Para discutir dichos temas comparecieron el líder sindical Carlos H.
Reyes y la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, ambos
integrantes de la coordinación nacional de la Convergencia contra el
Continuismo (CCC).
“Eso no solamente es un grave error, sino que también es estarle haciendo el juego a todos aquellos interesados en jugar sucio frente al nuevo gobierno”, advirtió.
Reyes indicó que de una u otra forma se estaría acusando al gobierno de Xiomara Castro con una serie de acciones, cuando se desconoce que actualmente hay toda una estructura dictatorial que todavía no se ha eliminado, está toda una estructura de impunidad que todavía persiste y además el país enfrenta los efectos del mal manejo económico provocado por la institucionalidad de la corrupción y del narcotráfico que dejó instalado el régimen de Juan Orlando Hernández.
“Cada vez que se hacen análisis, se nota que hay toda una maniobra, que hay toda una estructura montada precisamente para eso. Y nos parece a nosotros que hay que desmontar todo lo que está pasando dentro de la Policía y dentro de toda la institucionalidad del país, porque si no, esto se nos va a complicar más”, comentó.
“Hay toda una matríz bien montada tanto en algunos medios de comunicación como a través de una serie de movilizaciones que se dan en el país exigiendo, quizás con derechos, algunos puntos; pero en otros sí se nota que hay una verdadera manipulación”.
Se busca pues a la larga, yo no sé si a largo o mediano plazo en este
país, estar casi institucionalizando un mecanismo para un “golpe de
estado” y eso es muy peligroso, dijo el dirigente sindical
Es necesario que podamos entender la dimensión del problema que estamos enfrentando y que el tema de derechos humanos es un tema fundamental para poder despegar, para poder desarrollar, unido con toda esa línea que se está poniendo en marcha que es la línea del rescate de la memoria histórica, sostuvo.
“No podemos olvidar de lo que venimos saliendo, que fue de una narco-dictadura que dejó toda una estructura que está intacta”.
Oliva apuntó que la extradición de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos implicó que se “han llevado la cabeza, pero las estructuras que están operando son un monstruo de mil cabezas y mientras ellos estén, van a tratar de hacer todo este tipo de acciones para socavar, para debilitar y para quitarle la esperanza al pueblo. Y socavar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y eso hace entonces que no pueda avanzar, sino que se vuelva una nube que no podamos controlarla”.
En torno a la CICIH, Bertha Oliva señaló que no sabe qué tan cierto sea, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) esté condicionando la instalación de dicho organismo al cumplimiento de siete puntos, que implicarían un plazo de 10 años para operar, una elección con estándares internacionales de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), la derogación del mal llamado Pacto de Impunidad (Amnistía), la derogación del decreto 116-2019, la abrogación del Código Penal, la legalización de la Junta Directiva del Congreso Nacional y la aprobación de la CICIH con mayoría calificada en la Cámara Legislativa.
Oliva dijo que lo preocupante es que aquellos que han socavado el estado de derecho en Honduras, cuentan con una estrategia muy bien instalada para hacer looby a nivel internacional para llevar a cabo el propósito de debilitar al gobierno actual.
“Para mí, si es cierto que uno de los condicionantes (para la instalación de la CICIH), es derogar la Ley de Amnistía y que hablan como que es un pacto de impunidad, mi pregunta es ¿con quién es que han hecho ese pacto de impunidad?, porque cuando hay un pacto es cuando hay dos sectores. Y en este momento ¿con quién han pactado? si los únicos beneficiados son las víctimas durante el golpe de estado y durante la dictadura”.
Oliva aseguró que los beneficios de la amnistía han sido más que evidentes, donde se ha beneficiado a decenas de campesinos, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas criminalizadas por oponerse al golpe de estado y aquellos que demandaron educación y salud de calidad en el país, así como algunos funcionarios del “poder ciudadano”.
Aquellos que se oponen a la amnistía son grupos que siguen haciendo looby a favor de la dictadura y de los grupos fácticos que han dominado por años al país, denunció la reconocida defensora de los derechos humanos.
