Luego de que el Tribunal de Sentencia de Comayagua absolvió de los cargos de homicidio al agente de policía José Adán Pérez, señalado como el responsable en este hecho, la oficina del Alto Comisionado expresó su posición.
“La Oficina reitera la importancia de asegurar la exhaustividad en la investigación, la aplicación plena del Protocolo de Minnesota, y un análisis profundo del uso de la fuerza, para evitar la impunidad en casos de muertes provocadas por agentes de seguridad”, expresó OACNUDH mediante sus cuentas en las redes sociales.
Tras el fallo dijo que “la absolución de José Adán Pérez es una muestra más de la impunidad que prevalece en Honduras en casos de violencia policial contra las comunidades indígenas. Es un fallo que criminaliza una vez más a las víctimas y que legitima la violencia estatal”.
Mediante un comunicado, la organización indígena expresó que este fallo señala la urgencia de reformar el sistema de justicia en Honduras y garantizar que los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las comunidades indígenas sean respetados.
“Instamos al Estado de Honduras a tomar medidas concretas para supervisar y reformar la actuación de la Policía Nacional y para asegurar que los agentes de policía rindan cuentas por sus acciones”, indicó el COPINH.
Además, el COPINH anunció que llevarán este caso ante instancias internacionales con el objetivo de condenar al Estado de Honduras por la impunidad que prevalece en este momento. VC
📌Comunicado ante la decisión del Tribunal de Sentencia de Comayagua de absolver de los cargos, de manera arbitraria al policía José Adán Pérez por el homicidio del joven lenca Marcos Antonio Pineda. pic.twitter.com/tWJJ3dBEqQ
— COPINH (@COPINHHONDURAS)
October 25, 2023
https://proceso.hn/oacnudh-lamenta-fallo-que-absuelve-a-agente-el-caso-de-integrante-del-copinh/
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Conadeh exhorta al Ministerio Público investigar alza de tarifas del transporte para migrantes
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, expresó que las autoridades hondureñas no pueden establecer tarifas diferenciadas para el transporte público de pasajeros con un valor alto para los migrantes y otro distinto para el resto de la población en general.
“Eso genera discriminación y abusos en contra de las personas migrantes”, cuestionó.
Agregó que es muy importante que las tarifas que se aplican al transporte público, para los hondureños sean las mismas que se apliquen para los migrantes.
Indicó que las autoridades hondureñas que autorizan este tipo de cobros perfectamente pueden ser investigadas por el Ministerio Público.
Recordó que existe el principio de legalidad, donde los funcionarios públicos no tienen más atribuciones que las que les confiere la Ley y que, cualquier acto que se haga contrario a la Ley implica responsabilidad administrativa, penal y civil.
El Conadeh, desde hace bastante tiempo, ha denunciado, públicamente los altos cobros que se le hacen a las personas migrantes, durante su tránsito por territorio hondureño, desde el momento que ingresan al país.
La situación continúa, no cesa, porque recientemente estuvimos en Las Manos y pudimos identificar que, a las personas migrantes se les cobra 5 dólares, desde la frontera de Las Manos hasta El Paraíso, mientras que, a una persona hondureña, utilizando la misma ruta, le cobran 20 lempiras, señaló Reyes.
Son cobros excesivos en detrimento del bolsillo de los migrantes, por lo tanto, se necesita la intervención de la Dirección General de Protección al Consumidor y de la Fiscalía de Delitos Comunes.
No es posible que una situación que se ha denunciado, que se ha solicitado -mediante notas a las autoridades competentes- no se hagan las intervenciones necesarias y que la situación persista, dijo la funcionaria de Conadeh.
Agregó que el Conadeh ha registrado casos sobre este tipo de abusos en el transporte público y le está dando seguimiento, no solo a través de la investigación de los casos, sino que públicamente siempre se ha estado denunciando este tipo de atropellos.
Explicó que los migrantes son personas vulnerables y necesitan la protección y la solidaridad, tanto del Estado como de las personas particulares y, las autoridades, están obligadas a prevenir cualquier abuso que se pueda cometer en perjuicio de ellas. IR
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