“Estamos hablando de la familia Facussé, Miguel Mauricio Facussé es uno de los responsables, la familia de René Morales y la familia Canales. Son: Inversiones Ceibeña, OleoPalma de Honduras y Corporación Dinat, estas son las empresas criminales que están con una cacería humana en el Valle del Aguán”, denunció Rivas.
En conferencia de prensa celebrada en Tegucigalpa, representación de las 28 cooperativas que conforma la Plataforma Agraria del Aguán denunciaron que la vigilancia y el seguimiento a la dirigencia son parte del plan. En ese sentido, Santos Pérez, Presidente de la Cooperativa Campesina Tranvía, denunció persecución a través de vehículos.
“Las amenazas que tenemos son las persecuciones que nos dan, sobre todo a la hora que salimos a comprar lo básico para nuestras familias. La persecución viene por parte de las industrias porque los empresarios han tenido por décadas tomadas nuestras tierras, y ahora que las recuperamos les ha incomodado, son 550 hectáreas de tierras”, dijo Pérez.
Lester Castro, Asesor Legal del movimiento campesino del Aguán e integrante del Bufete Estudios para la Dignidad, exhortó al gobierno de la Presidenta Xiomara Castro a instalar la mesa tripartida para investigar las denuncias.
“Ellos son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y a nivel interno, el Mecanismo Nacional de Protección, no tiene la capacidad para protegerles la vida. Las estructuras criminales que operan en la zona son tan fuertes y tan poderosas, tienen tanto poder económico, que finalmente el Estado no ha podido implementar medidas reales y concretas”, dijo el abogado Castro.
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