Las agresiones se generaron luego de que los manifestantes obstaculizaran con piedras y palos la carretera que conduce a la aduana de El Guasaule, a la altura del desvío de Los Rincones en Choluteca, como una protesta en contra de la disposición de reubicar el punto de buses interurbanos a la gran terminal privada del Pacífico, dejando de operar desde la terminal municipal, bloqueando por segundo día consecutivo este martes 16 de abril de 2024, el paso vehicular en la carretera y que continua este miércoles 17 desde tempranas horas de la mañana.
A renglón seguido, apuntaron que, con esta acción de traslado de las unidades del transporte antes mencionadas, los usuarios del mismo se verán afectados al tener que pagar doble pasaje por tener que usar el transporte interurbano, bajarse en la terminal privada y posteriormente utilizar unidades del transporte urbano para desplazarse.
Las acciones de protesta han generado un congestionado tráfico vehicular en la zona, en su mayoría de vehículos de carga pesada que transitan por el lugar con dirección al vecino país de Nicaragua, con mercadería que según empresarios deja pérdidas millonarias, por los retrasos en el transporte producto de las tomas de los ejes carreteros.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Choluteca, Carlos Zelaya, expresó que derivado de las protestas, “Las perdidas oscilan entre los 500 a los 800 mil dólares diarios, eso es lo que posiblemente o más se haya perdido en el transcurso de esta protesta, tristemente aparte de la pérdida económica, nos genera esa mala imagen internacional porque esta es una carretera internacional dónde transita mercadería, personas, bienes, desde Guatemala, México, que van hasta Panamá si es posible. Entonces la repercusión no solo es en la económica local y nacional, sino que también en el impacto que trae en el comercio centroamericano”.
Por su parte, Pedro Carrasco, uno de los representantes de los comerciantes que se mantienen en protesta, señaló a un medio de comunicación de circulación nacional, que el bloqueo del paso vehicular en las carreteras se hará de forma indefinida, mientras no lleguen a un acuerdo que permita regresar el transito de los buses interurbanos a la terminal municipal de esa ciudad sureña.
Carrasco, argumentó que sus demandas son justas en beneficio de evitar que los pasajeros tengan que utilizar y pagar a diferentes unidades del transporte para desplazarse, además, en busca de evitar pérdidas en sus negocios por la reducción de clientes que dejarán de transitar por la terminal municipal y las centrales de abasto aledañas.
Para finalizar, el entrevistado cuestionó que los representantes regionales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), se encuentran al servicio de los inversionistas de la terminal privada del Pacífico, y adelantaron que, así como la mandataria hondureña Xiomara Castro, logró sus objetivos en la calle, su lucha seguirá la misma vía de protesta.
En el área legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), son del criterio que “El desalojo violento efectuado por la Policía Nacional, para despejar la vía pública, si es cierto es un derecho constitucional la libertad de locomoción, las autoridades deben de escuchar las demandas y reclamos sociales de la población para evitar que se llegue a la toma de carreteras como una forma de ser escuchados y sus demandas puedan ser atendidas”.
“Desde C-Libre, se le hace el llamado a los cuerpos de seguridad del Estado que participan en los desalojos, que se sigan los protocolos ya establecidos, se condena el uso de la fuerza como una herramienta para habilitar el pasó vial, llamamos a las partes en conflictos generar los espacios de solución y de prevención, mediante el diálogo, condenamos el uso de fuerzas en todas las formas”, agregaron los juristas.
El Comité por la Libertad de Expresión, también recuerda que todas las personas tienen derecho a la manifestación pacífica, para expresar en público, de manera individual o colectiva, y por medios no violentos, la insatisfacción, desacuerdo o indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente o perjudican el interés público, exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática.
La manifestación pacífica es un acto legítimo contra violaciones de los derechos humanos, políticas de gobierno o actividades de terceros, siendo la libertad de reunión una condición de ésta. Las manifestaciones pacíficas constituyen una expresión del derecho a la libertad de reunión y, amparadas en este derecho, no requieren de autorización previa. En todo caso debe aplicarse un procedimiento de notificación, siempre que éste no restrinja de manera indirecta el derecho a la reunión pacífica.
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