Un informe de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) expuso, en diciembre de 2010, que tras el golpe de Estado se registraron al menos seis víctimas mortales, se violentó el orden constitucional, se instauró un gobierno de facto, se violentaron garantías constitucionales, hubo uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad del Estado, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, entre otros rosarios de delitos que estarían contemplados en la demanda que presentó Zelaya.
“Este es un hecho de justicia y condena a los actos violentos del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. No tenemos ningún afán de venganza, no estamos procediendo contra el golpismo. La reconciliación no pasa por hacer venganza, pasa por hacer justicia”, declaró.
La demanda fue aceptada por la CIDH en agosto y admitida recientemente según las declaraciones de Zelaya por lo que ahora el Estado de Honduras tendrá un plazo de seis meses prorrogables para llegar a consensos y evitar ser condenado nuevamente en un juicio en la Corte-IDH.
Los apoderados legales de Zelaya, juristas expertos de Argentina y otros países de Suramérica dónde se han perpetrado golpes de Estado llegarán a Honduras en los próximos días para iniciar los procesos de conciliación aunque aclaró que no exigirá una compensación material sino derechos sobre el honor que corresponde a cada hondureños y es garantizado en la Constitución de la República.
“No estamos pidiendo reparación de daños materiales porque la CIDH eso determina al final de un juicio, nosotros estamos pidiendo reparación de daños morales”, reiteró.
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LOS DEFENSORES DEL ESTADO SERÁN LOS NUEVOS PROCURADORES
El anuncio del expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) surge luego que el Congreso Nacional que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, destituyera a los actuales procuradores y nombrara en su cargo a José Manuel Díaz Galeas como procurador y a Tomás Emilio Andrade Rodas como subprocurador.
Dicha acción no solo violentó el reglamento para nombrar a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), también incumplió los preceptos constitucionales para ser ungidos en el cargo al no cumplir con el requisito de ser notario.
Tanto Galeas y Rodas serían, en todo caso, los defensores del Estado frente a la demanda y será la presidenta de Honduras y esposa de Zelaya, víctima también del golpe de Estado quien deberá llegar a las decisiones y determinaciones para garantizar resarcir el daño a las víctimas.
Cabe indica que, este mismo Congreso aprobó la Ley de Condena al Golpe de Estado, que deroga el Decreto Legislativo que consumó el derrocamiento de Zelaya, blindar los artículos constitucionales que rigen el periodo y forma de gobierno, apoyar a las familias afectadas con programas sociales, entre otras acciones que podrían ser declaradas inaplicables consecuencia de la crisis política del Congreso Nacional que está al mando de dos facciones.
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UNA NUEVA CONDENA
En caso que no haya acuerdos, la demanda se trasladará a la Corte-IDH donde el Estado de Honduras será condenado por tercera ocasión en hechos relacionados al golpe de Estado.
La primera sentencia contra Honduras se dio en el caso López Lone y otros, en octubre de 2015, por la destitución de tres jueces y una magistrada, que, en mayo de 2010, fueron separados de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por pronunciarse en contra del golpe de Estado contra Zelaya.
La sentencia de la Corte ordenó el pago de salarios caídos y el reintegro a sus mismos puestos o a una mejor categoría, a los jueces Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y a la magistrada Tirza Flores Lanza.
El segundo caso es el de Vicky Hernández y otras versus Honduras, una mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del colectivo “Unidad Color Rosa”.
La noche del 28 de junio de 2009, Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que fue decretado en el contexto del golpe de Estado de ese día siendo asesinada por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
La sentencia obligó a Honduras promover y continuar las investigaciones por el homicidio de Hernández, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la realización de un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras.
Asimismo, la creación de una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans, la creación e implementación de un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género, muchas de estas continúan sin ser cumplidas.
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