La acción, emanada por Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, se evitó gracias a la mediación de la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, quien se trasladó a la zona, a menos de 15 kilómetros de Tegucigalpa sobre la carretera que conduce a la zona sur del país.
Roque, quien anunció un proceso de mediación entre las partes que involucra a pobladores y al empresario y terrateniente Mario Facussé, quien ha sido declarado por la justicia hondureño como propietario de los predios que representan 322.76 manzanas.
Antes de llegar a la zona, la funcionaria informó a través de su cuenta de Twitter que había enviado al lugar del conflicto a un equipo de abogados para evitar el desalojo y afirmó que la Secretaría de Derechos Humanos apoya de forma interministerial a los pobladores. También dijo que “los operadores de justicia continúan en poder de la dictadura”
Estando en medio de policías y pobladores, antes de detener el desalojo, la funcionaria manifestó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debe hacer una investigación para que se dilucide la situación de tenencia de las tierras, en primer lugar, agotar las instancias correspondientes antes de desalojar y recordó que se debe garantizar la protección a los derechos humanos de la comunidad indígena.
Ante las acciones de desalojo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), manifestó a través de una serie de tuits su preocupación al no observarse las garantías y las condiciones para la protección efectiva de los derechos de la comunidad, en especial el derecho a la vivienda y a la alimentación.
La OACNUDH, que pidió se suspendiera el desalojo, destacó que todavía no se ha dado trámite a un recurso de amparo presentado por la comunidad para la tutela de sus derechos.
Para reclamar las tierras ante el empresario Mario Facussé los pobladores hacen hincapié en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que garantiza la pertenencia de los territorios ancestrales a las comunidades indígenas.
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DETIENEN DESALOJO DE FAMILIAS HUMILDES
La orden de desalojo se había programado para las 6:00 de la mañana de este miércoles, para lo cual un juez ejecutor se hizo acompañar de un fuerte contingente de elementos antimotines de la Policía Nacional.
Durante la jornada y mientras los medios de comunicación realizaban transmisiones en vivo, varios hombres y mujeres pidieron a la presidenta Xiomara Castro que hiciera algo para detener el desalojo porque de lo contrario se estaría afectando a al menos 120 familias pobres, compuestas por mujeres, niños y personas de la tercera edad.
Los empobrecidos pobladores, en medio del llanto y mientras entonaban el himno nacional, manifestaron que son campesinos que trabajan las tierras para poder vivir, siendo sus cultivos agrícolas su único medio de sobrevivencia.
Iris Martínez Vivas, una mujer de 67 años y una de las habitantes, manifestó que no es justo que personas ajenas al sector lleguen a perjudicarlos en sus propias tierras y acusó a Mario Facussé de hacerles la vida imposible.
Con su hijo en brazos y entre lágrimas de impotencia, otra de las mujeres de la comunidad lenca, señaló que de repente llegan terratenientes a violentarles sus derechos, por lo que teme que sus cinco hijos queden sin un techo donde vivir.
En primera instancia, el desalojo se suspendió porque la orden del juzgado tenía la fecha de nueve de febrero del año 2021, es decir, el año pasado, por lo que invalidaron el documento.
En consecuencia, la policía se alejó de la zona, pero alrededor de las 9:30 de la mañana regresaron a esperar a que el juez ejecutor volviera de Tegucigalpa, esta vez, con el documento corregido con fecha nueve de febrero de 2022.
Los pobladores manifestaban que hasta el momento las fuerzas de seguridad han sido respetuosas y que mediante el diálogo les comentaron que no podían retirarse del lugar sin antes recibir la orden de desalojo o de retiro. Fue hasta en horas de la tarde que el desalojo quedó en suspenso.
Siempre en la zona, el juez ejecutor informó a la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, que el desalojó había quedado en suspenso, pero le pidió que, como oficina garante de los derechos humanos, garantice a los pobladores su reubicación. El juez dijo que los juzgados reprogramarán el desalojo, pero no precisó la fecha.
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ESTABLECER MESA DE DIÁLOGO
El abogado penalista Marco Zelaya destacó que, si el desalojo es para doce personas, este debe ir dirigido contra estas y no para toda la comunidad, por lo que se estaría cometiendo un abuso en las funciones designadas por el juez.
El togado dijo que esta irregularidad viene de años y aconsejó ir más allá, y hacer un tracto sucesivo para resolver a quién le pertenecen las tierras. Además, mencionó que el Rey de España trasladó las tierras como pago por su trabajo a esos grupos lencas, razón por la que se llaman tierras ancestrales.
El abogado dijo que no es recomendable un desalojo, sino que se sienten en una mesa de diálogo quienes estén pretendiendo el terreno y la comunidad que alega su pertenencia.
Por su parte, el director de la Policía, Héctor Gustavo Sánchez, aseguró que no se desalojará a los pobladores y que buscan solventar el problema de otra manera.
Garantizan a la población que actuarán bajo el marco legal y con las instrucciones precisas de la presidenta de la República, Xiomara Castro.
El jefe policial dijo que desde que asumió el cargo y Castro ascendió al Poder Ejecutivo, se han desarrollado un sin número de manifestaciones, pero no han empleado el uso de la fuerza ni de bombas lacrimógenas en contra del pueblo.
INVASORES DE OFICIO
El territorio en conflicto se ubica entre los municipios de Santa Ana y Distrito Central, Francisco Morazán y, según los juzgados de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, pertenecen a la empresa Inmobiliaria Siglo XXI S.A.
Sobre la orden de desalojo, el empresario Mario Facussé, alegó que desde hace ocho años este tema ha estado en los juzgados y que presentó la documentación de la propiedad por parte de la Empresa Inmobiliaria Siglo XXI S.A., también, apuntó que “ahí no hay lencas, lo que hay es un grupo de invasores de oficio”.
Facussé argumenta que los pobladores no han presentado un título ancestral, por lo que, a su juicio, eso significa que quienes están haciendo el reclamo de las tierras no son dueños.
A renglón seguido calificó de delincuentes a los pobladores y los acusó de vivir a costa de la comunidad lenca.
El empresario dijo que ni siquiera lo han dejado intervenir para llegar a acuerdos. Según él, siempre ha estado a la disposición de ayudarlos. Facussé acusó de estafadores a la familia López Lanza y mencionó que tienen antecedentes de hace 20 años por la venta irregular de tierras.
“La autoridad debe actuar, el desalojo es totalmente legal”, insistió Facussé y comentó que hay un proyecto de 10 mil viviendas que no se ha podido desarrollar, porque los pobladores no lo han permitido. A su vez, justificó que la mayor afectada es la Empresa Inmobiliaria Siglo XXI S.A., y el país.
Según Facussé, la empresa inmobiliaria siglo XXI S.A., compró los terrenos hace 12 años, pero las tierras ya habían sido de otras empresas, por lo que aseguró que “estas empresas han estado en posesión por más de 24, 25 años”.
También explicó con titubeos, mediante vía telefónica a un medio local, que las tierras se compraron a la empresa Corporación Inmobiliaria de Inversiones, sin embargo, las hermanas Lanza señalan que vendieron la propiedad por 50 millones al empresario, pero que él solo entregó 200 mil lempiras.
Las hermanas Lanza aseguran que al cobrarle a Facussé, este justifica que le pagó a su fallecido hermano Pedro López Lanza, a quien Facussé llamó estafador, alegando que jamás presentó un documento, porque según él “no existe un testamento que lo legitime como propietario de las Tierras del Padre.
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