El flujo migratorio por este departamento comenzó en el año 2019, y poco
a poco fue agudizándose, principalmente cuando comenzó la aplicación de
la Ley de Migración y Extranjería donde se hace un cobro de 238 dólares
para extenderles un permiso para que puedan pasar por el suelo
hondureño.
“Consideramos que en vez de buscar políticas que venga a permitir la libre circulación de los migrantes vienen a obstaculizar la misma que trae consecuencias, hemos emitido recomendaciones para que el estado busque políticas de flexibilización migratoria”, expresó el delegado departamental del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de El Paraíso, William Alvarado.
Desde que comenzó la crisis migratoria en este departamento del oriente del país, quienes han asumido la responsabilidad de apoyar y respaldar a los migrantes ha sido la sociedad civil, a través de la Iglesia Católica, Evangélica, organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, entre otros.
El aumento de migrantes está permitiendo que exista un colapso de la sociedad misma, de las instituciones y del Instituto Nacional de Migración, debido a que la migración ya está en uno de los peores escenarios.
“La situación es preocupante porque la provocan las autoridades del Gobierno Central al mantener esta injusta sanción, esta injusta Ley en la cual se amparan esta multa, se nos aglomera la cantidad de migrantes que no pueden pagarla, por lo tanto es el gobierno el que ha propiciado esta crisis humanitarias que tenemos aquí en Danlí”, señaló el Obispo José Antonio Canales.
Es del criterio que la sociedad danlidense ha hecho todo lo posible para enfrentar la demanda de una población pobre que viene sin nada, a la cual le han dado de alimentar y servicios de salud.
“Es aplaudible la forman en que los paraiseños sean portado desde que entra el migrante por el sector de Trojes hasta que avanza hasta Danlí”, expresó el Obispo Canales.
Indicó que el problema que están enfrentado es que la Iglesia no cuenta con un edificio de albergue y lo que han hecho es habilitar los edificios pastorales y de espiritualidad para atender a los migrantes.
El defensor de los derechos humanos y miembro de la Red de Defensores y Defensoras de El Paraíso, José Santos, lamentó que alguna gente trata con groserías a los migrantes, sin importarles el sufrimiento que están viviendo en su travesía por llegar a Estados Unidos, en busca del sueño americano.
También denunció el aprovechamiento que se da una gente,
principalmente los comerciantes y los transportistas, quienes solo les
interesan los pocos dólares que llevan los migrantes, al venderles las
cosas y el servicio de transporte más caro.
Miembros de la Red de Defensores de Derechos Humanos de El Paraíso acudió a las oficinas de migración en Danlí para dialogar con las autoridades para conocer el procedimiento que realizan para la extensión de los permisos y el trato que les están dando, pero no fueron atendidos.
Varios migrantes se les acercaron a los miembros de la Red para denunciar el mal trato que reciben de parte del personal de migración.
Expresaron que el cobro que les hacen es muy alto, que además hay privilegios, ya que hay gente que tienen varios días esperando que los atienda y no lo han hecho, mientras que hay otros que el mismo día que llegan los despachan.
Además denunciaron que cuando son varios miembros de familias no les extienden el permiso el mismo días a todos, y eso dificulta porque el tiempo de cruzar el país se les acorta al quedarse a esperar a sus parientes para continuar el camino juntos, porque algunos no hablan español o inglés.
Desde que aumentó el flujo migratorio, al menos cuatro migrantes han fallecido en el sector, de los cuales dos eran menores de edad.
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