En 2023, un grupo de expertos de la ONU realizó tres visitas al país, y planteó una serie de reformas legales destinadas a garantizar el funcionamiento de un mecanismo anticorrupción. Sin embargo, solo algunas de estas recomendaciones se han cumplido, quedando pendientes otras como la derogación del decreto 117-2019.
Ese decreto legislativo otorga inmunidad a los diputados, protegiéndolos de responsabilidad penal, civil o administrativa por sus acciones legislativas, por lo que su derogación permitiría que los diputados sean legalmente responsabilizados por leyes que aprueban o derogan.
Actualmente, la única acción legal contra la función legislativa es la acción de inconstitucionalidad, según el artículo 185 de la Constitución de la República.
El 25 de septiembre de 2023, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que agendaría su derogación, pero, a seis meses de ello, su palabra no se ha cumplido.
A consideración del diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, en el Legislativo existen acuerdos unánimes entre las bancadas de los partidos Libertad y Refundación, Nacional y Liberal, encaminadas a obstaculizar la derogación del decreto 117-2019.
«El 117-2019 no lo quieren eliminar porque tienen miedo de que los acusen en el futuro y los persigan, ese artículo no da la garantía que dice que no nos pueden procesar por nuestra actividad parlamentaria», dijo Umaña a Criterio.hn.
Otras de las reformas pendientes están relacionadas con el Código Penal que entró en vigencia en 2020, y que reduce considerablemente las penas contra personas sentenciadas por la comisión de delitos de corrupción.
Entre esos delitos figuran malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, fraude, cohecho y enriquecimiento ilícito. El Código también contempla la opción de reemplazar las sentencias de prisión por medidas menos restrictivas si el acusado devuelve el dinero y es condenado a menos de cinco años de cárcel.
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«Lo otro es el Código Penal que tiene penas bajísimas para delitos de corrupción, y tampoco vemos voluntad del Congreso Nacional para hacer esas reformas», señaló el diputado Carlos Umaña.
OTRAS REFORMAS PENDIENTES
Al igual que la derogación del decreto 117-2019 y las reformas al Código Penal, el Congreso Nacional tampoco da señales de voluntad para que se apruebe la Ley de Colaboración Eficaz.
Al contrario, diputados consultados por Criterio.hn han dicho que este instrumento legal está siendo utilizado como «moneda de cambio» entre los jerarcas de los partidos políticos, y que por ello han existido atrasos en su votación y aprobación pese a que el dictamen está listo desde el 16 de noviembre de 2022.
Otro elemento que está siendo exigido por la ONU es la revisión al artículo 4, literal A, del decreto 4-2022, que permitió a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) ser liberados pese a que estaban siendo judicializados o incluso habían sido sentenciados por delitos de corrupción.
El decreto 4-2022, conocido como la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para evitar la repetición de hechos, aunque absuelve a presos y perseguidos políticos, también incluye amnistía para delitos contra la administración pública, como abuso de autoridad, violación de deberes, malversación de fondos y fraude. Esto genera preocupaciones sobre la impunidad para actos ilícitos.
El pasado 11 de abril, en comparecencia ante medios de comunicación, la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford, se refirió a una «deuda legislativa» y declaró que, entre las nueve reformas planteadas por el grupo de expertos, solo tres se han materializado.
«Hay una deuda legislativa alrededor de varios temas y sé que muchos conocen cuáles son las leyes de las que estamos hablando, que son las que se mencionan regularmente», mencionó Shackelford.
De las reformas acordadas entre el Gobierno y la ONU dentro del memorando de entendimiento vigente desde el 15 de diciembre de 2022, el Congreso Nacional solamente ha derogado los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021, que impedían la labor acusadora del Ministerio Público y reformaban la figura de lavado de activos.
POLITICOS NO BUSCAN COMBATIR LA CORRUPCIÓN
A consideración del analista político Raúl Pineda Alvarado, es normal que en el Congreso Nacional, donde opera, según él, «un nudo de impunidad», no existan acuerdos legislativos para allanar el camino de un mecanismo anticorrupción.
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«Los hechos han demostrado que ninguno de los políticos,
independientemente de su filiación, tiene interés en que se tomen
acciones orientadas a combatir la corrupción. Unos porque ya perpetraron
los ilícitos y quieren impunidad, y otros porque buscan que lo que se
esté haciendo en este momento también sea premiado con impunidad»,
declaró Pineda Alvarado a Criterio.hn.
La instalación de la CICIH fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, pero el Congreso Nacional, fraccionado por intereses oscuros, no ha sido un aliado que demuestre disposición a que arribe dicho mecanismo anticorrupción.
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