Además, se aprobó la Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y de Conciencia para favorecer a personas contra quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o sentenciados o que se encuentren en proceso de investigación por haber sido funcionarios, empleados, o autoridades del periodo del 27 de enero 2006 al 28 junio de 2009.
Asimismo, personas que hayan ejercido protestas sociales condenando la defenestración de Zelaya Rosales, personas que hayan actuado en defensa de la soberanía nacional, la democracia, de sus territorios, fuentes de agua, en beneficio de sus comunidades o en defensa de su patrimonio inmaterial e intangible y cuyas acciones han sido criminalizadas.
Lo anterior, fue señalado por sectores de la sociedad civil como un pacto de impunidad en favor de personas que cometieron actos de corrupción en la administración de Zelaya Rosales debido que contemplaron dentro de la amnistía un rosario de delitos sin ser adyacentes al crimen del golpe de Estado.
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El primero en ser beneficiado fue Lanza, quien fungió como secretario de la presidencia, acusado de delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por el Ministerio Público al acusarlo de extraer alrededor de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) para llevar a cabo el proyecto de consulta popular conocido como Cuarta Urna.
Zelaya Rosales, impulsó el 28 junio de 2009 una consulta a la ciudadanía para instalar una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de ese año y consultarle a la población si estaría de acuerdo o no en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, los militares lo defenestraron y asumió el poder de manera de facto Roberto Micheletti.
Lanza se mantuvo en el exilio por más de doce años hasta que el Partido Libertad y Refundación (Libre) ganó las elecciones el pasado mes de noviembre y posteriormente aprobándose el pacto de impunidad disfrazado de amnistía.
Este día, un juez de letras en materia penal otorgó la carta de sobreseimiento definitivo a favor del exfuncionario en el caso conocido como “Carretillazo” invocando el decreto 4-2022 extinguiendo la acción judicial en su contra.
Otro de los exfuncionarios beneficiados sería Marcelo Chimirri, quien fungió como director de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), condenado en 2018 a ocho años de prisión por fraude y abuso de autoridad por recibir sobornos que le otorgó la empresa estadounidense Latin Node.
Asimismo, los exalcaldes de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri quien se encuentra en el exilio acusado de 87 delitos de abuso de autoridad y uno por malversación de caudales públicos al otorgar préstamos durante su gestión (2006-2009) a empleados municipales sin que estos tuvieran la autorización y Óscar Kilgore, quien ha enfrentado más de una docena de juicios en su contra por acusaciones de corrupción en el periodo 2002-2006, estarían amparándose en la normativa.
Cabe señalar que, Kilgore ha ganado 11 de 12 casos que le han imputado, sin embargo, fue declarado culpable en 2007 por delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
La actual presidenta del BCH, Rebeca Santos, también podría acogerse al decreto de amnistía debido que fue acusada por el Ministerio Público, en 2010, por delitos de fraude y abuso de autoridad al haber aprobado la sustracción de 30 millones de lempiras del extinto Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis) para pagos de publicidad del proyecto Cuarta Urna.
En 2015, se le otorgó sobreseimiento definitivo, pero en enero de 2017, la Corte de Apelaciones anuló el fallo reabriendo el caso en su contra que se mantiene en la actualidad.
El equipo de Criterio.hn contactó al Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organismo que se le otorgó la potestad de entregar constancias a personas que cumplen los requisitos para acogerse a la amnistía, no obstante, detalló que no acredita a los casos de funcionarios públicos solo a favor de luchadores sociales.
La próxima semana se definirá si Chimirri queda en libertad, mientras los exalcaldes Kilgore y Sunseri ya comenzaron el proceso de solicitud que les permita ser beneficiados con el decreto de amnistía.
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