C-Libre señala en su informe anual sobre Libertad de Expresión (ILE-2021), denominado “De la represión en el espacio público al silenciamiento digital” el escenario que enfrenta el derecho a libertad de expresión, de prensa y acceso a la información pública, muestra el panorama de los últimos 18 meses, las necesidades de las voces ciudadanas y las formas en que estas son transmitidas, interpretadas y visibilizadas, especialmente en zonas de conflicto de difícil acceso, condicionados por el escenario político y las restricciones producto de la pandemia.
En 2021 se marcaron tres tendencias de agresiones a la libertad de expresión, la primera ligada a la violencia política –en cobertura electoral-, la segunda identificada en la represión violenta de la protesta social, especialmente en La Esperanza, Intibucá, donde la ciudadanía se sumó a decenas de reclamos por el esclarecimiento del crimen de la enfermera Keyla Martínez, a manos de la policía y el último relacionado con las agresiones a mujeres periodistas, comunicadoras y voceras comunitarias, cuyos patrones parecen cambiar las formas de agresión a la libertad de expresión.
Entre 2003 y 2021, C-Libre registra 2 mil 054 alertas por agresiones de diversa índole, pero a partir de 2009, con el golpe de Estado que saca del poder al entonces presidente Manuel Zelaya, es notorio el aumento de las violaciones a la libertad de expresión. Mientras que en los siete meses del gobierno de Roberto Micheletti, las agresiones contra los periodistas y defensores de derechos humano alcanzaron un repunte sin precedentes.
La cifra de muertes violentas contra periodistas creció, y esa tendencia se mantuvo en los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández. De los 97 periodistas asesinados en Honduras entre 2001 y 2022, 88 fueron acribillados después de la crisis política del 2009. Y de acuerdo a las bases de datos de C-Libre, 2009, 2013, 2015 y 2016, fueron los años de mayor riesgo para el ejercicio periodístico en Honduras.
Las nuevas conductas de silenciamiento
Producto de la pandemia, muchos medios
de comunicación cambiaron las formas de hacer periodismo, por tal razón
los escenarios de violencia se trasladaron “De la represión en el
espacio público al silenciamiento digital”. Un flagelo en auge, que
debido a su desatención por parte del Estado, está tomando fuerza y sus
consecuencias siguen dejando graves daños a las libertades, dijo a Proceso Digital, Sergio Zepeda, expositor del informe este martes.
Entre los nuevos patrones de silenciamiento y censura en el escenario hondureño -según C-Libre-, como el aumento de la violencia que inicia en los espacios digitales, hay casos como el crimen de tres mujeres generadoras de contenidos en redes sociales (tiktokeras), Dunia Lizeth Rodríguez (16), Scarleth Victoria Cruz (16) y Claudia Ninoska Pacheco (35) y el robo de información, seguido de un atentado, contra la periodista, de Campus TV, Ricci Moreno.
Igualmente, al menos dos integrantes del equipo técnico de C-Libre fueron víctimas de amenazas graves contra la vida, resultando en su desplazamiento forzado fuera del país. Esto demuestra que los actores que atacan a las libertades fundamentales y a los periodistas también pueden dirigir sus ataques contra las organizaciones de sociedad civil que cumplen labores de promoción de un entorno habilitante para el ejercicio periodístico en el país.
La elección de Xiomara Castro como presidenta de la República, generó expectativas positivas, especialmente con la derogación de la Ley Secretos, pero es claro que la nación sigue siendo estructuralmente peligrosa para las voces críticas, periodistas, defensores y movimientos sociales, por ello este informe insta a los periodistas, a la institucionalidad y a la comunidad internacional a repensar los retos y desafíos que permitan garantizar este derecho para construir una democracia fortalecida.
Limitación de los derechos fundamentales
Sin embargo –el informe subraya- que ese derecho en Honduras, es limitado, no solo por la amenaza que representan los grupos criminales, sino también por el freno que impone la legislación penal, que castiga con cárcel y multa la comisión de los delitos contra el honor, lo que se mantiene en el ámbito penal pese a las recomendaciones intencionales.
En 2021, el Comité para la Libre Expresión, emitió cinco alertas relacionadas con la criminalización de periodistas y defensores de los derechos humanos acusados de los delitos de calumnias, injurias y difamación. Entre estas alertas se mencionan las violaciones en los procesos legales contra el periodista César Omar Silva, en esta situación se encuentran casi una cuarentena de personas relacionadas al ejercicio periodístico, según el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
Los informes de libertad de expresión publicados por C-Libre, detalla que las violaciones a este derecho fundamental, se concentraron en la restricción de la información pública de la Secretaría de Salud; de la mala calidad de los hospitales móviles, del tardío proceso de vacunación contra la COVID-19 y de las elecciones generales desarrolladas en noviembre de 2021 en Honduras.
¿Quiénes están detrás de las agresiones?
En la clasificación por el tipo de agresor, informes anteriores, destacan que, en años anteriores los agentes de la Policía Nacional, eran los principales violadores de la libertad de expresión de los periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos. Sin embargo, en el 2021, la lista la encabezan, personas desconocidas; “que generalmente operan desde la clandestinidad y la virtualidad o digitalización, son las herramientas que utilizan para intimidar”, añade la máxima representante de C-Libre.
Pero además, el ente de sociedad civil, recuerda en su informe que con 10 agresiones a la libertad de expresión, la Policía Nacional tuvo una menor participación y de igual manera están de agresiones ejecutadas por los líderes y activistas políticos. Luego, se ubica la Policía Militar. En el 2021, los funcionarios del Estado fueron agresores indirectos a través de la censura, intimidación, procesos legales y uso abusivo del poder.
