La agenda de las leyes nefastas para los derechos individuales y colectivos del pueblo hondureño, las llamadas leyes habilitantes de la dictadura autoritaria de Hernández, es una agenda que está pendiente. Y es una lista larga con una lista corta que no debe esperar los 100 días de la presidenta Xiomara para ser enfrentada.
De momento, las que más suenan son la ley de escuchas, la ley de canje publicitario con los poderes mediáticos, la ley de empleo por libra, la ley de secretos y la ley de la impunidad.
El otro gran desafío que enfrentamos es que, efectivamente, la cúpula del partido Libre termine de ser coherente con su definición de institución antipatriarcal y anti imperialista.
La denuncia hecha esta semana por el fiscal Edmundo Orellana, colaborador anticorrupción de la presidenta Xiomara Castro, es que su esposo Manuel Zelaya está muy protagónico en su gobierno. Y eso tiene un efecto sobre la imagen de la mujer elegida por el pueblo hondureño.
Con todo respeto debemos señalar, en efecto, que debido al estado de salud que ausenta temporalmente a la Presidenta de sus funciones, ha sido el coordinador del partido que ha dejado la sede de este instituto en la colonia Humuya para ocupar los salones oficiales de la Casa Presidencial que él dirigió entre 2006 y 2009.
Las reuniones excitantes con los maestros prohecos reclamando nombramientos permanentes, la cita para la reconciliación con los diputados rebeldes de Libre y el encuentro administrativo con los alcaldes del país, entre otras reuniones oficiales, han sido presididas por Manuel Zelaya en la sede del Ejecutivo.
El rol de esposo y de consejero transmite, sin embargo, una imagen de interrupción del protagonismo de la presidenta, y estamos a tiempo para que esta imagen masculina del esposo que siempre alegó la deuda de seis meses de gobierno robados por el golpe no termina suplantando la imagen de la presidenta. Mel Zelaya debe operar en el territorio del partido, ejercer su función de coordinador general, aconsejar privadamente a su esposa con su exquisita experiencia, y dejar la sede ejecutiva a la presidenta elegida por el pueblo.
Por otra parte, en cualquier análisis elemental de la coyuntura hondureña, salta a la primera mirada el papel de la Corte Suprema, los tribunales y el ministerio público en la coyuntura post electoral. Este es un factor que queda pendiente en las relaciones de poder por la dimensión de los dueños de la diosa Temis y ese es, en parte, un factor provocador de la crisis en el legislativo donde las fuerzas están tomando tiempo para re-acomodarse.
Los procesos penales contra luchadores sociales, defensores ambientales y activistas de derechos humanos, como el palpitante tema de la amnistía a prisioneros y perseguidos políticos y de conciencia, tienen que ver efectivamente con el trabajo de jueces, fiscales y policías. Es un proceso que está en movimiento, pero que sigue intacto en tanto el cuerpo de los 15 magistrados sigue repartido entre los ex jefes de Estado, Flores Facussé y Hernández.
Facussé está en cuestionamiento, por un lado, por mantener el control durante doce años de los principales centros de decisión de la política exterior del país, las sedes de la ONU en Nueva York donde continúa su hija como invariable representante; la sede de la OEA en Washington donde siguen sus cuadros próximos, Bautista y Corrales, y por otro lado el control con eternos embajadores del florismo de las principales capitales de Europa, incluyendo las ciudades de Ginebra y Bruselas.
El otro dueño de la Corte Suprema, bien comprometido ahora con la justicia antiterrorista, anticorrupción y anti drogas de los Estados Unidos, es Hernández quien ha llegado a un punto de contaminar no solamente a su partido político sino a todos sus antiguos socios liberales y de la sociedad civil.
Aparte de esta debilidad del entramado del poder judicial están los policías militares leales a la doctrina represiva impuesta por el cartel Hernández y las fuerzas armadas, que hoy lucen sumisas, pero no al pueblo que tomó decisiones políticas contundentes en noviembre pasado, sino ante el comando sur, que ha dirigido la formación, la orientación y las relaciones públicas y privadas de los militares hondureños.
En este escenario coyuntural, es evidente que la presencia del gobierno Biden en Tegucigalpa a través del nuevo personal de su ostentosa embajada construida por la teniente Fulton, protectora de Hernández, tiene un efecto impositivo sobre el nuevo gobierno.
