Además de contemplar someter a juicio político al presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta y al fiscal Óscar Fernando Chinchilla, los congresistas hondureños apuestan por modificar el procedimiento de clasificación, selección y escogencia de las autoridades en los organismos operadores de justicia ante la penetración del crimen organizado y la narcoactividad.
“Nadie puede desconocer en el país que el sistema de justicia fracasó, la extradición de Juan Orlando Hernández lo demostró que aquí gozaba de completa impunidad. Creemos que donde está el cuello de botella y debemos cambiar es en las juntas nominadoras que se presta a la manipulación de aquellos que quieren una CSJ controlada”, manifestó el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé.
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En Honduras, la Constitución establece en su artículo 311 que los 15 magistrados que conforman la Corte deberán ser electos por dos terceras partes de los diputados, es decir, 85 de 128 congresistas.
Además, dicta que los magistrados serán electos de una nómina de candidatos propuesta por la Junta Nominadora que está integrada por un representante de la CSJ, al igual que del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), del claustro de profesores de la escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante electo por sociedad civil y un representante de la Confederación de Trabajadores.
Asimismo, instruye al Congreso Nacional crear una ley reguladora de la organización y el funcionamiento de la Junta Nominadora que en esta ocasión contempla reducir sus potestades y promover los mejores 45 candidatos que superen un riguroso proceso de inhabilitaciones.
La congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH) y miembro de la Comisión Anticorrupción, Fátima Mena, presentó el proyecto de ley para replantear el proceso de selección y elección de todos los funcionarios en segundo grado debido que las organizaciones que contempla la normativa constitucional “no actuaron con independencia”.
“El proceso de elección en el Congreso Nacional todos y todas recordamos lo nefasto del proceso pasado donde terminamos básicamente en una elección secreta y existió mucha incertidumbre”, añadió.
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Rafael Canales, presidente del CAH, reconoce que se debe cambiar el procedimiento para evitar continuar con manipulaciones de sectores corruptos o criminales.
“Se debe cambiar el procedimiento para que no sea una trampa ni objeto de manipulación de ningún sector y acompañaremos estas iniciativas. Lo que nos preocupa es que prevalezca el Estado de Derecho, que haya un proceso de igualdad de condiciones que no sea una burla para nadie tenemos que hacer una evaluación integral sin sectarismo para nadie”, dijo.
Sin embargo, el propio presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo reconoció que existen “agentes externos” a los cuales no hizo referencia que “están reuniéndose o pretendiendo reunirse con diputados para meter mano a la elección de los magistrados y fiscales”.
“Este servidor en determinado momento revelará qué agentes externos están reuniéndose o pretenden reunirse con diputados para meter mano a la elección”, aseveró.
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PROPUESTA DESDE EL EJECUTIVO
El titular de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, Edmundo Orellana, detalló que presentó una propuesta ante el consejo de ministros para su aprobación y remitirse al Congreso Nacional encaminada a una normativa que filtre y regule quiénes integrarán la Junta Nominadora.
“Debe exigirse el cumplimiento de requisitos mínimos para los integrantes de la Junta Nominadora. Actualmente no existen, de modo que puede integrarla cualquier persona incluso un miembro activo del crimen organizado o un corrupto ampliamente conocido”, explicó.
Para el también exfiscal, el problema del nombramiento de los magistrados no radica en la votación de los diputados, por el contrario, en la conformación de la Junta y la selección para los candidatos que remiten al Congreso.
“Si en esta etapa se logra que los más idóneos integren la lista de los 45 candidatos, no importa a quién elija el Congreso porque todos serán idóneos para ser magistrados”, detalló.
Maribel Espinoza, congresista del PSH, alabó la llegada de dicha iniciativa ya que considera “no hay tiempo que perder pues nos estamos jugando la carta más importante para el futuro de Honduras: una CSJ integrada por hombres y mujeres idóneos y éticos, no más de lo mismo”.
No obstante, el designado presidencial, Salvador Nasralla, es de la postura que la elección no debe pasar por los diputados al afirmar que más de la mitad “tienen algún nexo con el narcotráfico o con negocios sucios” y traslada la responsabilidad a sectores de sociedad civil.
Será en el mes de mayo que el Congreso Nacional definirá el proceso de evaluación, nominación y selección de candidatos a cargos de segundo grado, pero en esta semana se presentará la moción para someter a juicio a Chinchilla y Argueta por incapacidad y negligencia en su accionar contra la corrupción y el crimen organizado.
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