En horas de la mañana del domingo, la joven de 26 años fue encontrada sin vida dentro de su celda, en la Unidad Departamental de Policía número 10 de La Esperanza, Intibucá. La versión inmediata de la policía fue que la joven se suicidó con su suéter. La Secretaría de Seguridad avaló la versión de los oficiales sin realizar una investigación previa y emitió dos comunicados afirmando que había sido suicidio.
Sin embargo, la autopsia practicada en la morgue judicial del Ministerio Público en Tegucigalpa reveló que Keyla fue víctima de asfixia mecánica, lo que confirmaba que no se había suicidado, sino que había sido asesinada.
En abril de 2021, fue detenido el policía que presuntamente habría asesinado a Keyla. Después de interponer un recurso de apelación, la Corte de Apelaciones, en agosto de 2021, resolvió recalificar el delito de femicidio agravado (pena de 25 a 30 años de cárcel) al delito de homicidio.
Ante esta recalificación, el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), integrante del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina se solidariza con la familia de Keyla Patricia Martínez Rodríguez. Con el fin de que las personas responsables de su asesinato sean enjuiciadas y condenadas con los delitos y penas adecuadas según los estándares internacionales y nacionales que regulan la protección frente a la violencia contra la mujer y frente a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Grupo de Litigantes enviará esta semana un memorial en derecho a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Para mayor información, por favor contactar:
En Ginebra: Iolanda Jaquemet, Directora de Comunicaciones, OMCT
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