La actual Corte Suprema de Justicia fue electa en el 2016 por el Congreso Nacional en medio de denuncias de compra de votos y manejada por el bipartidismo que conformaban en ese entonces el Partido Nacional y Liberal.
La nueva Corte deberá ser electa en enero de 2023 y para ello se han presentado tres iniciativas de ley ante el Poder Legislativo, mismas que serán fusionadas en una sola.
En un comunicado, estas organizaciones, sumado a algunos ciudadanos entre ellos Rodil Rivera Rodil, Mario Membreño, Amílcar Bulnes, Darío Hernández, Jorge A. Reina García señalan que el sistema de justicia desde hace mucho, abandonó su función de defensor del ordenamiento jurídico para asumir el rol de defensor del Poder, suministrando impunidad a quienes lo ejercen arbitrariamente y a aquellos con quienes éstos se relacionan por razones políticas, de negocios o de otra índole.
Las organizaciones arguyen que su negligencia permitió el crecimiento y fortalecimiento de las redes de corrupción que saquearon los recursos de las instituciones públicas, cuyos integrantes acumularon patrimonios multimillonarios, que hoy, presas del pánico por las medidas adoptadas por el Congreso Nacional, pretenden proteger buscando refugio en el exterior.
Su indiferencia ante el fenómeno del narcotráfico y, en ocasiones, hasta su complicidad, estimuló su crecimiento y favoreció que operara un sistema de poder paralelo al estatal, en aquellas áreas del territorio nacional en que operaban impunemente, a cuya autoridad quedaban sometidas las personas y propiedades, de las que abusaban sistemáticamente.
Además, resaltan que este ambiente de impunidad propició que se establecieran estrechas relaciones entre las redes de corrupción y de narcotráfico, cuya protección, según denunciaron los fiscales federales de EE.UU que conocen los juicios contra los narcos hondureños, fue asignada al sistema, la que cumplió con tal eficiencia que solamente la justicia extranjera pudo penetrar ese muro de impunidad, colocándonos en la categoría de Narco Estado y provocando la vergüenza nacional y el repudio internacional.
Por estas razones, entre otras, manifiestan su apoyo a la iniciativa de ley que pretende establecer nuevas reglas para regular la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de reducir la discrecionalidad de la Junta Nominadora, identificando factores de ponderación y criterios de evaluación que garanticen la selección de candidatos probos, independientes y capaces, a efecto de que el Congreso Nacional elija los nuevos magistrados de entre los mejores candidatos.
Advierten que si se renuncia a una nueva ley, es señal inequívoca de que Honduras desiste de construir un Estado de derechos y garantías para los ciudadanos, que provee seguridad a la población, y de que no hay interés real que Naciones Unidas auxilie al país en el establecimiento de la CICIH.
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