Gilda Rivera “Es muy difícil confiar en los entes de investigación, (…) es muy
difícil confiar en la justicia en nuestro país”, expresó Gilda Rivera,
representante de la Coalición Contra la Impunidad e integrante del CDM.
De interés: Familiares de Sherill Yubissa Hernández piden expediente al MP
SE DEBE INICIAR UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El asesinato de la fiscal dejó entrever la complicidad de las autoridades del MP y de la ATIC
que en ese momento se apresuraron a informar a la ciudadanía que había
sido un suicidio, declaración que se contraponía con las pruebas
científicas presentadas por la entonces directora de Medicina Forense,
Julissa Villanueva –ahora viceministra de Seguridad— quien alegó que se
trataba de un asesinato, ya que el crimen se cometió con alevosía y
ventaja y que en su momento fue separada de su cargo por negarse a
aceptar la versión del suicidio que defendían funcionarios como el
fiscal general Oscar Chinchilla.
Ahora, luego del informe que revela que la escena del crimen fue
manipulada, algo que la viceministra Villanueva siempre cuestionó, las
autoridades estatales deben proceder legalmente y actuar ante
involucramiento que despierta la suspicacia sobre otros hechos de alto
impacto.
Julissa Villanueva
En una entrevista reciente con el equipo de Criterio.hn la viceministra expresó “A todas luces se sabía que había incongruencias graves”.
También lea: Viceministra de seguridad desconfía en investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal
Además, indicó que se debe iniciar una investigación y que debe
apuntar a “los autores que están escondidos en el MP, que todo el mundo
lo sabe, en primer lugar (…) el fiscal general, Oscar Chinchilla” que de
acuerdo con Villanueva es el llamado a dar una explicación coherente.
Otro de los que debe responder a criterio de Villanueva es el
entonces director de la ATIC, Wilfredo García, quien fue jefe directo de
Sherill Hernández. “El de la ATIC es peor porque ese es el director de
eso, es quien dio la orden que ese caso lo iba a manejar exclusivamente
la ATIC y que no quería que nadie supiera porque no quería escándalos”,
reveló la Julissa Villanueva.
Investigación, que de acuerdo con la exdirectora de Medicina Forense
del Ministerio Público (MP), “la familia debe pedir acceso a la
justicia”, porque no es un caso cerrado. “Nunca se había visto algo tan
absurdo como desacreditar la misma prueba científica”, enfatizó
Villanueva.
Por otro lado, la doctora Villanueva denunció que fue víctima de
amenazas con el objetivo que la doctora no continuara haciendo
declaraciones sobre la muerte de la fiscal de la ATIC.
Por su parte, la defensora de derechos humanos, Jessica Sánchez,
directora del Grupo Sociedad Civil, mencionó que la fiscalía desarrolló
un proceso de seguimiento y de análisis, además señaló que las
aseveraciones sobre la muerte violenta de mujeres se deben manejar
internamente y con confidencialidad, siendo los medios de comunicación
los últimos en enterarse.
Este manejo de la muerte violenta de mujeres, de acuerdo con Sánchez
parte del “respeto a la víctima y a sus familiares porque les revive el
asesinato de la mujer”.
En ese sentido recordó que hay una comisión de investigación
interinstitucional contra los femicidios, al tiempo que instó “de alguna
manera se debe volver a la ética sobre la confidencialidad de los casos
de violencia de género y de femicidios”.
Lea también: Plan de Seguridad Nacional “Solución Contra El Crimen” es excluyente con las mujeres
A QUÉ SISTEMA DE JUSTICIA SE ENFRENTAN LAS MUJERES
La violencia en Honduras se prolifera cada día más y al tiempo
aumenta la desconfianza en los entes armados y de investigación del
Estado por los diferentes casos donde se involucran policías, militares y
fiscales.
Ante esta mención de involucramiento de los entes de investigación,
como los altos jerarcas del MP y de la ACTIC en el asesinato de Sherill
Yubissa Hernández, las organizaciones de mujeres también recuerdan el asesinato de Keyla Martínez ,
ocurrido la madrugada del domingo 7 de febrero de 2021 a manos de
policías en una celda de la estación policial de La Esperanza, Intibucá,
al Occidente de Honduras.
Keyla Martínez, asesinada en una celda policial
De acuerdo con el informe policial—que carecía de investigación—
Keyla se había suicidado al interior de la celda, sin embargo, la
autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica, esto
confirmó las sospechas de asesinato tanto de familiares como de la
ciudadanía.
La desconfianza no solamente la viven las mujeres sino toda la
ciudadanía, desconfianza que parte desde la policía, militares, jueces,
fiscales, todo el sistema judicial.
Para Gilda Rivera, “la desconfianza es resultado de los altos índices
de inseguridad y de la impunidad que prevalece, hay mucha desconfianza y
eso no es gratuito”.
La impunidad en casos de femicidios, de acuerdo con las organizaciones de mujeres es del 95 %.
De igual manera, Hellen Ocampo, coordinadora del Observatorio del
Centro de Derechos de la Mujer denunció “hay un alto grado de impunidad
en los casos que se denuncian ante el Ministerio Público, pero no llegan
a una resolución porque no se encontraron las suficiente pruebas”.
En los casos donde se ven involucrados funcionarios del Estado se
debe aplicar el Protocolo de Minnesota, —recomendado por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras
(OACNUDH) en el caso de Keyla Martínez— , orientado a evitar que los funcionarios sospechosos de crímenes de lesa humanidad puedan actuar o influir en la investigación.
https://criterio.hn/opacidad-de-autoridades-del-mp-en-caso-de-sherill-yubissa-hernandez-obliga-a-iniciar-proceso-de-investigacion/
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