Para Carlos H. Reyes, la amnistía en principio reconoce que en Honduras hubo un golpe de estado en 2009, por lo tanto derogar esa ley significaría que habría que volver atrás y negar que hubo un rompimiento del orden constitucional.
Asimismo, el dirigente sindical destacó que la Ley de Amnistía en lo que va de su vigencia, ha favorecido a unas 100 personas que fueron perseguidas y criminalizadas por el golpe de estado y por la dictadura de Juan Orlando Hernández.
En otro aspecto en discusión, Bertha Oliva dijo que de ser cierto que la ONU ha pedido legalizar la Junta Directiva del Congreso, como condicionante para la instalación de la CICIH estaría indicando la nulidad de las acciones dentro del poder legislativo.
“Que estén condicionando al gobierno para que eso se dé, estaríamos frente a una situación difícil donde no será la presidenta la que gobernará, sino que será la CICIH la que gobernará. Y eso es permitirle demasiada intervención en asuntos meramente privados. Es preocupante y si es así, es mejor que no venga”, cuestionó Oliva.
Oliva detalló que el país se encuentra en una situación compleja,
pero que no hay que dejarse llevar por lo que se instale a través de
algunos medios de comunicación, desconociendo situaciones de fondo.
“Independientemente de cual sea el origen, por ejemplo inmiscuirse en lo que es la elección de la junta directiva del Congreso Nacional, ya eso tiene otro fondo, o sea, con eso están prácticamente plegándose a lo que ha sido la posición de toda la ultraderecha de este país en el caso del Congreso, que como no lo pudieron asaltar, entonces han estado en esas posiciones de negar y de decir que la directiva del Congreso es ilegal”.
Ese es un punto muy delicado con un fondo político que nos está indicando prácticamente que aquí lo que se quiere dar, es un “golpe bajo” al Congreso Nacional, indicó el dirigente sindical.
Y Bertha Oliva expresó que debe emplazarse a las Naciones Unidas para conocer si las 7 condicionantes expuestas ante el gobierno de Xiomara Castro para instalar las CICIH son ciertas y que de ser decir así, Honduras estaría perdiendo la gobernabilidad institucional y dicho organismo estaría jugando el juego de la derecha en Honduras.
La Coordinadora General del COFADEH también comentó que se está tratando de crear temor en la población de que Xiomara Castro preside un gobierno de izquierda, cuando ha sido la derecha la que hundió al país en la corrupción y en el atraso.
“Se está manejando esta tonada para que la gente con menor cultura y educación sienta temor a esa frase como la izquierda y reacomodar fuerzas. Hay realmente una perversidad en todo esto”, aseguró.
El domingo 29 de mayo Wilson Ariel Pérez, propinó una patada por la espalda a una oficial de policía que cayó gradas abajo, durante acciones violentas suscitadas al final del partido de la gran final del fútbol hondureño entre Real España y Motagua, acontecidas en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Las cámaras de seguridad del estadio, captaron el momento cuando Pérez de 21 años, pateó a la mujer policía y luego fue visto propinando otra patada al árbitro del partido.
El hecho se volvió viral en las redes sociales y la Secretaría de Seguridad ofreció 100 mil lempiras de recompensa a quien revelara el paradero del agresor. El martes 31 de mayo, la propia Policía informó que el aficionado agresor, había muerto abatido por efectivos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que se enfrentaron contra miembros de la Mara Salvatrucha en la colonia Municipal del municipio de Villanueva, Cortés.
Sin embargo el cuerpo del joven, habría presentado evidencias de que fue sometido a múltiples torturas por parte de sus victimarios.
