El proyecto de ley que fue enviado por el poder ejecutivo, incluye a los gremios y sectores sociales que de alguna manera fueron perseguidos por argumentos políticos.
El diputado Rasel Tomé señaló que “hemos fundamentado esto en la Constitución, porque establece cuales son las atribuciones que tenemos los diputados, para aprobar un decreto de amnistía, no queremos que ese crimen del 2009 quede impune”.
El diputado de Libre y vicepresidente de la junta directiva que dirige Luis Redondo, explicó que el beneficio aprobado abarca dos momentos, primero a los exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, desde el 2006 al 2009, fecha en que ocurrió el Golpe de Estado; y el segundo lo tiene que ver con las personas perseguidas por protestar en el marco de la crisis política debido a la desobediencia civil y que fueron criminalizadas.
En cuanto a los cuestionamientos que esta ley de amnistía es un pacto de impunidad, indicó que no es así, “la Constitución de la República dice a quienes se aplica este derecho, estamos hablando de los delitos que tienen connotación política, siempre tiene que haber una calificación para que estos casos sean motivados políticamente”.
Añadió que también se busca restablecer los derechos de quienes defendiendo la soberanía, el territorio nacional, el medio ambiente, tal es el caso de Guapinol, donde el mundo entero ha exigido su liberación, pero que eso no ha ocurrido y permanence privados de libertad desde hace más de dos años.
Durante la crisis política de 2017, en Honduras fueron criminalizados por protestar contra el fraude electoral y la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández más de 170 personas, donde la mayoría aún enfrenta procesos judiciales.
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