Indicó que el Congreso Nacional (CN) debe de comenzar a llamar a los funcionarios que fueron nombrados en por ese poder y han tenido escaso desempeño.
Señaló que el fiscal general del MP Óscar Fernando Chinchilla, termina sus funciones el 1 de septiembre de 2023, mientras que el presidente de la CSJ, Rolando Argueta culmina su labor en febrero de ese mismo año.
«En más del 80 por ciento hay una omisión de lo que es la investigación policial y judicialización de los casos, manifestó.
Adelantó que en el próximo mes de abril se divulgarán, en colaboración con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los «los datos reales» sobre le incidencia delictiva.
Consecuentemente, afirmó que «este ministerio de Seguridad no va a maquillar cifras, trabajara con cifras reales del OV-UNAH y trabajará en políticas públicas para resolver el problema, desde el 2020 al 2021 que no hayan validado cifras es peligroso».
Asimismo, comentó que «la Dirección Policial de Investigaciones tiene un recorte de más del 50 por ciento en presupuesto, la Secretaría de Seguridad pasa por los mismos problemas que tiene la Secretaría de Salud».
Finalmente añadió que «el tema de las extradiciones nos deja muchas preocupaciones, no es fácil cuando Honduras se convirtió en un narcoestado».hondudiario/AB
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