Entre los actores también se encuentran los activistas del Partido Nacional y diputados de ese instituto político, que, por su labor informativa, ejecutaron agresiones físicas contra periodistas. Nueve de las alertas emitidas en el 2021 involucran directamente a funcionarios públicos.
Un registro de agresiones de aumento desmedido
De las 96 alertas registradas en el
2021, 61 se fundamentan en agresiones a periodistas, nueve contra
defensores de derechos humanos y cinco a otros miembros de la sociedad
civil. Y destaca la muerte violenta de dos defensores de derechos
humanos, un trabajador de medios y tres creadoras de contenidos en redes
sociales.
En este periodo, las agresiones físicas aumentaron en relación con el año anterior, afectando principalmente a periodistas, camarógrafos, defensores de derechos humanos y ambientales. Y es que el año anterior (2021), se publicaron tres alertas por la deportación o negación del ingreso de periodistas internacionales que llegaron al país para darle coberturas al proceso electoral de noviembre. Entre los afectados, están Carlos Montero y Adriana Sivori de Telesur y Marine Pezet.
Asimismo, dos alertas fueron publicadas por sabotajes a dos radios comunitarias, una en el municipio de San Francisco Locomapa en Yoro y la otra en San Marcos Caiquín, Lempira, en ambas destruyeron el equipo y las instalaciones.
Los meses de año más hostiles para las libertades
Febrero y noviembre fueron los meses más violentos contra los periodistas. En febrero imperó la criminalización de la protesta pública y en noviembre la estigmatización y las agresiones físicas contra los comunicadores que buscaban informar sobre el proceso electoral. Mayo, julio y octubre destacan por los impedimentos para el acceso a la información pública.
Con 40 alertas registradas, el 41.7% del total, Francisco Morazán se ubica como el departamento donde más agresiones a la libertad de expresión se registraron; le sigue Cortés con 22 alertas (14.6%) y en el tercer puesto se ubica Intibucá con seis, después están, Choluteca, Copán y Yoro. Es importante destacar la reducción de agresiones que se produjeron en Choluteca, donde de 14 alertas registradas en el 2020, pasó a tener cinco en el 2021.
En los departamentos de Atlántida, Colón y Copán, las violaciones a la libertad de expresión provienen de los proyectos de energía hidroeléctrica y de las empresas de explotación minera. En estas regiones, la lucha por la defensa del territorio garífuna y la recuperación de tierras para la reforma agraria, también provoca violaciones a la libertad de expresión por parte de los empresarios agroindustriales y del turismo.
Un mecanismo eficiente
Las estrategias para proteger a los agentes en riesgo, ya no puede ser un instrumento teórico más, sino un mecanismo fortalecido que garantice el respeto a las libertades de expresión todas sus manifestaciones, es evidente que hay un cambio en el comportamiento de las agresiones y violaciones porque se pasó de la agresión física a la persecución digital, donde se agrede de manera indirecta y como no hay una atención, sigue su paso para silenciar e intimidar, concluye Zepeda.
Desde su perspectiva, la actual legislación -a falta de aplicación- no garantiza los derechos fundamentales de respeto al libre ejercicio de la profesión en defensa de la vida, por ello la democracia sigue debilitándose porque todo atropello no es sancionado como debería, entonces ese escenario de impunidad solo alienta desmedidamente las represiones desde el Estado y grupos de poder que tienen sometido a la población, los medios digitales son grandes contribuyentes a ese hostigamiento.
La legislación hondureña camino a la represión
Si estos escenarios que hoy se revelan
en este informe, Honduras lamentablemente, se encamina a situaciones
críticas como los que se viven en Cuba, Venezuela y Nicaragua, así que
para mí la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad busca limitar
desde cualquier ángulo las libertades existentes, no es posible que se
le pretendan dar más de 17 funciones a un ministro, cuando todo sabemos
que son funciones únicas de la Presidenta de la República, alertó María
Luisa Borjas, comisionada en condición de retiro.
“Hay que estar alertas porque si el secretario ejecutivo en quien se pretende dar el poder del Consejo de Defensa y Seguridad, interpreta que las declaraciones de un periodista representan una amenaza para la seguridad nacional, entonces ese comunicador puede ser encarcelado porque esa será una función implícita, no tiene sentido porque todos esos conceptos ya están tipificados en el Código Penal y Constitución de la República”, concluyó.
Una nueva amenaza creciente y libre
La coordinadora de C-Libre, es del
criterio que la digitalización de la información es como un arma de
doble filo, ya que los periodistas la usan para hacer su trabajo,
mientras que los enemigos de las libertades para intimidar y reprimir.
Lo preocupante –dice Ponce- es que son personas desconocidas que conocen
perfectamente al periodista o al defensor de derechos humanos y eso
amplía el riesgo que la amenaza se concrete y ante la débil
institucionalidad, solo se puede esperar un nuevo crimen en la
impunidad.
Ponce llamó a la institucionalidad para que busque mecanismos de protección eficientes, que se castigue a los criminales, “ya que no puede ser que por generar contenido, una persona sea asesinada, es un ataque directo al género, porque las tres víctimas eran mujeres, a este patrón de silenciamiento, deben ponerle mucha atención los nuevos agentes que pasan a formar parte del gobierno como funcionarios, pues además los defensores de derechos humanos, necesitan respeto y por eso llamamos porque la situación es convulsa y los seguirá siendo”, cerró. JP
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