Las organizaciones aglutinadas en la Coalición Nacional de Redes
Ambientales, al Pueblo Hondureño manifestamos lo siguiente:
1. Que la Comisión de
Minería del Congreso Nacional, al mando del diputado Donaldo Reyes Avelar,
con el apoyo de DEFOMIN, representantes de la empresa privada y empresas
mineras, alistan un borrador para la aprobación de la nueva ley de Minería,
hecho que estaría sucediendo en el mes de diciembre de este año, una vez
pasadas las elecciones primarias.
2. Que desde nuestra
Coalición hemos hecho oposición a las pretensiones del Congreso Nacional de
aprobar a inicios de este año, una ley inconsulta y a todas luces lesiva para
el interés nacional y para las comunidades que serían directamente afectadas
por más de 400 concesiones que entrarían en vigencia al aprobarse esta ley.
3. Como resultado de estas
presiones el Congreso Nacional organizó entre los meses de Junio, Julio y
Agosto una serie de jornadas de “Socialización”, en las que se
ha pretendido limitar y evitar la participación de la ciudadanía mediante
estrategias tales como el cambio de las fechas y los lugares de las jornadas
sin comunicar estos hechos a las organizaciones sociales o comunicando a
última hora estos cambios maliciosos.
4. Las organizaciones de
nuestra Coalición decidimos participar en las jornadas de
“Socialización”, como también en las reuniones de la comisión
técnica creada para integrar los aportes de los diferentes sectores. Nuestra
participación iba encaminada a denunciar los atropellos contenidos en esta ley
y defender la soberanía territorial, los derechos humanos de las poblaciones
amenazadas por las concesiones mineras que este proyecto de ley permitiría
de manera arbitraria, olvidando los intereses de las comunidades, los
gobiernos locales y el país en general.
5. Que las jornadas de
socialización llevadas a cabo en distintas regiones del país, resultaron ser
un show mediático más, del que nos tienen acostumbrados los políticos.
Hemos podido constatar que los diputados de la Comisión de Minería han
desconocido los aportes de las comunidades y gobiernos locales en las jornadas
de la comisión técnica donde se discute la revisión de este proyecto de ley. Esta
situación significa una clara manifestación de burla y menosprecio a los
hombres y mujeres que con grandes esfuerzos se desplazaron a distintas zonas
del país para expresar su contundente rechazo a la explotación minera a cielos
abiertos y exigieron se respetara su derecho a decidir si se permitía o no un
proyecto minero en sus territorios.
6. Que el ministro de la
SERNA manifestó a lo interno del espacio de la Comisión Técnica que la ley de
minería “se aprueba, porque se aprueba” a más tardar en el
mes de diciembre de 2012, dejando entrever que esto es una decisión ya tomada y
que los funcionarios de Estado involucrados en este proceso, solo buscan
legitimar esta determinación hecha a espaldas del pueblo Hondureño.
7. Que las discusiones de
los aspectos primordiales demandados por la Coalición y por la población en
general, se han ido postergando sin tomar decisiones definitivas, tal es el
caso de la prohibición de la minería a cielos abiertos, mismo que fue
exigido por la población en todo el país; así como la obligación del
Gobierno Central de someter a consultas previas cualquier solicitud de
concesión minera con las comunidades y gobiernos locales, antes de la
aprobación de las mismas, obligándose el Estado a respetar y cumplir con
el mandato popular.
8. De igual forma la
Comisión de minería postergó la propuesta para evitar que las comunidades y
sus fuentes de agua fueran excluidas de los sitios de concesionamiento minero,
limitando estas últimas exclusivamente a proteger las fuentes de agua ya
declaradas e inscritas.
9. Así mismo la Comisión
de Minería del Congreso de la República se opuso a la modificación del artículo
que le da carácter confidencial a toda la información técnica y financiera
de las empresas mineras, en abierta violación al Derecho de la ciudadanía
de recibir información suficiente, de manera especial en la realización de
proyectos susceptibles de contaminar o generar un grave riesgo para la vida y
la seguridad de las personas y el medio ambiente, tal y como lo exige la
Convención de Rio, sobre el principio de Precaución y lo que mandan las leyes y
políticas de Transparencia en materia financiera.
10. Finalmente tanto la
Comisión de minería como los mismos empresarios han expresado su oposición a
incrementar sustancialmente los tributos y tasas para el gobierno central y las
municipalidades, privilegiando así el lucro y la acumulación de las
corporaciones mineras transnacionales y sus testaferros nacionales.
11.
En este contexto que desnuda el evidente sesgo de la comisión de
minería por defender los intereses de las empresas mineras, así como las
agresiones verbales de que han sido objeto nuestros representantes por parte
del presidente de la Comisión de Minería y el representante del gremio minero,
Santos Gavino Carbajal, hemos tomado la determinación de retirarnos de este
espacio, haciendo pública nuestra denuncia y rechazando las artimañas de
los personajes aquí nombrados, quienes probablemente actúan bajo la
asesoría de representantes y consultores de gobiernos extranjeros interesados
en desarrollar proyectos mineros que principalmente traerán saqueo y
destrucción de nuestros recursos naturales.
12. Reiteramos que en ningún
momento claudicaremos en nuestra lucha y por ello no estamos dispuestos a
avalar leyes apátridas que atentan contra los intereses de nuestras
poblaciones, que comprometen la soberanía territorial y que exponen a
nuestras poblaciones a la destrucción.
13. Responsabilizamos a los
miembros de la Comisión de Minería del Congreso de la República, quienes en
forma prepotente y soberbia controlan ese espacio de supuesta discusión tan
solo para legitimar lo que ya dan por aprobado. Sospechamos que existe fomento
de la corrupción, cooptación y la compra de voluntades para dar lugar a los
intereses de las grandes corporaciones mineras.
Llamamos a todas las organizaciones sociales de nuestro país a
mantenerse alerta ante cualquier intento de la Cámara Legislativa de aprobar
una ley en la que no se ha respetado la opinión y los intereses de la
ciudadanía hondureña. Igualmente recordamos a los diputados del Congreso Nacional que
al ceder a las presiones para aprobar esta lesiva ley, la historia los
señalará por condenar a nuestro país a una nueva fase de destrucción de la
naturaleza, así como por ser causantes de la conflictividad social que se
generaría al obligar a las comunidades a arriesgar sus vidas para la defensa de
sus territorios y sus bienes naturales.
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Octubre de 2012
¡ LA VIDA Y LA PATRIA
NO SE NEGOCIAN!
COALICION NACIONAL DE REDES AMBIENTALES
Centro Hondureño de
Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPPRODEC), Comité Regional
Ambientalista del Valle de Siria, Instituto Hondureño de Derecho Ambiental
(IHDAMO), Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG), Asociación
Madre Tierra, FUNDAMBIENTE, Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y
fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), Red Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería, FORO AGRICOLA, Mesa Nacional de Gestión de Riesgo,
Movimiento Ambientalista Santa Barbarense (M.A.S.), Asociación Nacional para el
Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE), Fundación Popol Nah Tun, Comités
de Defensa de la Naturaleza de los Departamentos de Choluteca y Valle, Alianza
Cívica por la Democracia (ACD), Red Ambientalista de los Municipios de
Comayagua y La Paz (REDAMUCOP), Conferencia de Religiosos y Religiosas de
Honduras (CONFEREH).
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