La corrupción se define como la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal.
Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos.
La palabra corrupción proviene del latín corruptio, que se forma de los vocablos con, que quiere decir “junto”, rumpere, que quiere decir “quebrar” y el sufijo –io, que quiere decir acción y efecto.
La corrupción suele estar relacionada en el imaginario popular con el mundo de la política y el enriquecimiento ilícito, es decir, con el dinero, pero no solo con eso. La corrupción aplica a muchas instancias.
Por ello, existe corrupción política, corrupción económica, corrupción sexual, etcétera. Esto se debe a que los dos grandes factores de intercambio que movilizan la corrupción suelen ser el dinero, el poder y el sexo.
De un modo u otro, la corrupción suele estar enmarcada en relaciones de poder entre los sujetos, sea en escala micro o macro, sea privada o pública.
Cuando en una sociedad subdesarrollada, atrasada y dependiente – como la nuestra -, se derrochan los recursos del Estado y los funcionarios se quedan con gran parte de esos fondos, se limitan las oportunidades de educación, salud, a tener mejores carreteras y otros beneficios para la población.
Precisamente, eso fue lo que sucedió en los últimos doce años de gobiernos del Partido Nacional. En ese período, el país fue saqueado a manos llenas, retrocedió décadas, la población se empobreció, no hubo inversión social y miles de familias se vieron obligadas a emigrar a otras naciones en busca de mejores horizontes.
En consecuencia, la administración de Xiomara Castro está obligada históricamente a marcar la diferencia, ser la excepción de la regla general, reivindicar los derechos populares y rescatar a Honduras que está al borde del precipicio.
Ella, junto a su equipo de colaboradores capaces, probos y con voluntad de trabajar deberá escribir páginas de gloria, en la nueva historia de la patria que nos legaron nuestros próceres.
De momento, le tomamos la palabra a la nueva dignataria y a los miembros de la comisión de transición, en relación con la solicitud de una comisión internacional de lucha contra la corrupción, que trabajaría junto al Ministerio Público.
Esa acción se tomaría en los primeros días del gobierno, con vistas a investigar los rosarios de actos de corrupción, documentarlos y presentar los requerimientos fiscales ante los órganos de justicia, para que los responsables paguen por sus delitos y devuelvan lo hurtado.
La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) a través de su presidente, monseñor Angel Garachana Pérez, también está en sintonía con el clamor popular, que es desbaratar las estructuras de la corrupción, el narcotráfico, crimen organizado y los escuadrones de la muerte.
El prelado Garachana Pérez – que también es obispo de San Pedro Sula -, está satisfecho con la respuesta que el pueblo dio en las urnas el 28 de noviembre pasado, pero ahora falta que el nuevo gobierno cumpla con sus innumerables promesas.
Necesitamos construir un país con seguridad jurídica, seguridad personal, seguridad alimentaria, educación, salud, paz, justicia y tranquilidad para que haya inversión nacional y extranjera.
Si no se dan esas condiciones, difícilmente se podrá generar empleo y alcanzar estadios de progreso, bienestar y desarrollo.
Recodemos, que “si no hay justicia y pan para todos, no debe haber paz para nadie..!
CN sigue endeudando al pueblo hondureño al
aprobar convenios de financiamiento entre BCH y Gobierno para atender
calamidad y pandemia
El decreto también incluye los convenios por 232 millones 925 mil 029 dólares y otro por un monto de 89 millones 841 mil 766 dólares, cuyo objetivo es atender crisis humanitarias, sanitarias y efectos adversos provocados por la pandemia de Covid-19 y los desastres provocados por las tormentas tropicales Eta y Iota.
Por parte de la Secretaría de Finanzas, Liliam Rivera Ochoa, explicó que «la iniciativa que se presentó está enmarcada en el decreto de endeudamiento autorizado con fecha del 7 de abril de 2020, por un monto de hasta 2 mil 500 millones de dólares aprobados con el objetivo de atender los efectos derivados de la pandemia de Covid-19”.
Este financiamiento – continuó diciendo – que está contenido en el decreto, se deriva de los desembolsos otorgados durante el año 2020 y 2021 del Fondo Monetario Internacional (FMI) al BCH para lo cual enmarcado en los decretos de emergencia el BCH mediante su directorio aprobó por unanimidad el otorgamiento de financiamiento para ser destinado para la emergencia sanitaria y las tormentas tropicales Eta y Iota.
Rivera finalizó diciendo que «esos recursos se desembolsaron una parte en el año 2020 y otra parte en 2021 y debido al marco legal deben ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional considerando que son obligaciones que trascienden periodos de gobierno”.
Los pagos bajo los créditos, incluyen los realizados en concepto de capital, interés, montos adicionales, comisiones y gastos estarán exentos de toda clase de deducciones, impuestos, derechos, tasas, contribuciones, recargos, arbitrios, aportes, honorarios, contribución pública, gubernamental o municipal y otros cargos hondureños.
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