También lea: David Castillo, culpable de ser coautor del asesinato de Berta Cáceres
La acción judicial está enmarcada en el caso «Fraude Sobre el Gualcarque» que busca demostrar actos de corrupción en el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones que habrían favorecido la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que derivó en el asesinato de la ambientalista y líderesa indígena Berta Cáceres a inicios de marzo en 2016.
#Censurado el @bufetedignidad por twiter, al informar por esta misma red que un tribunal hondureño ordenó extraer y analizar información de computadoras de Daniel Atala, investigado por el asesinato de #BertaCáceres. Alto a la Censura. #AtalasCulpables pic.twitter.com/1lEdwKUX16
— Víctor Fernández (@VictorFerG) December 16, 2021
El despacho legal dedicado a brindar asistencia y representación jurídica en materia de derechos humanos realizó la acción de apelación que proporciona la plataforma social. Sin embargo, se les notificó que mientras revisan la misma no podrán acceder ni publicar en su cuenta en Twitter.
El abogado Fernández dijo a Criterio.hn que desconocen el motivo de la censura pues no les fue proporcionada una notificación oficial. Únicamente «podemos conjeturar, pero lo que sí es cierto es que el contenido del mensaje es literal de una resolución judicial, de la petición que se hizo».
Calificó la acción de censura como «notoriamente invasiva» y se encuentran en espera de la respuesta al recurso de apelación establecido por parte de la plataforma social. «No sé qué tanto poder pueda tener esta gente, en todo caso tendrá capacidad de movilizar su gente a nivel de estas redes para concitar o lograr reacciones de este tipo», apuntó.
El profesional del derecho remarcó que lo publicado «no es ningún invento», ni ninguna conjetura, es una afirmación que está contenida en un expediente judicial que es público, como son los juicios orales y públicos en Honduras.
Fernández agregó que el contenido censurado en el perfil de Twitter del bufete Estudios para la Dignidad «es que se peticionó al Juzgado que se hiciera la extracción y el análisis de la información de esas computadoras, el Juzgado lo otorgó y de hecho ya nos convocó para audiencia para juramentación de los peritos para el próximo 7 de enero».
Durante el juicio contra el expresidente de DESA, David Castillo, declarado culpable de ser coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el Ministerio Público admitió que Daniel Atala Midence estaba siendo investigado por el crimen de Cáceres luego que este se excusó de brindar testimonio amparándose en el artículo 88 de la Constitución de la República, que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.
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