El caso ha suscitado fuertes cuestionamientos sobre el accionar policial, que ha sido una constante en los últimos años. Incluso organizaciones como el COFADEH han señalado que operan escuadrones de la muerte en el país tal y como sucedió en la década de los años ochenta, que trajo consigo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Cuando nosotras decimos que no hay una policía, que no hay unas nuevas Fuerzas Armadas (FFAA), es porque lo único que hay nuevo, son los titulares de estas instituciones, o sea los ministros; pero mientras no se inicie un proceso de depuración a fondo de estas instituciones; los resultados van a ser los mismos y mucho más caóticos que los que se tienen en la actualidad, comentó.
“Recomendamos a las autoridades del ministerio de Seguridad que deben de actuar como lo que dicen que han aprendido, porque para nosotras es bastante preocupante que haya patrones en estos días como establecidos”.
“Esa es una locura que desde el ministerio de Seguridad estén pagando recompensas o caza recompensas por estar identificando a personas a quienes se les busca por la comisión de un delito y que están huyendo, eso constituye una carta blanca para actuar, como lo que tuvimos en las últimas semanas con el caso del joven Wilson Pérez”, manifestó Oliva.
No se puede colocar a Wilson como lo peor de lo peor, si no se coloca también, como se debe poner en contexto, qué fue lo que pasó ese día en el estadio cuando se coloca y se repite varias veces el momento cuando se lanzó a la mujer policía de las gradas, pero no se coloca en la misma magnitud, las agresiones que estaban sufriendo los aficionados fuera del estadio olímpico de San Pedro Sula que era toda una brutalidad policial y eso me parece que se debe elevar en el debido contexto.
“Y lo otro que me parece muy importante es que se debió haber procedido a la captura de Wilson Pérez y de inmediato ponerlo a la orden de los tribunales”, señaló la Coordinadora General del COFADEH.
La defensora de derechos humanos instó a la audiencia a meditar sobre lo actuado por los agentes policiales, “porque se mira que hay un patrón establecido y los patrones son altamente peligrosos”.
Para Carlos H. Reyes tiene que hacerse una investigación a fondo y tomarse todas las medidas del caso “porque no se trata de que si alguien es un delincuente, se le va a agarrar y después matar, porque si así empiezan; ya después van a volver contra nosotros, van a volver con lo que llaman los de la izquierda, y van a decir a éste hay que matarlo porque es de izquierda”.
“A la gente hay que llevarla a los tribunales y se supone que estamos montando una estructura institucional para resolver los problemas. No estamos buscando formas o mecanismos que son propios de los cuerpos armados, o cuerpos delincuentes que pretenden manejar las cosas en Honduras”, dijo Reyes.
En el editorial del COFADEH titulado: Las Voces del Plantón, la organización de derechos humanos señaló que: “…En un comunicado público, la organización humanitaria no dejó pasar la tortura y asesinato del joven Wilson Ariel Pérez al estilo de los escuadrones de la muerte de 1980. Wilson sufrió una persecución feroz de medios privados, del sistema de seguridad 911 y una unidad militarizada de la policía que puso precio a su cabeza después de cometer una falta grave contra la humanidad de una oficial de policía en el estadio Olímpico de San Pedro Sula…”
Y más adelante apuntó que: “…El cadáver del aficionado presentaría las uñas de sus manos extraídas, sus dientes removidos, la lengua cortada y otras laceraciones brutales, en un cuadro que remite a los actos de tortura de escuadrones de la muerte y no al trabajo científico de forenses buscando muestras del ácido desoxirribonucleico…”.
“…Frente a este hecho, la oficina que dirige el general Sabillón ha incurrido en una cadena de contradicciones públicas respecto a las circunstancias y motivaciones al extremo de hacer recordar la matriz del asesinato salvaje de Keyla Martínez el año pasado en La Esperanza…”
“…Si la presión social y política continúa sobre la policía, dijo el Cofadeh, la sociedad podrá desenmascarar esta ejecución extrajudicial. Si, por el contrario, es desviada la atención pública, el general Ramón Sabillón y su viceministra perderán la oportunidad de presentar a la justicia a los policías asesinos, para sanar la pudrición con transparencia…”, advirtió la opinión editorial del COFADEH.
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