Madrid – Europarlamentarios exigen «sin más dilación» justicia en el caso de la defensora ambiental hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica, y en cuyo caso se ha retrasado en cuatro ocasiones la lectura de la sentencia en contra del supuesto coautor intelectual del crimen.
La lectura de la sentencia del juicio por el asesinato de Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su vivienda en el occidente de Honduras, se ha retrasado en cuatro ocasiones, la última anunciada este lunes pasado por el Ministerio Público hondureño que informó de que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional retrasaba tres días más la lectura prevista para el 17 de junio.
Cáceres, Premio Sájarov, fue asesinada a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte, por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, que afectaría a los integrantes del pueblo lenca.
Está pendiente la lectura de la sentencia contra el exmilitar Roberto David Castillo, hallado culpable como coautor en el crimen de Cáceres, y que entonces era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada de construcción de la hidroeléctrica.
El europarlamentario Javi López, del Grupo Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo (PE), ha reiterado la petición de justicia al Estado hondureño e instado a «cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una adecuada, efectiva y pronta reparación de las víctimas, tanto de la familia de Berta Cáceres como de la sociedad hondureña en su conjunto que fueron impactados por el crimen”.
López recuerda en un comunicado que en junio de 2021, 61 miembros del PE enviaron una carta a las autoridades hondureñas, incluido el entonces presidente del país Juan Orlando Hernández, expresando «su más profunda preocupación por las dilaciones injustificadas en el proceso judicial» por el asesinato de la líder lenca.
Miguel Urbán Crespo, del Grupo de la Izquierda en el PE, ha señalado que condenan «rotundamente la falta de medidas asumidas para brindar verdad, justicia, reparación y garantías para que estos hechos no vuelvan a repetirse».
«Es por ello que además de la sentencia condenatoria ajustada al proceso penal contra David Castillo, instamos al Ministerio Público a tomar medidas rápidas y concretas para aprehender y enjuiciar a todos los actores intelectuales del asesinato de la defensora», ha añadido.
Tilly Metz, del Grupo de los Verdes en el PE, ha señalado que la falta de justicia para Berta Cáceres y las muchas personas defensoras asesinadas y agredidas en América Latina por defender los derechos territoriales ancestrales y el medioambiente «sigue siendo sistémica, pero el caso de Berta es un faro de esperanza. Ahora, sin más dilación se debe dictar la condena de David Castillo».
Indican los europarlamentarios que la directiva sobre diligencia debida para regular la actividad de empresas europeas en otros países, en este caso Latinoamérica, «es un paso en la dirección correcta, pero debemos asegurarnos de que se convierta en un instrumento eficaz para detener las violaciones de los derechos humanos y el medioambiente en todas las cadenas de suministro». JS
https://proceso.hn/europarlamentarios-reiteran-la-peticion-de-justicia-para-berta-caceres/**************************
Canciller habla de acuerdos sólidos con la ONU, pero pacto de la CICIH podría firmarse hasta fin del año
Eduardo Enrique Reina, ministro de las Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
Por: Proceso Digital,14 de junio de 2022 - 4:34 pm. Tegucigalpa –
Eduardo Enrique Reina, ministro de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), manifestó este martes
que las relaciones con las Organización de Naciones Unidas (ONU) para la
instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en
Honduras (CICIH) están avanzadas, pero que el pacto para su venida
podría firmarse hasta finales de este año.
En declaraciones a la capitalina Radio América, el canciller dijo que el secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, mostró amplitud e interés para que el mecanismo anticorrupción se instale en la nación centroamericana “nos ofreció todo el apoyo para que en el menor tiempo posible se puedan implementar los acuerdos necesarios”, amplió.
En ese contexto, el diplomático hondureño externó que se ha llegado a un acuerdo con el mecanismo intercontinental, para hacer un anuncio conjunto sobre la venida de la CICIH, asimismo que espera que el proceso no lleve mucho tiempo “acordamos no dar previamente una fecha exacta, pero creo que será antes de concluir el año”.
El Organismo de Naciones Unidos -añade Reina- no ha puesto ningún tipo de condición, más que las necesarias, como acciones que se podrían considerar privilegiadas e inmunidades, para que la Comisión pueda tener garantías. Además el tema de la seguridad será vital para ellos porque vienen a desempeñar un tema complicado en la nación.
Es oportuno mencionar que el secretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Zelaya Rosales, manifestó recientemente a la prensa que tenía información que le permitía asegurar que la Comisión Internacional auspiciada por las naciones Unidas podría estar instalada en el próximo mes de septiembre, contrario a lo que dice el canciller que “no hay una fecha en específico”.
“Tenemos que esperar los procedimientos de ellos (Naciones Unidas), pero el secretario nos reiteró que en el menor tiempo posible se firmarán los acuerdos respectivos”, subrayó al tiempo que añadió que además hay interés de la comunidad internacional en apoyar el proceso para que la CICIH se instale, entre ellos Canadá, Unión Europea y Banco Mundial.
Honduras busca instalar la CICIH para hacerle frente a la corrupción, así como la MACCIH desde enero de 2016 hasta 19 de enero de 2020, tras un convenio entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA), producto de una masiva demanda ciudadana en las calles.
Tras la salida de la MACCIH, algunos de los 13 casos se revirtieron en los tribunales, gracias al nuevo Código Penal, y el cambio de gobierno generó expectativas sobre el combate a la corrupción, pero una amnistía política, creó dudas a la actual administración 1ue llegó al poder con la promesa de erradicar ese y otros flagelos. JP
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