A criterio del profesional del Derecho, Leopoldo Romero, las medidas impuestas contra Rivera por parte del togado, “son excesivas en cuanto a su inhabilitación como diputado ya que es un asunto de no gravedad”.
Amplió que tanto, la directora de Ciudad Mujer, Tatiana Lara y el parlamentario Rivera, no hayan podido resolver la problemática mediante una conciliación, ya que ambos son de la misma institución política, además están en la misma dirección de refundar al país.
De igual forma, puntualizó que son medidas sustitutivas temporales y los delitos que le imputan a Rivera son excarcelables, que aún están al nivel de llegar a la conciliación.
Cabe señalar que al diputado se le supone responsable de los delitos de Violencia Contra la Mujer, Coacciones, Daños, Tráfico de Influencia y Perturbación del Orden Público.
En tanto, el Juez Natural programó la audiencia inicial para el próximo 9 de septiembre del presente año.
La protesta se relaciona con la detención del dirigente mapuche Héctor Llaitul, quien desde el miércoles permanece en prisión provisional acusado por varios delitos, entre ellos un supuesto atentado contra el Estado.
En el sector de La Alameda, también llamada Plaza de la Dignidad, los carabineros utilizaron carros hidrantes para dispersar a los manifestantes, que se movilizaban hasta el momento en forma pacífica: «Liberar, liberar, al mapuche por luchar», cantaban, entre otras consignas.
La marcha en la capital coincide con una nueva ola de disturbios en varios puntos del país. En la región de la Araucanía se registran protestas con quemas de neumáticos y el levantamiento de barricadas. Asimismo, los manifestantes se adjudicaron un acto de sabotaje en el suroeste de la provincia de Malleco.
El jueves, la Justicia chilena dictó prisión preventiva para Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por presuntas infracciones a la Ley de Seguridad Nacional. Llaitul había sido detenido un día antes, mientras se producían numerosos hechos violentos en la región de Biobío y La Araucanía.
La decisión del Tribunal fue adoptada en medio del agudizado conflicto con esa comunidad indígena, que reclama sus derechos ancestrales sobre los territorios. Coincidió además con la renuncia de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, luego de que trascendiera que hubo una llamada a Llaitul para gestionar una eventual conversación poco después de que este llamase a una movilización contra el Ejecutivo en el sur de Chile.
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