN-Honduras.
Además hay casos de criminalización contra defensores de derechos humanos, hostigamiento, persecución, asesinatos y desapariciones forzadas, en lo que las autoridades judiciales pese a recibir las denuncias en tiempo y forma, no dan respuestas.
En el Bajo Aguán es una constante violación de DDHH de parte de policías, militares, el Poder Judicial y autoridades políticas locales, sus actuaciones están plasmadas en el informe que hemos trabajado a raíz del acompañamiento que hemos hecho a las empresas y grupos campesinos de la región, afirmó Ochoa.
Vemos un trato desigual de parte de las autoridades estatales con los que brinda a las organizaciones campesinas, quienes son criminalizados y no tienen ninguna garantía para resguardar su vida.
Por su parte, Irma Lemus, coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA, expuso que las violaciones varían, pero no cesan, ya que en el marco del conflicto agrario se registra 330 campesinos procesados judicialmente en 25 casos que ellos han regsityardo, pero hay casos en otras organizaciones que no han proporcionado datos.
De estos procesados, 256 son hombres, 38 mujeres y 36 son menores de edad, muchos de ellos, por diferentes motivos han dejado de ir a firmar como parte de las medidas sustitutivas a la prisión que se les han impuesto, por lo que se han librado órdenes de captura contra ellos y deben andar huyendo acusados de delitos que no han cometido.
Hay violaciones de ddhh en hostigamientos, persecuciones, atentados contra la vida, difamaciones, exilios, asesinatos y desapariciones y acosos sexuales de parte de los operadores de justicia quienes le dicen a las defensoras cuando van a solicitar información que si fueran sus novias o esposas si les darían lo que solicitan.
Pese a las denuncias de estos hechos, al no tener respuesta en Tocoa, Colón, van a las instancias en las ciudades de La Ceiba, departamento de Atlántida o en Tegucigalpa, la capital hondureña que dista a unos 500 kilómetros u 10 horas de viaje, pero la respuesta es la misma, silencio, complicidad e impunidad, expuso Lemus.
El tema de las violaciones de DDHH del Bajo Aguán, es constante en la palestra pública a nivel nacional e internacional, en las audiencias anteriores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se expuso con la participación de defensoras de Derechos Humanos de la región acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y Cejil.
A inicios de mayo, una misión internacional de observadores de derechos humanos de al menos 12 países de América y Europa, viajaron al Bajo Aguán, acompañados por el COFADEH, para escuchar y documentar testimonios de las víctimas de violaciones a DDHH y hacer acciones de incidencia a nivel internacional, entre ellos había representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, periodistas de Francia, Italia, Costa Rica, y la Oficina de DDHH de la Arquidiócesis de Guatemala.
En febrero un grupo de defensores de la tierra del Bajo Aguán, realizaron un intercambio de experiencias por las recuperaciones de tierras, desalojos violentos y lucha contra poderosos, con defensores indígenas Queq’chi´, organizado por el COFADEH y el Comité Unidad Campesina, CUC.
Estas actividades se han dado en el marco del proyecto “poyo y protección a los defensores de derechos humanos que trabajan en conflicto por la tierra y los bienes de la naturaleza”, que ejecuta COFADEH, FIAN Internacional y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC.
Entre las conclusiones del informe “El papel de los Operadores de Justicia en la Violación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán”, se expone que:
Los organismos privados de derechos humanos hayan develado el colapso del sistema de protección oficial de derechos humanos.
Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han jugado un papel significativo en la visibilización del conflicto en el Bajo Aguán, contribuyendo a la clarificación de las complejas causas que los han provocado.
Las políticas públicas e institucionales por parte del Estado han sido orientadas de forma abierta a privilegiar los procesos de concentración de la tierra en manos de las élites empresariales agrarias y han profundizado el latifundio.
La reforma agraria en el país es una tema pendiente en cuanto a las perspectivas de su enfoque que debería abordar transversalmente la seguridad y soberanía alimentaria del país, la afectividad generalizada, el cambio de estructura agraria, y privilegiar políticas de equidad y de desarrollo económico y social.
Los órganos administradores de justicia han orientado sus actuaciones oficiales a dirimir asuntos de carácter social que tienen otro espacio de solución en otras instancias administrativas.
La Corte Suprema de Justicia ha callado de forma sospechosa la declaración de inconstitucionalidad de leyes secundarias como la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que por razones de orden fáctico se antepone a la supremacía de la Constitución de la República, Esto sin duda explica las limitaciones que implica que un poder del Estado (Poder Judicial, que administra justicia) sea nombrado por otro poder del Estado (Poder Legislativo, que hace las leyes).
El Ministerio Público se ha instrumentalizado para paralizar las reivindicaciones sociales que siendo legítimas se penalizan.
La impunidad es generalizada y los mismos órganos encargados de luchar contra ella, la reproducen en sus ejecuciones oficiales.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4141:segun-informe-de-fian-operadores-de-justicia-se-parcializan-en-el-bajo-aguan-&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
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