Este esfuerzo de los senadores estadunidenses por enlistar a los corruptos nacionales y expresar su intención de llevarlos a juzgamiento a Nueva York, un deseo por demás ferviente del pueblo hondureño consciente de las limitaciones de su poder judicial local entregado a las mafias financieras y lavadoras de activos ensangrentados, coincide con ese esfuerzo de condicionalidades bien evidentes de la Casa Blanca.
Por ejemplo, es de público conocimiento que Estados Unidos no quiere relaciones de Honduras con China ni Rusia, y está inquieto por la reapertura de la embajada venezolana en Tegucigalpa y por el futuro de la relación con Israel, el comodín estadounidense en el medio oriente, el gran proveedor de armas de guerra al país más empobrecido de Centroamérica.
Otra de las relaciones en la cual Estados Unidos tiene particular interés es la de Tegucigalpa – México, el guardián territorial, político y económico de su frontera sur, para impedir el desplazamiento de millares de hondureñas y hondureños que huyen diariamente hacia norteamérica expulsados por las violencias de la pobreza, el narco y la corrupción que Washington impuso tras el golpe de Estado de 2009.
Un tema que llaman migración masiva irregular y que López Obrador llegará bien pronto a conversar directamente con Xiomara, para bajarle la presión a los demócratas que están asediados por supremacistas republicanos partidarios de medidas fascistas contra las personas migrantes.
Todos estos elementos están pesando grandemente en los primeros 100 días del gobierno que reemplaza un Estado destartalado, sin recursos, saqueado, envilecido a nivel mundial como un Estado corrupto y narco. Para Xiomara y su equipo es como empezar de cero una historia. Y en este sentido, comprendemos la desesperación del expresidente Zelaya por cubrir con su experiencia los huecos que la derecha fascista está abriendo para minar el nuevo proyecto del pueblo de Honduras y la gestión de Xiomara, que busca reconstruir la sociedad fragmentada por la violencia y la muerte, y reconciliar con amnistía tanta voluntad social encarcelada.
Nos toca con frialdad pedir a las fuerzas sociales, populares y políticas, no solamente vigilar sino proponer y empujar acciones con sentido de sociedad, no de gobierno, porque una oportunidad de vacío ético para la élite política liberal y cachureca como esta no se produce fácilmente. Como todo el mundo sabe, esta coyuntura cuesta sangre viva de mucha gente, exilio de extraordinarios seres humanos que difícilmente volverán a concurrir a su patria sin la creación de condiciones de supeditación a la ley de esos sectores criminales que les obligaron a dejar el país.
Este es un buen momento para decirlo, la enorme cantidad de educadores, de activistas sociales comunitarios, periodistas de extraordinaria pujanza en la construcción de la sociedad, médicos, empresarias de diversos sectores, estudiantes brillantes, que salieron expulsados de Honduras en estos 12 años, es un activo masivo que no se recupera así no más con invitaciones a la ligera a regresar al país. Si los sicarios de la policía y sus grupos clandestinos continúan respondiendo a la orden debida de bancos, de empresarios siniestros y de militares violentos, nadie de esa generación virtuosa va a arriesgar sus vidas después de haber hecho enormes esfuerzos por integrarse a las sociedades que les han recibido en América, Asia, Europa y Oceanía.
De este modo, el éxito de la amnistía como mecanismo de perdón estatal para reconciliar a la sociedad hondureña no depende solamente de nuestros entusiastas llamados a comunicarse con el Cofadeh y el ministerio de los derechos humanos, sino depende realmente de las condiciones objetivas que el Estado cree, subyugando a esos sectores violentos que producen la destrucción del tejido social y politico del país. Sin sujeción de los policías, banqueros y militares a la justicia, no se producirá el retorno soñado de nuestros compatriotas al concurso del país.
Esta noche hacemos, pues, un llamado a la comunidad europea y a los gobiernos del triángulo norte de América, México, Estados Unidos y Canadá, que es el momento de abandonar sus proyectos de muerte ligados a la producción de alimentos modificados, a la destrucción ambiental de valles y montañas con minas a cielo abierto, y sobre todo el proyecto del tráfico de drogas, armas, personas y desechos radioactivos, con los que ensucian nuestras sociedades. Con esas contribuciones Honduras puede despegar.
Sigamos pueblo, con atención y con propuesta, con la energía potente que hemos probado durante estos 12 años, al fin de los cuales hemos botado a aquella generación de miserables que se presentaban como el futuro, cuando en realidad representaban el pasado.
Buenas noches!
Voces contra El Olvido, sábado 12 de febrero de 2022
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